o integral? ¿De guerra o de paz?
Balance de dos años del gobierno Duque
Una reflexión final
Horacio Serpa Uribe: un persistente trabajador por la paz
Este libro es resultado de la labor desarrollada en el año sabático del autor y tiene dos objetivos principales. El primero, analítico, es desarrollar un estudio sobre los esfuerzos de la sociedad colombiana para superar el conflicto armado interno, lo cual en una lectura de mayor alcance se relaciona con una cuestión fundamental: ¿cómo dejamos atrás el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos? El segundo objetivo es pedagógico y consiste en brindar a los estudiantes, especialmente aquellos de política pública, una herramienta que les muestre la relevancia de las políticas públicas en los procesos de solución de situaciones socialmente problemáticas.
Concretamente, el objeto de esta reflexión es la política pública de paz, seguridad y defensa desde la Constitución de 1991 hasta la actualidad. El análisis no consiste en una descripción detallada de cada uno de los esfuerzos adelantados por los diversos gobiernos para lograr una salida concertada al conflicto armado, sino que busca profundizar en el papel desempeñado por la formulación explícita de una política pública de paz y el entorno de seguridad y defensa que la acompaña. En otras palabras, la política pública de paz constituye el hilo conductor de la investigación y la hipótesis que la orienta es que la existencia de dicha política pública ha sido un factor que ha contribuido de manera positiva al alcance de acuerdos para el tránsito de actor(es) armado(s) irregular(es) a la vida democrática, mediante un proceso de dejación de armas y la concertación de algunas reformas para el fortalecimiento de la democracia colombiana. Con este argumento no sugerimos que la sola existencia de un documento de política pública de paz produce efectos sobre la complejidad del conflicto armado; ciertamente, el impacto de dicha política está mediado por una serie de circunstancias favorables que la hagan viable. Sin embargo, cuando un gobierno o una sucesión de ellos cuenta con dicha política, la desactivación de conflictos con grupos insurgentes por vía de una negociación se hace más viable.
Cuando hablamos de un conflicto armado interno, estamos haciendo referencia a un alzamiento armado de una o varias organizaciones insurgentes contra el Estado o el régimen político, sus instituciones y autoridades. Si bien la confrontación expresa unas demandas sociales o aspiraciones insatisfechas, también se puede convertir en un problema de seguridad pública y/o nacional que llegue a afectar la seguridad de las instituciones y potencialmente escalar hasta convertirse en una guerra civil. Por ello, la respuesta desde la institucionalidad estatal se enmarca en una combinación de políticas de seguridad y defensa y de apertura a un diálogo político que permita llegar a acuerdos aceptables para todos, es decir políticas públicas de paz o de terminación del conflicto armado.
Ahora bien, para que la política pública de paz sea eficaz en sus resultados se requiere que su construcción sea un ejercicio conjunto entre los delegados del Estado y de la insurgencia –así fue en las dos políticas públicas de paz eficaces acá analizadas: las de los gobiernos de Virgilio Barco y Juan Manuel Santos– y adicionalmente una decisión inicial o por lo menos una actitud favorable de la organización insurgente para dejar las armas y transformarse en un actor político dentro de la institucionalidad democrática. Experiencias nacionales e internacionales demuestran que el mismo proceso de conversaciones puede incidir en cambiar las posiciones de las partes, especialmente de las organizaciones insurgentes, y la construcción de confianza. Sin embargo, el hecho que la organización alzada en armas previamente haya avanzado en esa dirección es un factor positivo para el éxito de las conversaciones.
El análisis toma como fecha de referencia la expedición de la Constitución de 1991 por varias razones. La primera se debe a un criterio metodológico y es que era necesario contar con un referente de temporalidad para este esfuerzo analítico. La segunda razón, más anclada en la historia nacional, es que la nueva Constitución tuvo un impacto democratizador en la sociedad colombiana. En la Carta constitucional se concretó un amplio reconocimiento de los derechos y la creación de mecanismos insignia para su defensa, tales como la acción de tutela; motivos por los que es catalogada como una Carta garantista. Adicionalmente, el proceso de expedición de la Constitución de 1991, a través de la Asamblea Constituyente de 1991, tuvo una estrecha relación con los procesos de terminación del conflicto con diversos actores armados, a saber, el Movimiento 19 de Abril, M-19, el Ejército Popular de Liberación EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame MAQL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, todos ellos iniciados en el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990).
Este trabajo toma como base las reflexiones del autor en dos de los más importantes campos a los cuales ha dedicado su actividad académica: el estudio de las políticas públicas –en el cual fue uno de los pioneros en el país– por una parte, y el estudio del conflicto interno armado, por el otro. Respecto a este último, el análisis se nutre de las experiencias de acompañamiento a los esfuerzos de diversos gobiernos para buscar su solución negociada, incluyendo la creación del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz CPSDP de la Universidad Nacional y su colaboración con las conversaciones entre el Gobierno Santos y las FARC-EP, así como reflexiones académicas derivadas de dichas experiencias y del estudio de la literatura del país e internacional sobre el tema. Por ello, este trabajo revisita buena parte de los trabajos previos del autor.
La Universidad Nacional y la construcción de paz en Colombia 1
Acá considero necesario hacer algunas consideraciones a propósito de la contribución que la Universidad Nacional de Colombia ha hecho en distintos momentos al esfuerzo de terminar con la relación entre política y violencia, en general, y con el conflicto interno armado en particular.
Como principal centro de formación universitaria en nuestra sociedad, la Universidad Nacional (UN) ha contribuido históricamente a la conformación de la nación colombiana. La UN ha estado lista para aportar su grano de arena en la solución de los grandes problemas nacionales y esto lo ha cumplido en relación con la superación de los temas de violencia que han acompañado tan persistentemente nuestra evolución histórica. Evidentemente, en una organización compleja como lo es nuestra Universidad, es difícil hacer una recapitulación exhaustiva de todo lo realizado por sus miembros. No obstante, en los próximos pasajes vamos a tratar de reseñar algunas de sus realizaciones más relevantes.
A comienzos de los años sesenta del siglo pasado los profesores de la UN, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda, junto con Monseñor German Guzmán, produjeron el más importante estudio analítico sobre la violencia liberal-conservadora. El libro ‘La Violencia en Colombia’ fue una gran contribución a la necesaria mirada analítica que un periodo tan violento requería y que llegó en un periodo en que dicha violencia apenas estaba apagándose. En la segunda mitad de los ochenta, durante el gobierno de Virgilio Barco, un equipo conformado por académicos de la UN y de otras instituciones, bajo la coordinación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), produjeron el valioso documento ‘Colombia: Violencia y Democracia’, una radiografía
