las iniciativas de negociación se exacerbó el conflicto en Centroamérica. Para 1982 la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua había perdido a la mayor parte de sus miembros moderados, algunos de los cuales se integraron a las filas contrarrevolucionarias. Los sandinistas, por su parte, firmaron un acuerdo de cooperación económica con la Unión Soviética y estrecharon lazos con el Bloque Socialista. Esta alianza era vital para consolidar sus fuerzas armadas y defender el proyecto revolucionario. Desde luego Estados Unidos tuvo en ello el pretexto ideal para endurecer sus medidas económicas y políticas contra el gobierno nicaragüense y redoblar su apoyo a los grupos contrarrevolucionarios instalados en Honduras, Costa Rica y la Costa Atlántica.
En El Salvador, el FMLN había logrado resistir las ofensivas del ejército contra sus bastiones rurales en el centro y oriente del país a pesar de la campaña de tierra arrasada emprendida por las fuerzas gubernamentales que cobró miles de vidas y provocó la salida de masiva de refugiados hacia México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Belice. Gracias a la asesoría y al armamento recibido de países como Cuba, Vietnam y Libia, la guerrilla salvadoreña pudo consolidar sus fuerzas e iniciar acciones ofensivas de mayor envergadura. De manera paralela, la ayuda estadounidense permitió al ejército gubernamental multiplicar sus efectivos e incrementar su arsenal (incluyendo la renovación total de su fuerza aérea). Asimismo, un centenar de asesores y agentes de inteligencia norteamericanos fueron desplegados en El Salvador. Su presencia fue clave para cohesionar al ejército y redefinir la estrategia contrainsurgente.
De manera paralela al recrudecimiento de la guerra tuvieron lugar en El Salvador importantes procesos de transformación política auspiciados por Estados Unidos. En marzo de 1982 se celebraron elecciones generales para elegir una Asamblea Constituyente y aunque la guerrilla intentó boicotear las votaciones estas se llevaron a cabo. En este proceso quedó de manifiesto que la Democracia Cristiana y el naciente partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de ultraderecha, no eran solo los principales referentes del juego electoral, sino que tenían gran poder de convocatoria y contaban con un efectivo respaldo social. En esta medida, la rebelión popular daba paso a una auténtica guerra civil. Cuando en mayo la Junta encabezada por José Napoleón Duarte entregó el poder al presidente provisional Álvaro Magaña, El Salvador se hallaba en guerra pero también estaban en curso cambios fundamentales de carácter social, como la reforma agraria, y había iniciado la renovación “democrática” del sistema político.
En Guatemala las cosas siguieron un rumbo muy distinto. A pesar de contar con amplio respaldo popular, la guerrilla no alcanzó a consolidar sus fuerzas militares y sufrió graves reveses en el campo y la ciudad desde mediados de 1981, cuando el ejército inició su gran ofensiva contrainsurgente. La represión y las masacres se recrudecieron tras el golpe de Estado de marzo de 1982 que llevó al poder al general Efraín Ríos Montt. Además de cobrar miles de víctimas civiles, la campaña de tierra arrasada provocó la huida en masa de campesinos indígenas hacia territorio mexicano dando lugar a una crisis humanitaria de grandes proporciones que colocó a nuestro gobierno en una situación sumamente comprometida.
En cuanto al resto del Istmo, Panamá había sufrido un duro golpe con la sospechosa muerte del general Omar Torrijos en un accidente de aviación. Si bien el gobierno panameño se mantuvo al lado de Nicaragua y de los revolucionarios salvadoreños, su activismo regional se redujo notoriamente. Costa Rica se alineó plenamente con Estados Unidos. El presidente Luis Alberto Monge entabló una dinámica de confrontación con el gobierno sandinista y toleró que la Contra nicaragüense operara en su territorio.
Honduras era un caso extremo. Se había convertido en pieza fundamental de la estrategia estadounidense para combatir la revolución en Centroamérica. No solo su gobierno estaba plegado a los designios de Washington, sino que, desde el año anterior, el territorio nacional albergaba instalaciones militares estadounidenses donde se coordinaban misiones de inteligencia y operaciones especiales contra Nicaragua y el FMLN. Además, el ejército y las fuerzas de seguridad colaboraban abiertamente con la Contra nicaragüense que había sentado sus reales en zonas aledañas a la frontera con Nicaragua. A la vez libraban una “guerra sucia” contra las pequeñas agrupaciones guerrilleras de Honduras y las guerrillas de El Salvador que trasegaban armas a través del país.
Dada la situación, el panorama catastrófico descrito por Gustavo Iruegas en la reunión de embajadores parecía concretarse. La guerra comenzaba a desbordar las fronteras. Inevitablemente la intromisión de Estados Unidos y sus aliados por un lado, y de Cuba y el bloque socialista por el otro, situaba el conflicto regional en el marco de la confrontación Este-Oeste. Por si fuera poco, que Estados Unidos tuviera tropas y aeronaves estacionadas en Honduras y realizara periódicamente maniobras navales en los litorales centroamericanos, hacían patente la amenaza de una intervención militar directa, la cual incluso se podría extender a Cuba.47 En este escenario los espacios de acción de la diplomacia mexicana se estrechaban críticamente.
En agosto de 1982 se presentó la oportunidad de impulsar otra vez una acción colectiva con respecto a Centroamérica, cuando el presidente venezolano Luis Herrera Campins propuso a México impulsar de manera conjunta una nueva iniciativa de diálogo. Ambos gobiernos acordaron convocar por escrito a cada una de las partes confrontadas con quien tuvieran, respectivamente, mayor cercanía política. De esta manera quedaba atrás el distanciamiento que se había producido a raíz de la Declaración Franco-Mexicana. Si bien ante la negativa de algunos gobiernos alineados con Estados Unidos dicho esfuerzo no rindió frutos en lo inmediato, unos meses después, iniciando el sexenio de Miguel de la Madrid, habría de dar lugar a la iniciativa de paz del Grupo Contadora.
Consideraciones finales
Hemos visto que la política de López Portillo hacía Centroamérica no se constituyó de hechos aislados ni de acciones casuísticas, sino que de manera sistemática se propuso respaldar los procesos de cambio sociopolítico que apuntaban a la instauración de gobiernos revolucionarios en el Istmo. Esta decisión estuvo determinada por la evolución de los conflictos internos en los propios países centroamericanos y la actitud adoptada ante ello por la administración Carter. Pero también gravitaron en ella de manera específica los ambiciosos planes de desarrollo económico planteados por la presidencia de la república, el contrapunto con Estados Unidos en torno a la cuestión petrolera y la intención de renovar la legitimidad interna del régimen priísta en concordancia con la reforma política de 1977.
Entre 1978 y 1981 se establecieron las principales pautas del involucramiento mexicano en Centroamérica, a saber:
La interpretación de los conflictos en Nicaragua, El Salvador y Guatemala como procesos de origen interno que expresaban la necesidad apremiante de cambios políticos, económicos y sociales.
Respaldo económico y político al gobierno sandinista de Nicaragua y establecimiento de relaciones, acuerdos políticos y mecanismos de colaboración con grupos insurgentes de El Salvador y Guatemala.
Acogida de asilados y refugiados y denuncia de violaciones graves a los derechos humanos.
Oposición abierta a la política intervencionista de Estados Unidos.
Promoción y acompañamiento de soluciones negociadas tanto en el caso de la confrontación regional y como de los distintos conflictos nacionales.
Es de subrayar que todas las iniciativas en pro del diálogo y la negociación presentadas por México desde la Declaración Franco-Mexicana en adelante fueron planteadas cuando el país enfrentaba la peor crisis económica que había sufrido después de la Revolución. Esto significaba entrar “en un plano de confrontación con los Estados Unidos”, a decir del canciller Castañeda, pero al mismo tiempo debía considerarse que dicho país era el principal acreedor y socio comercial de México, y que tenía un peso decisivo en los organismos financieros internacionales, por lo cual una buena relación con Washington resultaba crucial para paliar la crisis. Sobre esta situación
