La transición española. Eduardo Valencia Hernán
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El 28 de febrero de 1976 se reunió la XIV CPAC, con la asistencia de 91 representantes. Como ocurría en las últimas convocatorias, antes de la entrada en materia política, se dedicaba un corto espacio de tiempo a la presentación de las nuevas incorporaciones de la Asamblea. En esta ocasión la novedad fue la presencia de un representante de los Trabajadores de la Administración Pública (TAP) y otro de la Asamblea de Cataluña de Toulouse. A continuación, el debate se centró en las manifestaciones del 8 de febrero de 1976 llegando a la conclusión generalizada de que fueron los actos de afirmación catalana más importantes registrados desde 1939, resaltando el ejemplo de comportamiento cívico realizado en Sabadell y algunas referencias también a los conflictos de funcionarios, construcción y enseñanza. Seguidamente se formularon propuestas hacia la constitución de los ayuntamientos democráticos planteando previamente la petición de dimisión de los actuales consistorios y la elección democrática de éstos en el marco irrenunciable del nuevo Estatuto de Cataluña en plena elaboración.
En la reunión, alguno de los asistentes, con cierto delirio pasajero, expresaba en voz alta la similitud que podrían producir unas elecciones municipales libres como las del 12 de abril de 1931, que provocaron la caída de la Monarquía y la llegada de la II República. Sin embargo, las conclusiones finales a la que llegaron los representantes presentes se concretaron en el “Manifiesto por la Democracia” que era el documento donde se exponían las bases imprescindibles para la puesta en marcha de los Ayuntamientos democráticos. Estas propuestas pasaban por el reconocimiento y la participación de todos los partidos políticos, sin exclusiones, en el marco de una plena libertad de expresión y propaganda; por unas elecciones por sufragio universal de la totalidad de los consistorios; por la liquidación del sistema corporativista de los Tercios familiares y por el derecho de voto a partir de los 18 años.
Así, pues, nuevamente la maquinaria reivindicativa se puso en marcha, esta vez en apoyo al manifiesto elaborado y a la campaña proamnistía, estableciendo la Asamblea las próximas manifestaciones entre los días 2 y 5 de abril, siguiendo el mismo protocolo de anteriores ocasiones para la petición oficial de autorización gubernativa. En esta ocasión el documento iba acompañado con la firma de 160 ciudadanos con renombre en la vida pública catalana, pero esta vez, el esfuerzo invertido no acompañó al resultado de la convocatoria, pues la participación ciudadana y la repercusión en los medios de comunicación fue escasísima aunque sí hubo ocasión para atizar dialécticamente al opresor de siempre. El portavoz del PSUC comentaba al respecto que:
“El cabeza de la represión en Barcelona, Sánchez Terán, vuelve a tropezar en la misma piedra aconsejado por el reformador dictatorial Fraga Iribarne (...) Como que la manifestación sería secundada por muchísimos ciudadanos, es peligrosa y no puede ser autorizada. La razón aludida no pudo ser más propia de un enemigo de las libertades elementales”.123
La manifestación del domingo 3 de abril fue efectivamente prohibida por el gobernador civil y disuelta posteriormente por la policía antes de llegar a la montaña de Montjüic, que era el destino final. El grupo más numeroso, unas tres mil personas que estaban concentradas entre las calles Villarroel y Consejo de Ciento, también fueron disueltas por la autoridad.124 Por el contrario, otra manifestación convocada por la Confederación de Combatientes, que celebraban la victoria de las tropas nacionales del 1º de abril de 1939, finalmente sí pudo seguir su curso en las instalaciones internas de las Atarazanas, en plena exposición de momias egipcias, donde representantes de la Agrupación de Hermandades de la Cruzada y de la División Azul pudieron escuchar el mitin a cargo de Luis de Caralt y Juan Sánchez Bustamante, con un enfervorizado público cercano a las mil quinientas personas.
A pesar de todos estos contratiempos, la Asamblea continuó utilizando esta nueva estrategia con otro intento infructuoso de presentar el Manifiesto por la Democracia al alcalde de Barcelona, Joaquín Viola, y a las autoridades municipales la tarde del día 4 de abril en representación de tres mil ciudadanos. El documento presentado llevaba la firma de: Josep Andreu Abelló, Pere Portabella, Joan Reventós, Miquel Sellarés, Joan Senent Josa, Joan Ramon Colominas y Salvador Corominas.125 Días después, en una nota difundida el 8 de abril por el SCPAC se hizo constar el menosprecio recibido por el consistorio al ser disuelta la manifestación, aunque, a pesar del fracaso mediático, se consiguió el objetivo de expandir el mensaje por toda Cataluña.
En el Prat de Llobregat algunos concejales colaboraron con los manifestantes, posicionándose a favor del Estatut de Cataluña. En Sant Cugat del Vallés se concentraron casi doscientas personas delante del consistorio; también en Hospitalet de Llobregat alrededor de mil personas de diversos barrios se concentraron frente a la Casa de la Vila; lo mismo ocurrió en Manresa, donde fueron ochocientos los implicados que acabaron disueltos por la policía; en Vic se llegó a las cuatrocientas personas y en Mataró se presentó un escrito al alcalde por los mismos motivos convocando una concentración pacífica de 15 minutos en la plaza Santa Ana de dicha población. También hubo protestas en la Universidad de Barcelona por los mismos motivos y, según Pax Christi, incluso dos captaires se pusieron en huelga de hambre por espacio de seis días en una iglesia de Lérida. En Santa Coloma de Gramanet también hubo concentraciones y en Barcelona llegaron a reunirse unas tres mil personas en la Plaza Sant Jaume, sin que tuvieran opción a entrevistarse con el alcalde, acabando su odisea con la disolución por las fuerzas del orden aunque algunos pudieron dirigirse a la tumba del obrero Manuel Fernández Márquez, muerto en los enfrentamientos de la Térmica del Besós.
Por otro lado, en relación con los trágicos sucesos ocurridos en Vitoria y Basauri, la Asamblea a través del SCPAC emitió un comunicado en marzo de 1976 denunciando la vergonzosa actuación de los espacios informativos de Televisión Española (TVE) por la manipulación que se ofrecía de estos hechos. Una acción que evidenciaba el doble juego del gobierno Arias en su intento aparente de cambio:
“La Asamblea de Catalunya −decía la nota− reafirma su voluntad de ofrecer una alternativa política, y de garantizar su realización con iniciativas pacíficas dentro de un orden plenamente democrático. Solo el reconocimiento inmediato de los derechos y libertades ciudadanas y el restablecimiento de un régimen democrático, tal como se propugna en los cuatro puntos de la Asamblea, pueden asegurar la paz ciudadana y eliminar la violencia (…), impidiendo que estos acontecimientos trágicos se repitan”. 126
El contenido del informe también hacía referencia a la conmemoración del X aniversario de la constitución del SDEUB en el convento de los Capuchinos de Sarriá. A tal efecto, Josep Mª Colomer (becario del Omnium Cultural) escribió un interesante artículo al respecto destacando la participación a favor de una universidad y una sociedad democrática, del profesorado y de los estudiantes en la Caputxinada. En el acto participaron: Francisco Fernández Buey, ex delegado de filosofía del SDEUB; Javier Paniagua, de Económicas; Rafael Serra, de Derecho de Sevilla; Albert Puigdomenech, de Arquitectura; Xavier Folch, profesor expulsado en 1966 y Manuel Sacristán, que participó en el manifiesto por una universidad democrática.127
Siguiendo la orden del día, a continuación se trataron las adhesiones y actividades de las Asambleas Democráticas, destacando la presentación de la AD del Buen Pastor, la Junta Sindical de Telefónica en Barcelona y la AD de Can Serra que elaboró una alternativa democrática municipal en Hospitalet de Llobregat.
El Partido Socialista Popular de Cataluña (PSPC) también solicitó