en su propio perjuicio, que no parece deba ser.[19]
La carta muestra cómo los labradores desahuciados, utilizando la puja en la subasta, castigan al colono del Hospital por haberlos expulsado de una finca que acaba de comprar. Una actuación legal es duramente castigada mediante actuaciones particulares y la burla de los vecinos, porque contradice uno de los principios básicos de la economía moral: mantener a los colonos en los arrendamientos si cumplen sus tratos.
Por otro lado, la petición del colono maneja otro de los principios recíprocos. Como él tiene la tierra muy bien trabajada no sería justo que otro se aprovechase de ella y en cuatro años la estropeara con un mal cultivo. Lo «justo» sería mantenerle con una renta más adecuada, parecida a la de sus vecinos. Para ello el mejor sistema que propone es la tasación de peritos neutrales y él incluso daría un 10 % más de la tasación, porque la subasta siempre puede conseguir que alguien ofrezca un precio mayor, pero esto podría ser muy arriesgado porque se las quedaría alguien que tuviera muy poco que perder.[20]
Un segundo ejemplo muestra otro mecanismo de presión que podemos ver en un pleito de desahucio. Estos suponían la proletarización de los pequeños colonos por lo que es frecuente encontrar fuertes resistencias a abandonar las parcelas o duras amenazas a los colonos que les sustituyen. Esto condicionaba la capacidad de los propietarios para desahuciar a los colonos malos pagadores. El desahucio sólo era eficaz en el caso que el Hospital tuviera la seguridad de encontrar nuevos colonos que quisieran cultivar las fincas. La manera más frecuente de evitar un desahucio es amenazar y ejercer presión para que la tierra no fuera ocupada por nuevos colono. Es difícil encontrar documentación que pruebe la existencia de estas presiones, pero en un pleito queda patente esta pugna y la queja del propietario. El Hospital ha recibido una tierra en 1830 en la vega de Valencia que tiene dos colonos. El nuevo dueño quiere pactar una renta más elevada pero estos no acceden, por lo que se inicia el despojo en noviembre de 1830. Un año después se consigue el desahucio por vía judicial «con lanzamiento de sus bienes». Pero el procurador del Hospital le relata al juez que
tan luego como marcharon el alguacil y lugartenientes que realizaron el despojo los citados colonos valiéndose de la fuerza hecharon abajo la puerta de la barraca donde en la actualidad permanecen por cuya razón el nuevo arrendador, temeroso de algún funesto suceso, teme cultivar las tierras y no puede hacer uso de las barracas qual corresponde.
El Hospital considera el suceso «un hecho escandaloso que redunda en un conocido desprecio a este tribunal» y solicita la prisión para los antiguos colonos.
Ambos ejemplos muestran las presiones que pueden ejercerse en el seno de la comunidad de labradores para mantener los derechos que los colonos creen tener sobre las parcelas. Y cómo estas presiones pueden crear situaciones de difícil solución a los propietarios que ven su libre disposición de las tierras erosionada.
A lo largo de nuestro estudio veremos que en muchas comarcas la estabilidad y continuidad de los colonos es relativamente frecuente, que algunas de las peticiones inciden en las mismas argumentaciones o apelan a los mismos valores y que el propietario actúa con los mismos criterios que en l’Horta. Pero es muy posible que la presión ejercida por los labradores no pudiera ser en otros lugares tan eficaz como en esta comarca. El alto nivel de desposesión de los cultivadores y la fuerte presión por la tierra actuaría como elemento de cohesión de los labradores más desposeídos en torno a su economía moral. Los mecanismos de presión que hemos visto sólo pueden funcionar si el nivel de cohesión de los labradores en torno a las normas es lo suficientemente alto como para que los castigos inflingidos a quien rompe las costumbres sean eficaces. Es muy posible que, como veremos, el marco y las pautas de funcionamiento de los arrendamientos de l’Horta no fueran muy diferentes respecto a otras comarcas, pero probablemente la presión de los colonos sí se ejerciera de forma mucho más intensa y eficaz, lo que acabaría produciendo un recorte significativo en la capacidad del propietario.
La peculiaridad de l’Horta no estaría tanto en la existencia de estos principios morales o en las pautas de continuidad de los colonos, que también se detectan en otras comarcas, sino en la posición de fuerza y la eficacia de la cohesión de los colonos en torno a mecanismos que obligan a respetarlos. Cohesión de clase que sin duda estaría en relación con las condiciones peculiares que la estructura social tenía en l’Horta de València. Pero este es un tema que todavía necesita investigaciones específicas complejas de abordar.
5. LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO: LOS ADMINISTRADORES
Si como hemos defendido el arrendamiento, combinado con diferentes pautas de comportamiento, era un eficaz instrumento de explotación, la dificultad mayor en las tierras del Hospital estribaba en la gestión adecuada de un patrimonio tan amplio. La dispersión geográfica de las propiedades agudizaba las dificultades que entrañaba su gestión. Una actitud radical y deliberadamente rentista, como la del Hospital, precisaba unos mecanismos de control y gestión que redujeran los costes de transacción de forma eficaz. En este aspecto debe tenerse en cuenta que los ingresos del Hospital no dependían solamente del arrendamiento de tierras. La organización administrativa de la institución debía de procurar tanto el control adecuado de todas las fuentes de recursos, como la adecuada organización del gasto asistencial. El arrendamiento de tierras permitía un ingreso revisable, predecible y con escaso riesgo, algo muy necesario para hacer marchar la gran maquinaria asistencial de la institución.
La gestión de las rentas precisaba unas tareas constantes de control de los colonos y de supervisión del estado de las fincas, si se quería mantener la rentabilidad del patrimonio. Además, era imprescindible la intervención activa del propietario en coyunturas decisivas o en actuaciones precisas que sólo el dueño de la tierra podía emprender si quería mantener el estado productivo de la tierra. La inversión jugaba un papel importante en este sentido.
La peculiar estructura administrativa del Hospital no era muy compleja, pero condicionaba de diversas formas la gestión del patrimonio. El Hospital era una institución regida de forma colectiva a lo largo de toda su historia. No dependía de una sola persona, sino de una Junta que tomaba las decisiones de forma conjunta[21] y que estaba limitada en algunas decisiones. No podía, por ejemplo, enajenar o permutar el patrimonio sin permiso, con lo que el peso de la renta como forma de ingreso ganaba protagonismo. En el caso de la administración y gestión de ingresos y gastos se asesoraba con una Comisión de Hacienda, que tenía carácter consultivo.
Algunas decisiones clave, como iniciar un pleito, establecer un nuevo colono o expulsar a otro, o una transformación de un cultivo arbóreo en otro, sólo podían ser tomadas por la Junta o por un comisionado al que se le hubieran cedido temporalmente esos poderes. Esa dificultad para la toma de decisiones, que además dependían de vocales cambiantes, ha de contemplarse a la hora de juzgar su racionalidad. Quienes deciden, no están arriesgando su patrimonio personal, sino ejerciendo un papel ejecutivo y temporal al frente de una gran institución.
El responsable de llevar adelante todas las decisiones era el administrador, encargado de la gestión del patrimonio a las órdenes de la Junta de Gobierno. Le trasladaba la información de las incidencias y ejecutaba sus órdenes, pero no podía tomar decisiones más allá de la gestión cotidiana. El administrador tenía bajo su supervisión la administración central, que como vimos se reservaba el control directo de las explotaciones de la vega de la ciudad y la comarca de l’Horta. A estas se podían añadir algunas propiedades que, pese a estar ubicadas en territorio de otras administraciones, se consideraban de especial importancia, como en algunos momentos la Tancada de San Antonio de Alzira.
Para la gestión de las restantes propiedades existían administradores o procuradores subalternos que controlaban las propiedades inmuebles y rústicas asignadas. Cuando algún asunto
