de compatibilizar ambas cosas. En mi gobierno me tocó liderar una reforma de salud y dije “bueno, quiero una reforma en donde exista un AUGE”, es decir, un acceso universal con garantías explícitas y que ese acceso a atenderse de ciertas patologías definidas por el Estado, sea igual tanto para el ámbito público y privado. Por primera vez se hizo una política pública en materia de salud, pero no desde el punto de vista de la oferta. ¿Qué significa esto? Por lo general, el Estado cuando construye un hospital y contrata médicos, enfermeras y toda la maquinaria necesaria de la institución, lo hace pensando desde la oferta. Pero cuando se asegura acceso y garantías explícitas, el Estado se pone en el lugar del ciudadano porque a él no le interesa que haya un hospital, le interesa que cuando tenga apendicitis, lo operen de apendicitis, porque ese es su problema. Entonces el Estado tiene que analizar cuántas apendicitis se hacen en un año, cuánto le cuesta cada una y qué protocolos tiene que impulsar. En esto consiste la capacidad de ponerse del lado de la demanda, es decir, del adulto mayor que necesita controlar su presión arterial o del joven cuando necesita apoyo para convivir con una diabetes. El Estado, por lo tanto, debe combinar tanto la oferta como la demanda. Por ejemplo, debe estar en condiciones de que un hospital sea capaz de realizar una cirugía para el cáncer de mama, pero al mismo debe garantizar todas las cirugías de cáncer de mama que hay que hacer al año, poder garantizarlas en su totalidad. En otras palabras, se pueden hacer confluir experimentos tanto del ámbito público como del ámbito privado, pero es el público el que garantiza que todos los chilenos tengan acceso a una educación o a una salud de calidad, porque en el ámbito de los servicios hoy nadie concibe que no sea un Estado, o sea la nación chilena organizada jurídicamente, quien provea salud, educación y un sistema de pensión digno a todos sus ciudadanos.
La cuestión de los derechos
Javier Martínez: Bueno, ese es un tema muy importante, que va a requerir un capítulo especial: cuáles son los derechos y cuáles son las prestaciones que se garantizan para su cumplimiento. Pero me parece muy importante hacer algunas distinciones previas, sobre todo porque el debate ha estado dominado por la mención de “derechos” en general, sin mayores especificaciones, como una reacción contra el “abuso” del poder, como si fuese una entelequia. Por esto, cuando se empiecen a poner cosas por escrito es importante hacer precisiones. Por ejemplo, habitualmente se habla del tema de los derechos de los ciudadanos con la clásica distinción entre los derechos civiles y políticos, por una parte, y los derechos económicos, sociales y culturales por otra, en donde los primeros (los derechos civiles y políticos) son derechos a la omisión del Estado, es decir, que el Estado no puede coartar mi libertad, no me puede censurar impidiendo mi derecho de opinión, no me puede impedir mi derecho de reunión…
Ricardo Lagos: Nos protege del líder autoritario.
Javier Martínez: Claro, esas son obligaciones de contención del Estado respecto a los ciudadanos, en cambio los derechos económicos, sociales y culturales se refieren a las obligaciones de acción del Estado para proveer ciertos recursos indispensables para que los ciudadanos puedan realizar sus vidas, materialmente incluso, y hacen referencia a los temas de educación, de salud, de avances civilizatorios y culturales en general. Creo que ese es un enfoque que habitualmente se discute poco, es decir, plantear los derechos personales como obligaciones del Estado. ¿A qué queremos que el Estado se obligue en esta nueva Constitución? Porque si sumamos aspiraciones, quisiéramos probablemente tener derecho a la felicidad e incluso a lo que no depende de los demás. El tema es cómo hacemos que la sociedad organizada en el Estado sea capaz de entregar acceso cierto, progresivamente, a qué posibilidades. Por esto, los derechos hay que plantearlos en términos de obligaciones del Estado, tanto de no interferir en la libertad de las personas como en las que el Estado asume para lograr que los ciudadanos alcancen progresivamente una vida socialmente mejor y más feliz. Yo creo que eso es todo un capítulo.
Ricardo Lagos: Ese es un capítulo muy interesante que va también con la evolución de la sociedad, porque mire usted, el Estado de Chile debatió durante veinte años, entre 1900 y 1920: ¿debe haber educación obligatoria en Chile? Y ahí están los debates parlamentarios en el Senado en los que se señalaba para qué necesita un chileno saber leer y escribir si durante toda su vida trabajará en el campo, en las acequias y moviendo el cauce del agua para regar los árboles, para lo que solo necesita una pala. Eso era lo que se discutía en el Senado de la República en 1900.
Javier Martínez: Además había un gran temor a la educación del pueblo.
Ricardo Lagos: Claro, por qué voy a obligar a esta persona a aprender si en toda su vida no va a tener necesidad nunca de escribir ni de leer.
Javier Martínez: Y además si aprende se va a rebelar, tal como decía ese “chiste” esclavista: “No tiene la culpa el negro, sino el que le enseña a leer”.
Ricardo Lagos: Y el debate obedecía también a algo que sucede cuando un país crece, se desarrolla y tiene más ingresos, lo que comenzó recientemente en la historia de la humanidad, con la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial y de la máquina a vapor, en el mundo del 1800, la esperanza de vida era de 28 años (porque como la mortalidad infantil era tan alta, bajaba la esperanza promedio), mientras que en el año 2000 la esperanza de vida era de 66 años. ¡Ah, mire usted!, en el año 1800 el porcentaje de la población del mundo que vivía en ciudades era 7,3% y todo el resto, más del 90%, vivía en el campo y vivía de una economía de subsistencia en la que producía lo que comía. En el año 1800 la población total era menos de mil millones de personas que vivían con mil doscientos dólares al año, mientras que, en el año 2000, la población mundial era de seis mil millones, con un ingreso promedio de diez mil dólares al año.
Este aumento de población e ingreso tuvo otra cara de la moneda, que se tradujo en un costo tremendo: depredamos el planeta. Nunca en toda la historia de la humanidad se ha llegado a ocho mil millones de seres humanos como hay hoy, lo que tiene consecuencias directas en nuestra presión sobre el planeta Tierra. La expresión “cuida el planeta” es el resultado de los últimos doscientos años, porque antes simplemente no era un tema. Entonces una Constitución que se redacta hoy no puede sino tratar en una sección importante cuestiones relativas al cambio climático, porque lo que está en cuestión es la vida del ser humano en la Tierra. Por otra parte, una Constitución promulgada hacia comienzos del siglo pasado hacía referencia a los derechos ciudadanos frente a la autoridad, es decir, yo como ser humano tengo derechos políticos como, por ejemplo, el derecho a que no me puedan meter preso sin un juez que lo ordene, sin depender de la voluntad del señor rey. La gran conquista era que yo soy un ciudadano igual que el rey, él manda porque tiene otros poderes, pero a mí me respeta; entonces surge el habeas corpus que es el primero de los derechos políticos y humanos que están en la Carta Magna de muchos siglos atrás, después vienen los derechos económicos y luego los derechos sociales. Hoy dejamos de discutir el derecho a la educación porque obviamente toda persona tiene derecho a estar educada, ese es un no-tema. ¿Y quién determina estos derechos? ¡Los ciudadanos! Tal como dice la hermosa frase de Norberto Bobbio, en que señala que todos tenemos que ser iguales en algo y esa “igualdad en algo” es el mínimo civilizatorio. Pues bien, ese mínimo civilizatorio lo deciden los ciudadanos a través de un acto electoral y se va aumentando a medida que el país crece, porque justamente la relación entre ciudadanía y derechos se va desarrollando en el tiempo a medida que la sociedad se complejiza. Por esto me parece importante reflexionar sobre a qué sociedad se corresponde esta Constitución, porque esta sería la primera que viene después de la era de la Revolución Industrial y se insertaría en los inicios de la Revolución Digital, que, aunque es muy difícil de predecir, sí sabemos que dará paso a nuevas instituciones políticas que hoy ni siquiera soñamos.
Javier Martínez: Sí, ese es otro tema muy fascinante y no quisiera dejarlo pasar. Efectivamente los temas del futuro tienen una importancia muy grande cuando se está discutiendo sobre la Constitución. Primero, los grandes temas ambientales —cambio
