Haya decidiera otorgar el 75 % del mar Caribe reclamado por Nicaragua a Colombia, en noviembre de 2012, frente las protestas del pueblo raizal, fue suspendido el permiso de exploración y explotación de petróleo y gas en las islas de San Andrés. Sin embargo, una vez obtenido el Nobel de Paz el expresidente Juan Manuel Santos el 8 de diciembre de 2016, visitó varias empresas con experiencia en la llamada operación costa afuera (offshore), entre ellas la empresa BP, causante del mayor derrame petrolero marino de la historia (Toro Pérez, 2017a, 2017b).
Dicho derrame causado por la BP sucedió en el Golfo de México y afectó el 80 % del territorio marino y costero de Luisiana, uno de los dos Estados más pobres de Estados Unidos. Aun así, continuaba perforando en el suroeste asiático, tratando de reconstruir en el mar Caspio, con una reputación deteriorada por los enormes impactos ambientales y sociales que se generaron en 2010, hasta que en 2015 tuvo un nuevo derrame en Azerbaiyán. Para ayudar a reconstruir su prestigio, en agosto de 2017 — bajo los auspicios de nuestro Nobel de la Paz— se elige a Felipe Bayón como presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), expresidente regional de BP para el Cono Sur de Suramérica, exdirector de exploración y producción de la misma firma y quien trabaja extendiendo los contratos de concesión en el mar Caribe y Pacífico.
Sin embargo, el modelo petrolero extremo en Colombia va a evidenciar impactos socioambientales. En marzo de 2018 se produce el derrame petrolero más grande de la historia colombiana, en el pozo 158 del campo La Lizama de Ecopetrol en Santander, donde 550 barriles afectan más de 30 km2 del territorio, contaminando quebradas, caños y ríos, lo cual deja miles de animales muertos y ecosistemas perjudicados, así como un número de pobladores —campesinos y pescadores— sin sus medios de subsistencia. Esta vez, el antiguo funcionario de la BP3, declara que existen fallas de revestimiento en el pozo pero que, en comparación con las tragedias ambientales en América Latina este era solo un derrame menor (Caracol Radio, 2018).
Esto sucedió solo unos días después de la declaración de la directora del Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, que indicaba que “el petróleo tiene poco o cero impacto ambiental” en Colombia, defendiendo las compañías petroleras en términos de haber “asimilado muy bien” en los últimos veinticinco y treinta años todo el desarrollo del licenciamiento y evaluaciones ambientales en términos de “disminuir costos sociales y ambientales” de los impactos. Desde ese momento la Institución de Investigación Ambiental empieza a obtener ingentes recursos económicos provenientes de las empresas petroleras.
Dentro del marco del extractivismo “extremo” relacionado con los yacimientos no convencionales, ofrecido por el Gobierno de Santos a las empresas trasnacionales en Colombia, se expide la reglamentación para la explotación de nuevos yacimientos de fracking aun conociendo la experiencia de moratoria en Australia, Bulgaria, la prohibición en Francia, así como los estudios de impacto en términos de contaminantes peligrosos —niveles de arsénico, radioactividad y salinidad en proyectos de shale gas— tras veinte años de esta práctica en los Estados Unidos. Solo en la ronda Colombia de 2014 se ofrecieron 98 bloques para explotación de hidrocarburos, de los cuales 19 fueron ofrecidos para hacer fracking de petróleo y gas de esquistos o lutitas.
ESTADO CORPORATIVO Y PAZ: MÁS EXTRACTIVISMO, MÁS AGRESIONES CONTRA DEFENSORES DE TIERRA Y MEDIO AMBIENTE, MENOS DEMOCRACIA
El término extractivismo se ha popularizado en los últimos años en América Latina. En sus usos más comunes se refiere a las explotaciones mineras y petroleras que van a ser exportadas, en algunos lugares desde la colonia, cuando se enviaban metales preciosos hacia las metrópolis. Desde los años cincuenta, el termino extractivismo se asocia con la industria extractiva aplicada al petróleo, el gas y los minerales, como una “industria” generadora de la narrativa del desarrollo a partir de sus contribuciones para superar la pobreza, asegurar empleos y generar crecimiento económico.
El término extractivismo acuñado por Gudynas (2015) aborda el tipo de extracción de recursos de la naturaleza, con mayores impactos sobre el ambiente, como deforestación de la selva para la ganadería o la megaminería a cielo abierto. La intensidad, así como el volumen de la actividad extractiva, van a determinar los tipos de extracción y destino de los recursos naturales. Así, la condición de megaminería será determinada por el volumen de la remoción, más de un millón de toneladas por año, donde se afectan más de mil hectáreas de superficie. Un ejemplo típico es la minería a cielo abierto en Cerro de Pasco en Perú, o el Cerrejón, orientado hacia la exportación global.
En muchos casos la extracción de recursos naturales, como hemos señalado aquí, no solo desencadena impactos sociales y ambientales sino también la violación derechos humanos y de la naturaleza (Gudynas, 2015). La injusticia ambiental, entonces, va de la mano con la violación de derechos, lo que implica distintas ilegalidades, desde incumplimientos en los derechos de información y participación de los pobladores locales hasta problemas con la seguridad, la integridad física e incluso la vida de las personas. Estas violaciones de derechos tienen que ver con formas de represión, desalojo y allanamientos.
En el siglo xxi, la disputa por el control de los recursos en Colombia y América Latina ha generado un gran impacto en la vulneración de derechos humanos de líderes y lideresas ambientales. En Honduras, Guatemala y Colombia ocurren los casos más dramáticos (Global Witness, 2017). América Latina y el Caribe alberga 8 de los 10 países más violentos del mundo. Solo en 2015 se produjeron 185 asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente: el equivalente al 77 % de los asesinatos de líderes ambientales son latinoamericanos. Esta cifra, la más alta jamás registrada, aumentó del 59 % que se registraba en 2014 (Global Witness). Entre 2002 y 2015, hubo 970 asesinatos relacionados con organizaciones privadas de seguridad contratadas por empresas extractivas, que en algunos casos se vinculan con compañías militares para ofrecer custodias y vigilancias en los emplazamientos (Downey, Bonds y Clark, 2010). En Colombia, entre enero de 2016 y agosto de 2018, fueron asesinados 343 líderes sociales y defensores de derechos humanos y de la naturaleza.
EL LIBRO: CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL Y LUCHA POR LA TIERRA EN COLOMBIA, –ENTRE EL POSACUERDO Y LA GLOBALIZACIÓN
En los últimos seis años hemos presenciado dos procesos inesperados en Colombia que, probablemente, en el futuro serán considerados como vitales en la construcción de nuestra nación: la firma de acuerdos de paz y las fluctuaciones, derrumbe y repunte de los precios internacionales de materias primas. El primero abrió esperanzas en términos de posibilitar transformaciones de la calidad de vida y la sustentabilidad de algunas regiones estratégicas de Colombia (Giraldo, 2017), ya que los acuerdos incluían posibilidades de reintegración y abrían expectativas de superación de las condiciones del modelo de desarrollo económico, político y social, que generaron el conflicto armado más largo de la historia latinoamericana y al mismo tiempo la crisis y repunte global del modelo extractivista, con los compromisos generados en los acuerdos de libre comercio y las políticas de confianza inversionista.
A través de leyes como la controvertida Ley Zidrez, que hace posible la zonificación de territorios para el desarrollo productivo que responda a los intereses internacionales, se constituye una situación compleja en términos de la relación de dependencia entre los ingresos de divisas al país y la economía extractiva, acompañada de las exenciones tributarias de las empresas transnacionales, las reformas fiscales que afectan el ingreso de las clases medias y trabajadoras y el debilitamiento de la inversión social y ambiental. En esta dinámica, se profundiza el deterioro de los ecosistemas andinos, amazónicos y de la Orinoquía, así como los marinos y costeros del Pacífico y el Caribe del país, lo cual imposibilita la producción de economías sustentables que esperan las poblaciones en territorios en conflicto.
En este libro queremos hacer un balance del proceso de vulneración de derechos de los pueblos en Colombia, en el contexto de la profundización del modelo extractivista en Colombia entre la globalización y el posconflicto. El texto se divide en tres partes: en
