y administrativo que vivía la República, la Junta Militar, integrada por los comandantes generales de las fuerzas armadas, ha decidido asumir el gobierno de la nación argentina”.107 Con posterioridad fueron detenidos destacados dirigentes peronistas, ocupados los puntos estratégicos y, detenida la presidenta de la República, Maria Estela Martínez de Perón, que fue secuestrada y enviada a San Carlos de Bariloche, a 1800 Km de Buenos Aires.
El gobierno español, siguiendo con su política continuista pero con constantes altibajos, decretó a mediados de mes el nuevo salario mínimo interprofesional fijado en 345 pesetas/día y dio instrucciones de distribuir las nuevas monedas de veinticinco, cincuenta y cien pesetas con la efigie del monarca. Otro gesto simbólico sin precedentes fue la legalización de los nombres propios que pudieron registrarse a partir de entonces en cualquiera de las lenguas españolas. Sin embargo, estos pequeños gestos de apertura no fueron percibidos suficientemente por la ciudadanía y menos por la clase obrera que seguía en su lucha contra la represión y la censura mediante las incesantes manifestaciones y huelgas laborales extendidas por toda la península. Esa era la realidad y no otra, con un constante control represivo que no cejaba en su empeño y con una censura que daba sus últimos coletazos. Claro ejemplo de ello fue la suspensión de un recital de Lluís Llach, convocada por la JDE, en la Universidad de La Laguna.
El 4 de marzo de 1976 se registraron grandes manifestaciones en diferentes localidades de la geografía española. En Tarragona, el despido de treinta trabajadores de la refinería Empetrol provocó una serie de manifestaciones y enfrentamientos con la policia, resultando de los incidentes la muerte accidental de Joan Gabriel Rodrigo Cano, de 19 años. Sin embargo, el epicentro de la lucha obrera se habia trasladado al País Vasco, registrándose grandes manifestaciones en Vitoria debido al conflicto surgido a principios de enero en las empresas, Forjas Alavesas y Mevosa, provocado por los despidos de numerosos obreros y la intransigencia de los empresarios. La violencia policial llegó a niveles incontrolados siendo la lucha desigual por lo que las jornadas de protesta acabaron con la vida del obrero José Mª Martínez Ocio y del estudiante Miguel Ortiz de 17, junto con más de cuarenta heridos. La huelga fue de carácter general, calculándose más de trece mil obreros en la calle y se expandió a otras ciudades como Pamplona, Bilbao y San Sebastián que ya sufrían los azotes perpetrados por ETA y la recién nombrada ATE (antiterrorismo ETA) que el último de mes habia realizado un doble atentado. Cuatro días después de iniciada la revuelta falleció el obrero de 18 años, Vicente Antonio Ferrero, por disparos de la Guardia Civil durante una manifestación de protesta por los asesinatos de Vitoria, siguiéndole seis días después el trabajador Juan Gabriel Rodrigo que cayó desde una azotea al intentar escapar de las fuerzas del orden.
En Cataluña, los huelguistas ya rondaban los sesenta mil trabajadores en la provincia de Barcelona, extendiéndose el conflicto a Gerona con paros en las artes gráficas, el ramo del agua y la construcción. Dicha huelga coincidió con la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, y por tal motivo, el 9 de marzo llegó a Barcelona como apoyo al evento tan señalado una representación formada por tres mujeres del Comité d’Information et Solidarité avec l’Espagne (CISE). En un primer momento, la importancia política de esta visita no debía pasar de anecdótica; sin embargo, el interés adquirido por las diferentes estancias del poder establecido en la ciudad condal, indicaba un cambio de actitud aperturista ante los movimientos de liberación sexual y cultural que provenian del otro lado de la frontera. En su breve estancia dichas personalidades tuvieron ocasión de visitar desde la cárcel para mujeres de la Trinidad, pasando por las protocolarias audiencias ante el arzobispo de Barcelona y el gobernador civil, hasta la inevitable entrevista con el Padre Xirinachs. Recordemos que la influencia mediática de este sacerdote en aquellos días era considerable y su mensaje se iba extendiendo a lo largo de todo el principado; vease como ejemplo la actitud protagonizada por el captaire de la pau, Ricard Gamundi, cuando inició una huelga de hambre y silencio en la iglesia de Sant Pere de Figueres, promoviendo la publicación de su manifiesto titulado “Si quieres paz no prepares la guerra”.
Una semana después, mientras se consumaba el secuestro gubernativo del libro titulado Una española llamada Dolores Ibarruri, de la escritora Teresa Pàmies,108 se realizó la primera manifestación autorizada en Barcelona desde el final de la guerra civil con motivo de la derogación de la Ley de Prensa. Con los slogans dedicados a la libertad de expresión y el secreto profesional, unos quinientos periodistas exigían la supresión de las jurisdicciones especiales; la protección ante posibles presiones de grupos políticos y económicos, de las autoridades públicas y los intereses empresariales; la amnistía para los posibles delitos de prensa e imprenta cometidos hasta la fecha y de todas aquellas causas que se hallaban en distintos momentos procesales, refiriéndose directamente a la causa contra el periodista José Mª Huertas Clavería que todavía se encontraba en prisión.109
La manifestación estuvo encabezada por los firmantes de la petición al Gobierno Civil de Barcelona: Enrique Arias, Carlos Pastor, Josep Mª Cadena, Joan Anton Benach y Josep Mª Lladó, portando en la pancarta el slogan ¡Llibertat d’expressió! Otras eran, ¡Prou agresions i mes llibertats!; ¡Som periodistes, no som confidents!; ¡Llibertat, Amnistía, per en Huertas Clavería!; ¡Volem amnistía per en Huertas Clavería!; ¡Llibertat, Amnistía, Estatut d’Autonomia!; etc.
Todo daba a entender que el gobierno seguía inmerso en constantes contradicciones, reprimiendo por un lado actos o conatos a favor de la apertura política y social110 y por otro autorizando progresivamente manifestaciones o haciendo la vista gorda en presentaciones públicas de partidos ilegales y nuevas organizaciones. Vease como ejemplo que, del mismo modo que la Asamblea y el CFPC, todavía ilegales, se presentaban publicamente en la Universidad de Barcelona sin ningún problema; en otros sectores políticos continuaban las detenciones sin reparos de activistas de signo izquierdista. Sin embargo, estaba claro que alguna razón tendría el gobierno para actuar de esta manera aunque en aquellos momentos nadie se parara a pensarlo. En consecuencia, para el nuevo gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, esta estrategia fue utilizada en la linea de: autorizar en un principio progresivamente las manifestaciones, manteniendo a su vez los contactos políticos con los dirigentes de las diferentes tendencias; y por otro lado, no autorizar la existencia de partidos totalitarios de derecha e izquierda, excluyendo en su totalidad el anarquismo y el terrorismo.111
A mediados de marzo de 1976, el gobierno Arias nombró al teniente general Francisco Coloma Gallegos, capitán general de la IV Región Militar.112 Mientras tanto, en Madrid comparecían en consejo de guerra un comandante del Ejército de Tierra y ocho capitanes de la Unión Militar Democrática (UMD) acusados de conspirar para el delito de sedición, acto tipificado en el artículo 303 del Código de Justicia Militar. El juicio fue registrado como la causa 250/75, presidiendo el Tribunal militar el general de división, Federico Gómez de Salazar, exgobernador del Sahara español. Las penas a las que se enfrentaban los procesados iban entre tres y 12 años, siendo los encausados: el comandante Luis Otero Fernández; los capitanes Restituto Valero Ramos, José Fortes Bouzan, José Reinlein García-Miranda, Jesús Martín Consuegra y López de la Nieta, el capitán de caballería Manuel Fernández Lagos, los capitanes de artillería Fermín Ibarra Renés y Antonio García Márquez y de aviación Abel Jesús Ruiz Cillero.
Este juicio aportó a la oposición democrática nuevos argumentos para denunciar la política represiva del gobierno y puso en evidencia el pretendido aperturismo de Arias Navarro, que solo se manifestaba legalizando partidos y asociaciones afines al régimen, como fueron: Unión Nacional Española (UNE), Frente Nacional Español (FNE), Unión del Pueblo Español, ANEPA, Reforma Social Española y Asociación Política Proverista. Mientras tanto, por otro lado negaba la entrada en España al dirigente carlista, Carlos Hugo, expulsado en 1968 o hacía la vista gorda en las presentaciones públicas de partidos enmarcados en la extrema izquierda. Vease el caso de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), organización enraizada en el País Vasco y Navarra que tenía sus orígenes en la Alianza Sindical de Trabajadores (AST) y que se autodefinía como marxista-leninista sustentando tesis maoístas (ver a fines de 1975 la Unión de Juventudes Maoístas). Esta formación formó parte de la Asamblea pero se auto excluyó de la Plataforma Democrática por no
