una notoria baja de las cuentas de electricidad.
El 1 de marzo Ciper publicó una investigación que reveló que desde septiembre pasado miles de chilenos estaban pagando —sin saberlo— los nuevos medidores inteligentes que las empresas eléctricas decidieron instalar. La ira ciudadana creció cuando se supo que ese pago se selló con una ley en enero de 2018 y que ningún parlamentario advirtió el perjuicio que ella causaba a los usuarios. Ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.
En las 48 horas posteriores al reportaje de Ciper, el representante de las empresas eléctricas, Rodrigo Castillo, recorrió canales de TV y radios afirmando que la información de Ciper no era veraz: no serían los usuarios los que pagarían la nueva joya que medirá nuestro consumo de energía, sino las empresas. La cuerda le duró hasta que el presidente Sebastián Piñera zanjó la controversia: “Los usuarios pagan todo”.
A partir de ese momento el debate no ha cesado, Al punto que llevó de vuelta al Congreso la discusión, ya que es allí donde se debe revisar la polémica norma. Pero ahora el debate se ha centrado no solo en los medidores, sino en el nudo de la Ley General de Servicios Eléctricos, la que les garantiza a las empresas eléctricas un monopolio y ganancias desmedidas.
Las ganancias de las eléctricas son multimillonarias. Solo en 2017 Enel Chile reportó $ 349 mil millones en utilidades, una cifra superior a la ganancia anual de las seis AFP que operan en Chile. La siguió la Compañía General de Electricidad (CGE), de capitales españoles y que distribuye energía a 13 regiones del país, con $ 179 mil millones. Saesa (que opera en regiones del sur) y Chilquinta (de la zona centro sur) ganaron $ 35 mil millones cada una. En total, las empresas eléctricas que participan del negocio de la distribución obtuvieron utilidades por casi $ 600 mil millones en 2017.
El artículo que estableció el cambio obligatorio de los medidores, fue impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet, respaldado por las empresas eléctricas y refrendado por el voto unánime de diputados y senadores. Allí se estableció que la inversión de US$ 1.000 millones que requiere el cambio sería financiada por un aumento de las cuentas de electricidad, el que va incluido de manera encubierta en el ítem de “servicios asociados”.
De eso se aprovechó el representante de las empresas eléctricas para decir que Ciper faltaba a la verdad: no queda registro en las boletas que paga cada hogar por ese cambio. Luego de que Piñera confirmara el pago que deben hacer los usuarios, la polémica escaló hasta el punto de que el lunes 25 de marzo, el jugador de fútbol de la Universidad de Concepción, Nicolás Maturana, se manifestó al borde de la cancha: “Ojalá no cobren los medidores a la gente pobre de todo Chile, porque no tienen dinero para hacerlo”.
Se trató de apagar el incendio con un acuerdo entre el gobierno y tres empresas eléctricas para revertir el pago. Y fueron más allá: las empresas pagarán $ 10 mil por cada medidor antiguo. Pero ya era tarde. Los medidores inteligentes habían abierto una caja que se mantenía pétrea desde la dictadura: la regulación del Estado que les garantiza a las distribuidoras eléctricas utilidades con un piso de 10 %.
“Gol de media cancha”
Máximo Pacheco está escandalizado. En conversación con Ciper acusa que la instalación de los medidores inteligentes se pensó como una oportunidad de inversión para las empresas eléctricas, y no como una medida que apunte al bien común:
—El Estado es el que identifica una oportunidad de inversión para las empresas distribuidoras. El Estado la hace obligatoria para todos los chilenos en sus hogares, en un periodo de siete años. La única explicación que tengo para esto es que las empresas distribuidoras le metieron un golazo de media cancha al Estado de Chile para que hiciera obligatoria esa inversión. A mí ese gol no me lo meten.
Las críticas de Pacheco apuntan en varias direcciones, incluyendo a las cabezas de quienes impulsaron la medida: su sucesor en la cartera de Energía, Andrés Rebolledo, y el entonces secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero. Actualmente, Romero le presta servicios a las mismas empresas eléctricas que durante su paso por el gobierno de Bachelet le tocó regular.
Un día después de abandonar la dirección de la CNE, el 2 de abril de 2018, asumió como director de Valgesta Energía, consultora que hace trabajos para empresas como Saesa, Colbún y Aes Gener.
Para el exministro Pacheco, actualmente embarcado en una precampaña presidencial, la discusión sobre los medidores inteligentes no es técnica:
—Este es un tema que nunca se aprobó durante el periodo en que fui ministro. Esta no es una discusión tecnológica, no tengo ninguna duda de que el mundo digital avanza hacia redes inteligentes, para permitir que la gente pueda tener paneles solares en sus casas. Se incluyen transformadores, redes y medidores inteligentes… Eso forma parte de la discusión tecnológica, pero la discusión que hoy tenemos en el país es una discusión económica y de política pública.
El círculo termina de cerrarse para Pacheco cuando se analizan las garantías que ofrece el Estado a las eléctricas. “A mí me parece grave que una política pública primero identifique una oportunidad de inversión para los privados, luego se la haga obligatoria para todos los chilenos y finalmente le garantice por ley la rentabilidad a esa inversión”.
La Ley de Servicios Eléctricos (de 1983) le asegura a las distribuidoras un 10 % de rentabilidad. Ese piso mínimo se utiliza para calcular las tarifas de electricidad que se pagan en Chile. La cifra se logra simulando el comportamiento de una “empresa modelo” y tomando en cuenta los riesgos asociados al negocio. Pero allí también hay problemas. Pacheco los explica:
—En la “empresa modelo” la rentabilidad asegurada es de un 10 % anual, pero en la práctica, para las empresas reales es de un 15 % anual. Porque la “empresa modelo” y sus costos son distintos de la empresa real, nunca la CNE ha tenido acceso pleno a toda la información de costos de las distribuidoras, por tanto la “empresa modelo” está llena de supuestos. Y los supuestos son conservadores, la empresa real lo hace mejor que la “empresa modelo”. De manera que la rentabilidad que se les asegura es mayor.
La crítica de quien fuera el primer ministro de Energía del segundo gobierno de Bachelet, escala hasta el corazón mismo del funcionamiento de las empresas eléctricas. Y sus dichos tienen como aval el que durante años ocupó importantes cargos en empresas transnacionales, como Carter Holt Harcey, dueña de la mayor empresa forestal del mundo, además de haber sido director del Banco de Chile, AFP Provida, Luchetti y Falabella:
—Cuando los negocios regulados consiguen rentabilidades por sobre la rentabilidad del capital, eso se llama la renta, y es una renta que el Estado le da garantizada a los inversionistas. Ahora entiendo por qué tanta gente se molesta con los abusos y los privilegios, y eso incluye a los empresarios rentistas que capturan al Estado para que tome decisiones en función de sus intereses. La responsabilidad principal del Estado es representar el bien común y no se puede dejar capturar por grupos corporativos. Tengo la opinión formada de que esta es una falla muy grave.
Se ha intentado acotar la discusión al abuso que las empresas eléctricas habrían digitado en contra de los usuarios con el cambio a los medidores inteligentes. Y se entiende, porque las empresas distribuidoras de electricidad quieren impedir que el debate escale y llegue a afectar el 10 % de rentabilidad mínima que la ley les asegura.
La fórmula para calcular esa alta rentabilidad se fijó durante la dictadura, cuando se privatizó el servicio eléctrico. Y se argumentó entonces que era indispensable considerar los riesgos asociados al negocio, que es un monopolio natural. Pero tras 35 años esos riesgos han experimentado un cambio radical: son mínimos, mientras las utilidades no han hecho más que crecer.
La renta de las empresas eléctricas
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