alta conflictividad territorial se extiende por toda América Latina. Aunque con sus particularidades, los conflictos poseen un conjunto de características más o menos comunes: ocurren en contextos de pobreza e inequidad persistente, donde las estructuras de poder son excesivamente concentradas; las dinámicas económicas son insuficientemente competitivas en los mercados internacionales; los niveles de participación ciudadana son limitados e irregulares; las instituciones estatales son débiles y poco legítimas, y se caracterizan por problemas de gestión para controlar la criminalidad; existen mecanismos insuficientes de reconocimiento institucional y ejercicio de las identidades (PNUD, 2012).
Ciertamente, ni en el plano político ni en el académico existe acuerdo sobre las causas y consecuencias de los conflictos socio-territoriales. Las distintas posiciones están fuertemente mediadas por el valor relativo de quienes las defienden; asignan a los distintos principios y valores en disputa, es decir, al crecimiento económico, la preservación del medioambiente y la inclusión social.
¿Qué están demandando los movimientos sociales territoriales?
Al indagar respecto de las distintas interpretaciones acerca de las causas de los conflictos y la movilización social, que surgen como expresión de estos, las posiciones extremas van desde la criminalización de la protesta, entendida como una actitud (minoritaria) de rechazo al progreso, hasta las que sitúan su origen en la imposición de cualquier actividad económica exógena que pueda modificar las formas de vida tradicionales.
Más importante que discutir cuál de los actores en disputa tiene mayor responsabilidad en el origen del conflicto, lo importante es entender el contenido de las demandas de los actores territoriales, que muchas veces dista mucho de lo que las autoridades de gobierno, académicos o ambientalistas creen que demandan las comunidades.
Si bien se observan posiciones de rechazo total a cualquier tipo de intervención al territorio, una parte importante de las demandas es por mayor participación ciudadana, por protección ambiental, por una mejor distribución del acceso y uso de recursos escasos como el agua o la energía eléctrica, por una mejor distribución de la riqueza y los beneficios que resultan de la actividad económica.
Remontándonos a comienzos de la presente década, los primeros estallidos sociales masivos de carácter territorial fueron los de Magallanes (2011) y Aysén (2012). Conocidos como «movimientos regionalistas», ambos tenían en su origen el germen de la creciente demanda por un acceso más equitativo a recursos tales como el gas (Magallanes), el agua y los recursos minerales (Aysén).
Quizás por ser Magallanes una región con una marcada identidad regionalista, o tal vez por la amplitud de temas incluidos en el petitorio del Movimiento Social por Aysén, muchos quisimos ver en esos estallidos la emergencia de un movimiento que llegaba para quedarse y que representaba el germen de una demanda creciente por más autonomía regional. Argumentábamos, en consecuencia, la necesidad de avanzar decididamente en el proceso de descentralización, proponiendo el excesivo centralismo como la principal causa de estas demandas.
Por esas mismas fechas surgían también protestas en Freirina, Tocopilla o Corral que «servían» para argumentar sobre la extensión del movimiento regionalista, cuando en realidad se trataba de protestas por el impacto provocado por actividades productivas como la industria agroalimentaria, termoeléctrica o pesquera.
El Movimiento Social por Aysén, probablemente el más propiamente regionalista, no cesó sus protestas por acuerdos relativos a la regionalización del agua, los recursos mineros y silvoagropecuarios –las más «regional» de sus demandas–, sino por el compromiso del gobierno de poner en marcha una agenda tendiente a equiparar las condiciones de acceso de los ayseninos a un conjunto de bienes y servicios a las que tienen los habitantes de otras zonas del país. El conflicto territorial que estaba en la base del petitorio de los ayseninos permanece latente y se activa cada cierto tiempo ante la amenaza de nuevos proyectos hidroeléctricos.
No fueron movimientos regionalistas, pero sí territoriales, los que pusieron en la agenda pública las particulares condiciones que enfrentan determinados territorios, en el contexto de un país marcado por una extraordinaria diversidad (y desigualdad) territorial.
Otros episodios expresan la dificultad de convivir con las externalidades negativas de la actividad industrial, es decir, con relaves, desechos tóxicos, escasez y contaminación del agua, ruidos y olores molestos, entre otros problemas derivados de la producción agroindustrial, acuícola forestal, así como también minera y eléctrica.
Especialmente visibles en el último tiempo han sido algunos de estos movimientos, como el de la comunidad de Til-Til, que regularmente, desde el año 2010, se manifiesta en protesta contra una variedad de problemas a los que se ve expuesta por la operación en la zona de empresas mineras, energéticas y de saneamiento ambiental. Primero fueron los riesgos relacionados con los tanques de relave de la minería; más recientemente, la instalación de un vertedero de residuos industriales.
En agosto de 2018 estalla el primer episodio de intoxicaciones por contaminación en Quintero-Puchuncaví que deriva en protestas masivas por el probable incumplimiento de normativas ambientales de parte de algunas empresas de la zona. Con este conflicto se instala en la opinión pública la noción de «zona de sacrificio», pues el desarrollo industrial de Ventanas y Quintero fue planificado en los años sesenta como un complejo destinado a la instalación de industrias molestas y peligrosas.
Pascua Lama en Atacama, Punta Alcalde en Huasco, Alto Maipo en San José de Maipo, Río Cuervo e HidroAysén en Aysén, Isla Riesco en Magallanes, son algunos de los muchos casos que engrosan la lista de conflictos territoriales, esta vez como anticipación a posibles externalidades derivadas de la acción de proyectos mineros, hidroeléctricos o termoeléctricos.
En síntesis, y a pesar de la notoriedad pública que adquiere la expresión de rechazo abierto a estos proyectos, es importante evitar simplificar y romantizar la lucha y caer en la trampa normativa al estudiar los conflictos territoriales que resultan de proyectos extractivos. La resistencia tiende a convivir en el territorio con muchos otros procesos, incluidas las luchas dentro de las comunidades y los movimientos sociales, que operan en alianzas cambiantes. Si bien la oposición total a los proyectos es cada vez más frecuente, a partir del análisis de casos en distintos países de América Latina, Bebbington y Bury (2013) muestran que la mayoría de las luchas son reformistas, lo que implica demandas para una mejor planificación de los proyectos.
Consecuencias de los conflictos
En la literatura especializada existe debate acerca de si la elección de zonas de sacrificio para el desarrollo industrial deriva de su condición de pobreza y marginación o si, por el contrario, el menor bienestar relativo al que acceden los habitantes de dichos territorios se produce como resultado de las «malas prácticas» de la actividad industrial (Scott & Smith, 2017).
Independientemente de cuál sea la causa y cuál el efecto, lo cierto es que existe una importante relación entre conflictos territoriales, pobreza y deterioro ambiental. La introducción de actividades productivas ajenas a la dinámica territorial perturba los modos tradicionales de producción y las economías domésticas, conlleva la pérdida de sectores productivos o zonas de producción, restringiendo el acceso de las familias campesinas a ciertos recursos y mermando su actividad económica agropecuaria (Fernández, 2019).
Llegados a este punto, resulta más que evidente lo que señalábamos al comienzo de este artículo: no hay posibilidad de cumplir al mismo tiempo los objetivos de inclusión social, sostenibilidad ambiental y crecimiento económico mientras persistan los conflictos.
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