CNE definió que la propiedad debía pasar a las compañías distribuidoras de electricidad. Determinó, además, que los nuevos medidores debían cumplir ciertos requisitos y compartir las mismas características en todo el territorio.
En este punto el Congreso jugó un papel clave: la Ley 21.076, que se aprobó en enero de 2018, estableció que medidores y empalmes pasarán a ser propiedad de las empresas y los usuarios deberán pagar por esos dispositivos a través de las tarifas.
Esa ley fue el trámite indispensable para que se pudieran expropiar los medidores masivamente sin indemnizar a los clientes y para que los empalmes pasaran también a ser propiedad de las compañías. Y ello, porque apenas Enel (ex Chilectra) manifestó en 2016 su decisión de hacer el cambio tecnológico, y de proveer a los millones de clientes con sus propios medidores, hubo reclamos. El principal fue de la Cámara Chilena de la Construcción ante la Fiscalía Nacional Económica.
—Pero esto no es una expropiación porque tú te vas a quedar con el medidor antiguo. Ahora, que el medidor no te sirva para nada, ya es problema tuyo —explicó a Ciper el exsecretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero (hasta el 1° de abril de 2018).
Romero dijo a Ciper que a fines de 2017 la CNE definió el precio a pagar por un “medidor inteligente”: US$ 132 ($ 87.500). La cifra no dice relación con la que el propio Andrés Romero informó a la Comisión de Minería y Energía del Senado: el valor del medidor “no debería superar los US$ 100”. Y agregó que, probablemente, llegaría al 50 % de ese monto.
Hoy, para Andrés Romero lo único que fracasó, fue el proceso para definir las características del nuevo medidor:
—Yo corté ese comité porque se empezó a generar todo un lío. Es una discusión de mil millones de dólares. Eso es lo que se va a gastar en medidores más o menos. Entonces, hay mucho interés y el proceso no arrojó un resultado que fuera fiable, por así decirlo.
Con este cambio legal es el propio Estado el que está legalizando el monopolio de medidores y empalmes en manos de las empresas distribuidoras, ampliando los márgenes del negocio que hasta ahora solo consideraba la venta y distribución de energía.
La indagación de Ciper detectó a varios actores de esta industria presionando para imponer las características de su propia tecnología. Los principales: Enel, que tiene su propio medidor; y aclara, un proveedor estadounidense mundial.
A pesar de que la norma técnica que definirá las características de estos aparatos no está publicada (la consulta pública para ese Anexo Técnico terminó el 27 de febrero), en Santiago Enel Distribución ya ha instalado más de 250 mil nuevos medidores. Un punto que no inquieta a la autoridad.
—La prudencia sugiere a las empresas esperar el término de la discusión para instalar los nuevos medidores. Aunque ciertamente algunas han avanzado porque han implementado planes prototipos y parecen tener confianza en que los equipos que han instalado van a cumplir —dijo a Ciper el actual secretario ejecutivo de la CNE, José Agustín Venegas.
El Senado despeja el camino
En 2015 un terremoto de magnitud 8,4 en la escala de Richter sacudió al norte del país. El remezón, seguido por un maremoto que azotó la costa de la Región de Coquimbo, dejó miles de viviendas en el piso y 15 muertos. Las mediaguas se levantaron en medio de los escombros, pero para abastecerlas de electricidad las familias tuvieron que enfrentar más problemas: algunas de las empresas distribuidoras exigieron abultados pagos para volver a habilitar empalmes y medidores.
Semanas después de la tragedia, el reclamo de los afectados tuvo eco en el Congreso. Un grupo transversal de diputados (de la UDI al PC) ingresó un proyecto de ley que obligaba a las empresas distribuidoras a reestablecer empalmes y medidores destruidos en zonas de catástrofe, sin costo para los usuarios.
En la Cámara de Diputados algunos parlamentarios quisieron ir más allá con otra indicación: obligar a las empresas a reponer estos “siempre que la inutilización no sea imputable a una acción u omisión del cliente”.
El principal disparo contra la iniciativa corrió por cuenta de la entonces titular subrogante de la CNE, Carolina Zelaya, quien en la Comisión de Minería y Energía afirmó que esa moción era “demasiado amplia” y podría prestarse para situaciones “muy complejas”. Recomendó suscribir la obligación para las empresas solo en los territorios donde se decrete estado de catástrofe.
El diputado Miguel Ángel Alvarado (PPD) recordó que en la tragedia que afectó a la Región de Coquimbo, la declaración de estado de catástrofe fue paulatina y dejó fuera a buena parte de la región. Sin embargo, la recomendación del Ejecutivo fue la que prosperó. Esa redacción fue aprobada por unanimidad en la comisión y por amplia mayoría en la sala, para luego ser despachada al Senado.
Más de un año después, el proyecto dio un giro en el Senado. Autoridades de la CNE explicaron a fines de 2017 en la Comisión de Minería y Energía que no podían imponerles nuevas exigencias a las empresas sin pago de por medio.
—La distribución es un negocio regulado íntegramente. Si tú le dices a la empresa que cada vez que una catástrofe arrase, ella tiene que cambiar los dispositivos, la empresa te va a decir que se le tiene que pagar por ello porque es una nueva exigencia. Lo que no puede hacer la ley es obligarlas a hacerse cargo sin que se les pague. Eso es expropiatorio —explicó a Ciper, Andrés Romero, quien era entonces secretario ejecutivo de la CNE.
Romero y otras autoridades de la entidad, además del entonces ministro de Energía, Andrés Rebolledo, fueron al Senado para convencer a los parlamentarios de que la mejor alternativa era traspasar la propiedad de empalmes y medidores a las empresas. Así, argumentaron, las instalaciones pasarían a ser parte de la red de distribución y las compañías serían las responsables de su funcionamiento ante cualquier evento.
En la sesión de la Comisión de Minería y Energía del 3 de enero de 2018, los senadores Jorge Pizarro (DC), Alejandro
García-Huidobro (UDI) y Baldo Prokurica (RN), hicieron suyas las modificaciones del Ejecutivo y, al ser los únicos integrantes presentes, aprobaron los cambios por unanimidad. Después, el proyecto fue aprobado por 14 votos a favor en la sala del Senado y la ley fue publicada sin modificaciones en febrero de 2018.
Así fue como quedó establecido por ley que todos los medidores y empalmes pasarán a ser propiedad de las empresas distribuidoras y que los decretos tarifarios deberán incluir el pago de los usuarios por estas instalaciones.
En un artículo transitorio se especificó que el traspaso de la propiedad se hará efectivo una vez que se concrete el cambio del dispositivo. En este apartado transitorio también quedó estipulada la obligación de las empresas de reponer medidores y empalmes cuando sean destruidos por una emergencia y la autoridad decrete estado de catástrofe.
La ley entró en vigencia con el decreto tarifario publicado en septiembre de 2018. Y si antes los usuarios podían negarse al cambio de medidor, ahora solo depende de las compañías definir cuándo lo ejecutan.
La puja por la tarifa
Las compañías de distribución eléctrica funcionan en Chile como un monopolio desde 1982, gracias a las reglas impuestas por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de Minería, promulgado en dictadura. En 36 años, la normativa del único proceso tarifario que se ha mantenido intacta es la del sector de distribución energética.
Las tarifas que pueden cobrar las empresas por distribuir la energía son fijadas por la Comisión Nacional de Energía cada cuatro años. A eso se le denomina VAD: Valor Agregado de Distribución.
