presenta el Instituto de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México –IASIS– destaca, entre los resultados preliminares del censo de 2017, 4.354 personas en el espacio público y 2.400 en albergues públicos o privados. El 87,3% corresponde a hombres y el restante 12,7% a mujeres. El 1,9% corresponde a niñas y niños, el 3,7% a personas mayores de 60 años. Las causas por las que se integran a las poblaciones callejeras son los problemas familiares (39%), los económicos (28%), las adicciones (14%), mientras que el 55% padece problemas mentales. El 34% dijo que permanece en la calle por no tener otra opción, el 10% eligió vivir en dicha condición, el 6% no ha aceptado los servicios que se le ofrecen al igual que un 6% dice que por otros motivos y finalmente un 5% por ser discriminados y excluidos (IASIS, 2017). El censo de la población habitante de calle se preparó durante más de ocho meses y se espera realizar cada dos años como parte de un ejercicio de justicia social en donde se pueda saber si las políticas públicas han sido adecuadas para este sector de la población.
Quito contaba con cerca de 2´645.000 habitantes, cuando en 2017 se estimó que alrededor de 3.500 personas vivían en estado de mendicidad. La mayor proporción (37,1%) se localizaba en el Centro Histórico, seguida de la zona Eloy Alfaro (17,5%) y de La Mariscal (12,7%). La mayoría de las personas son adultos (69,7%) y adultos mayores (11,2%), siendo la mayoría varones y de población principalmente mestiza (63,8%), seguida por indígenas (21,2%) (El Telégrafo, 2017). De otro lado, se establece en 4.694 las personas “con experiencia de vida en calle”, de las cuales el Patronato Municipal San José acoge 2.781. La situación de mendicidad se agravó desde 2006 cuando el centro psiquiátrico San Lázaro, que funcionaba en el centro, se cerró y varios de sus pacientes no fueron reubicados y quedaron en la calle (Jácome, 2017).
Quito fue declarada en 1978 como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, condición que ha sido aprovechada como otros lugares con la misma distinción para promocionar el turismo (Del Pino, 2010, p. 57; citado por Vaca Granja, 2014, p. 11). El control que realiza el Distrito Metropolitano por la conservación del patrimonio, así como la regulación del espacio público, hace que “muchas de las actividades como el comercio informal, las ventas ambulantes y el pedir caridad en las calles del centro se prohíben” (Vaca Granja, 2014, p. 18). Los adultos mayores en situación vulnerable son atendidos principalmente por las instituciones religiosas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas. Según Vaca (2014, p. 13) “la institución que representa al Estado en la ciudad de Quito es el Municipio, el mismo junto con la Fundación Patronato se encuentra ejecutando el proyecto Erradicación Progresiva de la Mendicidad en el Distrito Metropolitano de Quito, este programa trabaja con niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades especiales”. Los ancianos, quienes son abandonados de forma intencional por sus parientes, además de vivir en la calle son estigmatizados y se ven envueltos en prejuicios que profundizan la “problemática de violencia estructural que tiene que vivir este grupo marginado, pues al habitar el Centro Histórico deben entrar en la dinámica de control ejecutada por parte del Municipio de Quito” (Vaca Granja, 2014, pp. 17-22), pues su presencia obstruye el turismo.
Un fenómeno coetáneo que se presenta en el centro histórico de la ciudad es el relacionado con el trabajo sexual el cual, después de un proceso entre 2001 y 2002 de reordenamiento urbano y de recuperación del casco colonial en el que se clausuraron casas de tolerancia y se planeó la reubicación de las trabajadoras sexuales, conllevó a que 450 mujeres optaran por ofrecer sus servicios allí. Su reubicación tardía, que comenzó en 2006, llevada a cabo con acciones coercitivas y sin la infraestructura adecuada, ha implicado que una parte importante de las trabajadoras sexuales se queden laborando en las calles en condiciones de inseguridad, estigmatización, discriminación social y sometidas a la persecución por parte de las autoridades (Álvarez y Sandoval, 2013).
El Gran Buenos Aires cuenta con una población cercana a los 12´800.000 habitantes, y Buenos Aires alrededor de 2,9 millones de habitantes. El censo realizado por 40 organizaciones con el apoyo del Ministerio Público, el Consejo de Organizaciones de la Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la Auditoría General, todas instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, produjo un informe en el que se señala que para 2016 “el gobierno de la ciudad dijo que había 876 personas en esa situación [de calle], casi lo mismo que en el 2012 y 2014, y apenas unas 100 personas menos que lo que registró en el 2015 (n=924)” (Proyecto 7, 2017). Para 2017, la cifra se elevó a 1.066 personas, según el gobierno de la ciudad. En dicho informe se muestra que, por la tendencia del Estado a ignorar e invisibilizar la problemática, se denunció al gobierno de la ciudad para la revisión del dato registrado y a llevar a cabo un relevamiento anual junto con organizaciones de la sociedad civil. Debido a la negativa del gobierno de la ciudad se llevó a cabo el Primer Censo Popular de Personas en Situación de calle (PSC).
El resultado es que se censaron 4.394 PSC, de las que 3.800 son adultas, y los 594 restantes son niñas, niños y adolescentes (13,5%). Dentro de los menores de 18 años, 45% son mujeres. El 73% de los menores de quienes se obtuvo información va a la escuela cursando el nivel inicial, primario y secundario. El 93% de las personas adultas tiene algún nivel de instrucción: el 54% ha completado la primaria, 15% la secundaria y un 2% nivel de educación superior completo. El origen en su mayoría es porteño (62%), seguido de otras provincias argentinas (25%) y de países limítrofes (12%). Entre los motivos para ingresar a la situación de calle los principales son problemas familiares (41,5%), y dificultades económicas (34,9%), y solo un 10% de quienes respondieron la pregunta sostiene que es por adicción a drogas; también se encuentran como causas haber estado privados de la libertad y problemas de salud mental. Se señala en el informe que el 80% duerme en la calle y que 235 de las personas un año atrás no vivía en la calle lo cual da cuenta del riesgo de situación de calle para otras personas (Proyecto 7, 2017). El 70% ha sido víctima de una o varias formas de violencia social y/o institucional y en general se reviste un patrón de estigmatización estereotipos justificadores de violencia. Entre las redes de apoyo que les brindan ayuda se encuentran instituciones religiosas, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y grupos de amigos.
Las estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social de Chile daban cuenta de que en 2012 había 12.255 PSC en sus ciudades. Berroeta y Muñoz (2013, p. 4) precisan que el promedio de permanencia es de 5,8 años y que el 84% eran hombres. La Región de Valparaíso es la segunda en importancia en cuanto a PSC, encontrándose en las metrópolis de Valparaíso y Viña del Mar que el mayor contingente lo conforma el grupo etáreo de entre 25 y 59 años (67,9%), mientras que el 67% respondió contar con ingresos derivados de algún trabajo, el 56% pernocta en la vía pública y el 37,9% es PSC debido a problemas familiares. Existe un gran temor por la pérdida de la vida a manos de grupos neonazis, principalmente, asociado al control y disputa del espacio público (Berroeta y Muñoz, 2013, pp. 12 y ss.).
En el penúltimo capítulo se retomará el estudio de las políticas en varias metrópolis, cuyo rasgo principal es posible anticipar: la primacía de las políticas reactivas sobre cualquier otra alternativa de intervención del Estado y la sociedad. Por ahora, exponemos las contradicciones en torno a las causas de la habitabilidad en la calle en Bogotá.
1.4 DIALÉCTICA DE LAS CAUSAS DECLARADAS DE LA HABITABILIDAD EN LA CALLE
Si el encuentro con la calle es cruel para cualquier persona, el que lo depara con la droga no es ni mucho menos envidiable. Los estudios clínicos de Jacques (1999, citado por Rivera, 2007, p. 128) lo llevaron a concluir que a la toxicomanía la precede un “sufrimiento insoportable”, generalmente asociado a algún trauma de tipo sexual, de manera que la persona resuelve
