Muy tempranamente, en 1826, el inglés John Miers había advertido a sus compatriotas que les convenía dejar la minería a los chilenos, quienes jamás abandonarían sus viejos métodos, y actuar exclusivamente como habilitadores y agentes244. La empresa inglesa Chilean Mining Association, constituida en 1825, junto a la Anglo-Chilean Mining Association —de la cual fue agente Alexander Caldcleugh, minero, exportador de plata, fundidor y herborista—, a la Chilean and Peruvian Mining Association y a la United Chilean Association, todas audaces especulaciones antes que verdaderas empresas mineras245, pronto consideró la posibilidad de ingresar a ese negocio, como ya lo habían hecho algunas casas comerciales extranjeras que funcionaban en Valparaíso y en la provincia de Coquimbo246. Era más conveniente, por tanto, dejar a los chilenos la explotación de las minas y poner toda la atención en el negocio que en verdad era rentable, la habilitación247. El apoderado de la Chilean Mining, Charles St. Lambert, conocido en Chile como Carlos Lambert, tenía una opinión muy clara al respecto:
El negocio de la habilitación, mientras comencemos formalmente nuestras operaciones, será manantial de ganancia inmediata, además de dar a los empleados en él un gran influjo en este país. Para efectuar esto quise primeramente establecer oficinas y después, para evitar competición imperiosa, un banco en que habíamos de ser aliados de los anglochilenos y los dos comerciantes que ahora tienen todo este negocio248.
En la medida en que crecía la demanda de metales y el laboreo de nuevas minas, el negocio de la habilitación se fue ampliando y se hizo más complejo y riesgoso. Es posible advertir que ciertas empresas radicadas en Valparaíso, como Alsop y Cía., oficiaban como habilitadores de otros radicados en La Serena, Huasco, Vallenar o Copiapó; tal era, por ejemplo, el caso de David Ross y Cía. También ejerció como habilitador en similares condiciones la sociedad Walker Hermanos, formada por los ingleses Alejandro Diego Walker y Juan Ashley Walker, en la que también participó Roberto Walker, sin nexos familiares con los anteriores, con oficinas en Vallenar, Freirina, Coquimbo, Valparaíso y Santiago. Agustín Edwards, iniciado en el comercio de minerales con Walker Hermanos, se convirtió muy pronto en uno de los más importantes habilitadores de la zona norte, especializándose primero en la plata y más adelante en el cobre249. En verdad, en el negocio del avío minero —que en su aspecto técnico se examina en el capítulo sobre comercio— participaron variadas personas y empresas, con un claro predominio de firmas extranjeras. Por ejemplo, hacia 1830 la sociedad Rodríguez, Cea y Cía., con minas en Huasco, además de trapiches y hornos de fundición y de “refina”, exhibía deudas por valor de 575 mil pesos, y entre sus acreedores estaban Thomas Kendall, Brittain, Waddington y Cía., Custodio de Amenábar, Wyllie, Miller y Cía., Sewell y Patrickson, Salvador Sanfuentes, Huth, Gruning y Cía., Manuela Caldera de Freire, Diego Portales, José Domingo Otaegui, Pedro Felipe Íñiguez, Francisco Ramón Vicuña, Subercaseaux Hnos. y Joaquín Vicuña250. Las mujeres, como se puede apreciar, continuaron, como en la colonia, actuando como fuentes de crédito. A fines del decenio de 1840 inició Gregorio Ossa y Cerda, hijo de Francisco Ignacio de Ossa, el rico minero de Chañarcillo, sus actividades como habilitador. Asociado después al colombiano Antonio Escobar formó el Banco de Ossa y Cía., que en el decenio de 1870 pasó a denominarse Escobar, Ossa y Cía.251 El elevado número de habilitadores dio origen a una fuerte competencia entre ellos, lo que se tradujo en la posibilidad de que los mineros tuvieran acceso a múltiples fuentes de crédito, con los evidentes riesgos de sobreendeudamiento y de quiebra.
La existencia de semejante mecanismo crediticio permitía poner en marcha la explotación del yacimiento, una vez cumplidos todos los pasos legales para asegurar la posesión de aquel, con la multiplicidad de juicios que siempre acompañó a tal proceso. Permitía, asimismo, continuar las labores al brocearse la mina, hasta encontrar un nuevo alcance, es decir, una zona rica en mineral252. Para esos periodos de escasa o nula producción el minero se veía obligado a recurrir a otras fórmulas, como la venta de algunas de sus barras; la donación de parte de ellas a condición de que el beneficiario habilitara al donante por un plazo determinado, o la venta anticipada del todo o parte de la producción a un precio previamente acordado253.
Una modalidad que adquirió especial importancia en este periodo fue la participación de los terratenientes en la actividad minera, ya como proveedores de alimentos para las faenas, ya de leña para las fundiciones, ya de animales para el transporte. En esos casos, la generación de deudas transformó a los terratenientes en acreedores de los mineros. Se ha sugerido que estos, para reducir los costos de la producción, presionaron sobre la mano de obra, apires y barreteros, a fin de mantenerlos disponibles y fijarlos a los yacimientos, constituyéndolos a su turno en deudores. Semejante mecanismo de extracción de excedentes del ingreso de la mano de obra explicaría el aumento de la producción desde el decenio de 1850, aumento que no fue acompañado de modificaciones técnicas ni de inversiones amortizables a largo plazo254. Tal explicación se basa, sin embargo, en un supuesto que no está confirmado por la documentación: que los propietarios de minas tenían la capacidad de fijar en ellas a una mano de obra que era lo suficientemente escasa como para que las autoridades de Coquimbo y Atacama alentaran la migración de peones. Son numerosísimas las informaciones que apuntan a una realidad más compleja. Pierre Vayssiere ha subrayado que, como consecuencia de una demanda de mano de obra superior a la oferta, la movilidad de aquella era muy grande, y los empresarios no vacilaban en hacer avances de salarios para tratar de retener por más tiempo a sus obreros, mecanismo que se mostraba inútil ante mejores ofertas de remuneraciones. Y cuando no se contaba con mano de obra suficiente, se empleaba para las labores de superficie a los viejos, a las mujeres, a los inválidos y a los niños255.
LAS CONSECUENCIAS DE UNA LEGISLACIÓN INADECUADA
El hecho real de la falta de innovaciones técnicas en la minería y de la ausencia de estructuras societarias que permitieran acumular capitales de consideración puede tener una explicación más satisfactoria si se examina la regulación jurídica de la actividad. Como lo subrayó el mensaje de 16 de julio de 1874 que acompañó al proyecto de Código de Minería —que sustituyó a la variada legislación en vigencia, la principal de las cuales fue la Real Ordenanza de Minería de la Nueva España de 1779, aplicada en Chile en 1785 con varias modificaciones hasta que empezó a regir el nuevo código, que la siguió muy de cerca256— la principal innovación se dirigía a organizar las pertenencias mineras, que eran de muy limitadas extensiones. Esta configuración obedeció al criterio imperante durante la monarquía de facilitar el trabajo en la minería a la mayor cantidad posible de personas, en especial a las de escasos recursos. Así, la normativa permitió la constitución de la propiedad minera incluso a los peones que trabajaban en los yacimientos, más allá de las mil varas de las de sus patrones257. De esta manera, cuando se esparcía el rumor de un nuevo descubrimiento, los operarios abandonaban sus trabajos en las minas para ir a catear en los alrededores y hacer los pedimentos de rigor. Así, en el primer medio siglo de vida republicana la minería metálica continuó gobernándose, jurídica y prácticamente, según las pautas coloniales. El referido mensaje del proyecto de código de 1874 fue muy explícito al aludir a este problema:
El fraccionamiento excesivo de las concesiones, que obliga a acumular sobre cada una los medios de explotación que bastarían para laborear extensiones más considerables, sin consultar en manera alguna la economía de la producción mineral, ataca directamente las fuentes de la riqueza pública258.
El caso de Chañarcillo es muy esclarecedor. Por ejemplo, en el yacimiento de El Bolaco había en 1851 nada menos que 115 minas en operación259. El rechazo de los mineros a crear unidades mayores con sus pertenencias y a combinar sus recursos para explotarlas mantuvo una estructura irracional tanto desde el punto de vista de la minería como de la economía260. Las fotografías de minerales, en especial de Chañarcillo, que en 1863-1864 fueron tomadas por Rafael Castro Ordóñez, dibujante-fotógrafo de la española Comisión Científica del Pacífico, muestran la reducida entidad de las instalaciones y la proximidad de los diversos yacimientos261.
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