desde las políticas subsidiarias, generando una condición y una población específica de intervención. Los programas sociales encaminados a la población más vulnerable se aplican desde un concepto de ciudadanía asistida que contradice los documentos rectores de los programas sociales, como es el caso de los Centros de Desarrollo Infantil (cdi) que son gestionados desde el pensamiento asistencial más que de formación integral.
Si bien el concepto asistencial de la política social afecta la construcción de ciudadanía de los niños y niñas de primera infancia, también se encuentra otro obstáculo en la limitación de la edad para que una persona ostente la categoría de ciudadano limitándolo al individuo adulto. Así, García y Micco (1997) acuñan el término preciudadanía el cual descansa sobre varios tipos de justificación como son la política, politológica, psicológica social, filosófica-ética y la jurídica.
En la justificación política se resalta la contradicción en la génesis del concepto de ciudadanía que incluye el reconocimiento de derechos básicos como principio del ser ciudadano lo cual se opone a la definición de ciudadanía que excluye a la infancia, por lo que el tema de derechos parece restringirse a la acción de elegir y ser elegido. La preciudadanía otorga importancia política a las capacidades ciudadanas del infante eliminando la edad como criterio de frontera, reconociendo el desarrollo psicológico y moral de niños y niñas y rescatando la cosmovisión en la infancia.
La justificación politológica se sustenta en la democracia que desde la mirada tradicional se funda en un concepto procedimental para garantizar el gobierno. Mientras que el criterio de preciudadanía se sustenta en el reconocimiento de conceptos como el bien, la vida buena y los valores, tales como la libertad y la igualdad, que son postulados normativos a los cuales los niños y niñas se adhieren gradualmente como un proceso indispensable en el desarrollo de la democracia.
La justificación psicológico-social del término preciudadanía parte de la crítica del desarrollo del civismo que sustenta las democracias legítimas de los grupos sociales relevantes que no podrían consolidarse sin una socialización política de niños y niñas, sustentada en la familia, los grupos de pares, la escuela y los medios de comunicación social. Es desde estos ámbitos que el infante se prepara para la democracia y la participación.
En cuanto a la justificación social, García y Micco (1997) comienzan por criticar el concepto de democracia como un sistema político que no incluye el tema de la igualdad socioeconómica, sino que se restringe a los derechos civiles y políticos. Desde la teoría de la preciudadanía, se concede la categoría de ciudadanos sociales a los niños y las niñas, puesto que son objeto de políticas públicas que buscan hacer realidad sus derechos socioeconómicos.
La justificación filosófico-ética se sustenta en la aspiración de la sociedad de contar con ciudadanos capaces de participar en reflexiones pragmático-trascendentales que conlleven el establecimiento de un acuerdo ético, en las que dichas reflexiones son parte del proceso de formación y desarrollo de los niños y niñas como ciudadanos en potencia.
La justificación moral de la noción de preciudadanía está arraigada al derecho categórico de toda persona de participar y gobernar en un sistema democrático. Pensar al niño y a la niña desde el derecho a la participación conlleva la profundización de la inclusión en el sistema democrático, ampliando las posibilidades de consolidación de las convicciones ciudadanas que preceden al reconocimiento jurídico. Si, por el contrario, se niega la condición ciudadana a la infancia, se está pensando solo en los intereses propios de adulto como fuente de poder, por lo que es indispensable actuar sobre los futuros, nuevos y prometedores ciudadanos.
Por último, en la justificación jurídica de la noción de preciudadanía se resalta la adhesión que tiene la moral con el bien jurídico, en particular en lo referente a la infancia ya que relaciona el desarrollo moral del niño y de la niña con lo expresado en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
(…) la importancia que adquiere la formación moral en el desarrollo del niño es central e importa un serio rol activo de la sociedad, de los grupos, de las familias y, también, del Estado. Estas son, a lo menos algunas de las perspectivas básicas de esta noción de preciudadanía que viene a darle pleno sentido y consistencia política, moral y jurídica a la circunstancia de niños que son parte fundamental del sistema democrático futuro y que forjan hoy sus convicciones en las insospechadas formas de socialización que el desarrollo de cada cual permite. (García & Micco, 1997, p. 252)
La teoría de la preciudadanía se convierte en una denuncia para reclamar los derechos ciudadanos de la primera infancia. De la misma manera, Alejandro Cussiánovich (2001) llama a la reflexión sobre las poblaciones que están sujetas a condiciones de pobreza, lo que afecta también su proceso de formación ciudadana. La pobreza que descansa sobre una parte de la población es la pobreza de una sociedad que pretende culpar a los ricos de esa situación. Con esto se restringe el análisis a los aspectos morales y éticos como una forma de sustraerse de estudios más sólidos desde una mirada científica.
Hablar de pobreza es tocar el grave problema de la desigualdad y de las desigualdades; es preguntarnos por la credibilidad de la democracia y la gobernabilidad; es retomar la viabilidad y consistencia de nuestros discursos sobre la condición ciudadana de los excluidos. (Cussiánovich, 2001, p. 17)
La pobreza es una construcción social sobre las relaciones que el sujeto establece con los otros, que a su vez etiquetan la situación con calificativos de culpa, mala suerte, injusticia. Así, la pobreza entra a formar parte de la identidad de las personas a partir de las representaciones sociales que “se sitúan en el punto donde se interceptan lo psicológico y lo social” (Alain Touraine citado por Cussiánovich, 2001, p. 19). Las personas en situación de pobreza también crean sus propias representaciones como expresión de sus vivencias convirtiéndolas en un “problema espiritual, de fraternidad, de projimidad, de salud societal, de subjetividad colectiva, de trastoque simbólico” (Cussiánovich, 2001, p. 17).
La pobreza para la primera infancia se convierte en una “estructura psíquica adquiriendo de esa manera estatus independiente de una realidad entendida como instancia ajena al sujeto” (Cussiánovich, 2001, p. 18). Desde esta situación establece su relación con el entorno social en que se encuentra, siendo materia relevante para el desarrollo de una noción de ciudadanía. Como afirma Cussiánovich, la pobreza conlleva un estado de exclusión que se revierte en un estado de incapacidad subjetiva u objetiva de orientar la ciudadanía y de disfrutar los beneficios que le corresponden al sujeto en calidad de ciudadano. Así mismo, la pobreza menoscaba la motivación de relacionarse y adaptarse al ambiente psicofísico.
La ciudadanía, desde la mirada adultocéntrica, se muestra como una ideología que delimita, cualifica y define a quien puede incluirse en el concepto de sociedad ideal desde lo que existe y lo que no existe; lo que es correcto contra lo incorrecto; lo que es posible contra lo imposible; quien tiene la capacidad de ser ciudadano versus el que no la tiene. Así, en la categoría de ideología, la ciudadanía solo la alcanzan los individuos con determinadas características de desarrollo físico, cognitivo y socioeconómico. Esta lógica restrictiva deja en la periferia la situación específica de pobreza, de infancia y de dependencia eventual. No obstante, son muchas las voces que reclaman el estatus de ciudadanía como un derecho universal que debe alcanzar el ser humano en cualquiera de sus etapas del ciclo vital.
Martha Herrera y Diego Muñoz (2008) se unen a los teóricos que plantean nuevas concepciones de ciudadanía incluyendo a la juventud. Con su planteamiento buscan zanjar la distancia de las personas en la participación social y política basada en las condiciones humanas, para buscar mejorar la calidad de vida. Hacen referencia a las tensiones históricas entre el Estado y la sociedad civil que han polarizado la noción de ciudadanía. Además, se ha entendido lo ciudadano como un compendio de acciones que deben asumir las personas en su relación con la sociedad.
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