invasores o encargándoselas a sus propios trabajadores.
Estas ocupaciones provenían de más atrás. La mayoría, y no solo en las tierras de este hato sino desde Aguaclara hacia la sabana, en la planicie de San Pedro y Matasuelta, habían sido campesinos desplazados por la violencia generalizada que se extendió en el país después de 1948. Ellos fueron en especial pertenecientes, simpatizantes o simples votantes del partido liberal que encontraron en el Llano una opción de supervivencia e incluso de resistencia frente a la violencia oficial conservadora. Fue una época que los sobrevivientes de aquellos años refieren con la expresión: “en los tiempos de la guerra de los colores”, aludiendo a los colores de las banderas distintivas de cada partido político tradicional.
Estos colonos ocupantes desde luego que eran personas de difícil trato, desconfiados sobrevivientes de una cruenta persecución. Algunos de ellos habían sido parte de las guerrillas del Llano en los años 50 del siglo XX. En las anécdotas del hato se menciona una petición de venta de tierra a uno de los titulares de la parcelación de 1948 bajo amenaza de muerte. Pero tampoco eran lo que se pudiera llamar en otros contextos de colonización y expansión de frontera unos cazadores de fortuna, porque allí no había ninguna fortuna para hacer, o era muy difícil y lejana. Eran simplemente sobrevivientes de la última de las violencias colombianas. Un rasgo indicador de esta ocupación por supervivencia de refugio, y no de colonización por expectativas de enriquecimiento, apareció en el momento de la firma de las escrituras de titulación. Entre estos llegados al Llano era común cambiarse el nombre y por tanto carecer de cédula de ciudadanía. ¿Por qué razón? Por estrategia de supervivencia. Si en un retén de la policía o de los chulavitas4 les pedían la cédula, deducían por el apellido y el lugar de nacimiento la filiación política del retenido, y si resultaba ser liberal, procedían a ejecutarlo.
Pero entre ellos también había algunos que entendían algo sobre la legislación de tierras vigente en Colombia para ese momento. En un procedimiento bien conocido y establecido incluso en la ley para la solución de estos conflictos, Martín Vargas reconocía un pago por las mejoras que hubiesen hecho los colonos a cambio de que desalojaran los predios. Nada de venderles tierra. En cambio los colonos estaban interesados en comprar la tierra que ocupaban, en donde se habían establecido, construido sus ranchos, cultivado sus sementeras y mantenido sus animales de cría. Seguramente también, si era posible y el propietario lo permitía, trabajaban para el propio hato. Esta utilización del recurso legal y policivo configuró más bien un juego del “gato y el ratón”. Cuando desalojaban a unos, más tarde volvían e ingresaban por otra parte, o bien otros se instalaban en donde estaban los primeros. “Hasta que el viejo se aburrió y vendió”. Estamos en 1975 y el nuevo marco normativo establecido en la ley 5ª dificulta las titulaciones de tierras a los colonos por la modalidad de “tenencia de la tierra”.
La memoria de uno de estos colonos resume exactamente el contexto de esta situación conflictiva:
Cuando compró Martín Vargas, que cuando eso ya estaba encargado Bernardo Ángel, eso nos pegaron un apretón a todos los fundadores, porque para ese entonces ya habíamos hartos; eso nos llamaron a todos que nos iban a comprar las mejoras y que nos fuéramos; entonces ahí el que jodía era el hijo, un tal Álvaro.
A unos sacaron, les echaron el ganado, pagaron un poco y a otro poco les botaron el ganado. Cuando eso ya estaba bien poblado, yo creo que por ahí unos 100 tipos, por ambas partes, por la costa del Upía y por la costa del Túa. Eso fue ya como en el 69. Pero con algunos no le valió, sacaba unos y se le entraban los otros, y después fue cuando se aburrió el viejo y vendió […] Cuando ya compró López eso ya había bastante gente. Eso ya reventó gente por todas partes porque los que estaban al borde de la pura orilla del río, empezaron a salir a la sabana y la gente los miraba; pero cuando compró López se mejoró la situación, porque cuando el viejo Martín él no le vendía a nadie; compraba las mejoras pero no le vendía a nadie, pero cuando ya compraron los López ahí sí se mejoró porque ellos llegaron fue a decir: – “Bueno, nosotros compramos este hato y venimos a arreglar esta vaina. El que con buen gusto nos venda con buen gusto le compramos y el que con buen gusto nos compre también le vendemos, y como nos quieran pagar” – bueno, con toda la amabilidad del caso5.
El acuerdo de titulación
Los años de propiedad de Martín Vargas sobre el hato La Libertad habían dejado una estela de malquerencias, desavenencias, agresiones, y en suma, de relaciones conflictivas entre colonos y propietarios cuyas consecuencias se trasladarían hacia los emprendedores de la iniciativa de acercamiento con los colonos ocupantes de las tierras del hato. Hasta piedra le llegaron a arrojar a uno de ellos durante sus primeras visitas a las tierras recién adquiridas.
Pero la legislación colombiana también preveía otras posibilidades de solución a los conflictos por la tierra. En unos años en que los conflictos por la tierra estaban aumentando en amplitud y en enfrentamientos, la ley 200 de 1936, expedida bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo, buscó resolver estas situaciones reconociéndo la realidad de las posesiones de hecho bajo un nuevo marco normativo6. Recurriendo a esta herencia familiar de política agraria, Juan Manuel López inventa una solución innovadora en varios aspectos. Primero, en la aceptación de la posesión sobre la tierra que tenían los colonos, aquella donde vivían, cultivaban y pastoreaban sus ganados. Hasta ahí hubiese sido suficiente en la solución que se adoptó. Pero se hizo mucho más en otros aspectos.
En este punto es muy importante lo que yo llamo el enfoque: el reconocimiento no sólo del derecho, sino del derecho legal colombiano, que dice que la tierra es de quien la cultiva, del que la tiene. El colono es el que valoriza la tierra, el que la comercializa, se vuelve consumidor, etc. Entonces lo primero que se hizo fue eso. Decirles: bueno, vengan. Los reuní a todos y les dije: les propongo que les reconocemos lo que ustedes tengan en su posesión, les enviamos unos topógrafos; pero ustedes y sus vecinos, de común acuerdo, definan lo que es el predio de cada quien para que se les respeten sus derechos. Para terminar de definir cuál es el verdadero lindero con el hato, y para no tener que estar haciendo cruces, lo que hago es que yo trazo una línea en la mitad de la sabana y una cerca más afuera. Y la diferencia entre lo que les corresponde a ustedes y donde queda la cerca es lo que ustedes me tienen que pagar. Ustedes me lo pagan en forma de cercas y trabajo, no me lo tienen que pagar en plata. Eso ya tenía un criterio un poquito más jurídico y objetivo, y determina un reconocimiento que es muy importante para el colono: que sabe que hay un propietario. Con casi todos – más del noventa por ciento – se hicieron las escrituras7.
Rodrigo Rueda Arciniegas rememora así este proceso:
Resolvimos hacer una reunión en el hato de La Libertad. Era muy difícil para la gente entender qué estaba sucediendo. Todavía hay gente que no lo entiende. Todos iban muy nerviosos porque no sabían a qué iban. Nosotros éramos muy inexpertos. Las reuniones se hicieron sin que se nos ocurriera nunca llevar a cabo una acción jurídica para sacarlos de sus predios. Para nosotros los colonos eran nuestros vecinos, porque en ningún momento se ponía en discusión que las tierras que tenían eran de ellos. Con base en unos caminos que existían y en unas líneas petroleras comenzamos el proceso de definir los linderos. Les dijimos que ya habíamos definido un área con base en esas líneas y a cada quien le fuimos diciendo: les podemos dar hasta esta línea de la petrolera, y vamos a ver cómo logramos que sus fincas avancen hacia la sabana – teniendo en cuenta el ganado que cada uno tenía en la sabana comunal, que era la del hato La Libertad. Nosotros hicimos una cuenta de ese ganado y había más de cinco mil cabezas. En todo ese proceso hubo personas que no convinieron y entonces tuvimos que ceder en mayores áreas. Lo que ellos tenían de tierra era de ellos y a lo que cogían de sabana le pusimos un precio concertado con ellos. En esa época pusimos precios que oscilaban entre $200 y $400 por hectárea. Ellos se comprometían a cercar el lindero y nosotros le reconocíamos la medianía. Valía más la mano de obra y los costos del alambre de la medianía que la misma tierra. Se trataba de hacer la medianía y que les cupiera el ganado – con cuentas de una hectárea por cada vaca. El 10 de noviembre de 1976 hicimos una titulación masiva. Quedamos con un centro
