Un nuevo municipio para una nueva monarquía.. Isaïes Blesa Duet
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Hay que destacar un hecho importante para comprender las actuaciones de la capital por retener el control de la baronía, y de otros por segregarse de la misma. Si bien la cuestión del prestigio que correspondía a una ciudad como San Felipe le impelía a defender sus derechos, ante la más que evidente tendencia al declive que sufría la urbe, agravada su situación por la destrucción e incendio de la guerra, hay que tener en cuenta otros factores nada despreciables, como era el económico, pues percibía diversos impuestos en Canals. Y sobre todos ellos, el que nosotros consideramos de mayor peso, y que también incidía económicamente: el dominio del agua. Efectivamente, uno de los tres canales de abastecimiento de agua de la ciudad de San Felipe, el denominado de Agua Santa, podía ser fácilmente controlado por las autoridades de Canals, algo de lo que eran muy conscientes los gobernantes de San Felipe. De ahí su férrea oposición a que ningún grupo hostil a sus intereses tuviera en sus manos el control municipal de Canals y, por tanto, de uno de los canales de abastecimiento de Xàtiva.
En cuanto a otros factores de tipo económico, ya citamos que la antigua Xàtiva dejó de percibir los impuestos de las tres villas segregadas entre finales del siglo XV y principios del XVI, aunque recibía una cantidad anual de las tres en concepto de censo, cuando no dejaba de cobrarlo por la negativa de alguna de ellas a pagarlo, y había que recurrir al enésimo pleito. No era cuestión, pues, de permitir más separaciones que reforzaran la decadencia de la ciudad. El in- terés económico de San Felipe se basaba en la percepción de rentas y arbitrios por distintos conceptos. Por ejemplo, los ingresos por el tercio diezmo y el me- són que tenía la ciudad en Canals le suponían una cuantía de cerca de 550 li- bras. Una suma considerable, y la ciudad, con un grave problema económico, puesto que debía abonar a sus acreedores censalistas unas cantidades importantes todos los años, no estaba dispuesta a renunciar a ninguna de las partidas de las que se nutrían sus ingresos.
Finalmente, debemos recordar las estrategias de estas pequeñas oligarquías locales, como las de Canals y su relación con la ciudad de San Felipe. Las dos facciones tenían intereses contrapuestos, pero conducentes todos ellos a la mis- ma finalidad: asegurarse el control de su reducida parcela de poder y afianzar su preeminencia. Un grupo lo haría enfrentándose con la ciudad de quien dependía jurisdiccionalmente, en un reiterado y tradicional intento de incorporarse a la Co- rona; el otro grupo utilizaría una táctica diferente, que le llevaría a aliarse con la ciudad, de manera que pudiera asegurarse casi continuamente el control de los oficios de gobierno de su municipio, lo que beneficiaba a aquélla, puesto que se garantizaba el control y tranquilidad de la población, junto con las nada desde- ñables rentas que percibía de la misma, así como asegurarse el suministro de agua.
Por su parte, la ciudad de San Felipe logró controlar por muchos años esta población cercana e impidió lo que otras integrantes de su corregimiento lograron: la segregación. Para ello no dudó en utilizar los recursos políticos y económicos que le garantizaran ese dominio, dejando bien sentado a quien pertenecía la jurisdicción de la baronía de Canals. Mantener la llama del conflicto y de las parcialidades llegó a constituirse, para unos y otros, en la garantía de su poder, real o deseado.
4.3 San Felipe versus Ontinyent: entre la «sujección debida» y la eficacia administrativa
Varios autores han estudiado la implantación de los corregimientos en el Reino de Valencia, al término de la Guerra de Sucesión. Entre ellos, Encarnación García Monerris, quien, además, nos explica el caso concreto del corregimiento de Valencia, capital del territorio;[86] y Enrique Giménez López,[87] el cual, en su capítulo relativo a los cambios corregimentales ocurridos en Valencia en la segunda mitad del siglo XVIII, nos dice que es en esta época cuando se produjo otro avance de las posiciones civilistas, cuando un decreto del 5 de octubre de 1752 suprimía, precisamente, el gobierno de alcaldes ordinarios que regía la villa de Ontinyent y designaba en su lugar un corregidor letrado, puesto que ocupó el licenciado Lorenzo Ramos Espinosa, que anteriormente había sido alcalde mayor de Cartagena.[88] No obstante, al Corregimiento de Ontinyent, paradójicamente, no se le asignó territorio ni jurisdicción, puesto que ésta la ejerció siempre la ciudad de San Felipe, como constaba en el real decreto promulgado por el monarca Fernando VI en el Buen Retiro, en 28 de noviembre de 1752, y en la documentación de la época:[89] «sin haber hecho señalamiento de Pueblos que le constituyesen [...] y por la subiugación que se reconoce a la Governación de San Felipe [...]» Sin embargo, bien pronto la villa de Ontinyent comenzó a reivindicar su emancipación de aquélla, puesto que ya en el año de 1765 remitió un memorial a la Audiencia solicitando la separación. Los argumentos aducidos por la villa se basaban en razones de índole geográfica y económicas:[90]
Que V. M. ha sido dignado poner en ella [en Ontinyent] un Corregidor de Letras por ser una de las más populosas del Reyno de València y hallándose a la inmediación de una legua y menos los lugares de Ayelo de Malferit, Bocayrente, Alfafara, Agullente, Alfort, Albayda, Adzaneta, Lugar de Palomar, Ollería, Otos, Alfarrasí, Belgida, Beniajar, Bufali, Carricola, Montaverner, Fuente la Higuera, todos del corregimiento de San Felipe, Agres y Bañeras del Alcoy, que por su distancia estos experimentan graves perjuicios [...]
A partir de ese momento, la ciudad de San Felipe mantuvo otro frente judicial, este de mayor envergadura si cabe que los que hemos analizado anteriormente. Si la petición y recurso de la villa de Ontinyent prosperaba, ya no se trataba de un lugar o un municipio, sino prácticamente una tercera parte del territorio que integraba su corregimiento. El caso comportaba no sólo la pérdida de territorio, sino consecuencias políticas y económicas. Esto hubiese acentuado todavía más, si cabe, la decadencia de la ciudad; una ciudad que llegó a ser la segunda del reino, cosa que no podía tolerarse desde San Felipe, y que provocó la intervención del propio corregidor, dada la gravedad de la circunstancia.
Es interesante analizar la pugna jurídica que se desarrolló a través de los sucesivos memoriales, y considerar de su resultado factores tales como hasta donde llegaba el poder e influencia de cada una de las partes y qué mecanismos se utilizaron para hacer decantar la definitiva decisión hacia uno u otro contendiente. Por supuesto que no tardó la ciudad de San Felipe en replicar a los argumentos de la villa de Ontinyent,[91] a través del propio corregidor, D. Antonio José Subiela y Mendoza, que a su cargo de corregidor político añadía el de militar, con el grado de coronel. San Felipe ya no era plaza de armas, pero estuvo gobernada por militares a lo largo de todo el siglo XVIII y principios del XIX. Hacemos este inciso, puesto que uno de los argumentos de peso que arguyó la ciudad fue, justamente, los condicionantes militares a los que podía hacer frente fácilmente San Felipe y no Ontinyent, en opinión del Sr. Subiela. A este argumento de tipo militar, y por extensión, se le añadía el geográfico, que le impedía atender con garantía una responsabilidad de primer orden, como era proveer las necesidades de las tropas.
Así, a las razones de tipo geográfico planteado por Ontinyent de disponer de una zona ampliamente poblada, San Felipe replicaba que se encontraba entre montañas de difícil acceso y a las que solo se podía llegar a través de puertos de montaña, pues «las dichas villas de Onteniente están en un rincón del Reyno [...]». Además, contradecía las medidas geográficas especificadas en el memorial presentado por Ontinyent sobre distancias de los lugares relacionados respecto de esa villa. Por eso mismo, había poco tránsito de tropas, por las dificultades que comportaba el paso por una zona tan abrupta, y, además, aducía