de admisibilidad 70/04. Petición 667/01 del 13 de octubre de 2004.
118 Artículo 4 del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la Pena de Muerte:
«El presente Protocolo entrará en vigencia, para los Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él, a partir del depósito del correspondiente instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)».
119 Un caso que fundamenta esta idea es: CIDH. Informe 3/87. Caso 9647. James Terry Roach y Jay Pinkerton (Estados Unidos), 22 de setiembre de 1987, Informe Anual 1986-1987, párrafos 58, 60 y 63. En dicha oportunidad, la CIDH admitió la no existencia de una norma consuetudinaria que establezca una edad mínima para la imposición de la pena de muerte, pero condenó a Estados Unidos por no haber regulado la aplicación de esta pena y haberla dejado a discreción de cada Estado de la Unión.
120 Corte IDH. Caso Wong Ho Wing vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de junio de 2015. Serie C 297, párrafo 134.
121 De conformidad con cifras publicadas por Amnistía Internacional (2017), 106 Estados han abolido pena de muerte para todos los delitos y 56 la retienen en su legislación. De estos últimos, 29 Estados no han realizado ejecuciones en al menos diez años.
122 Sin embargo, el 27 de junio de 2018, la Corte de Justicia del Caribe declaró que la sección 2 de la ley de delitos contra las personas de Barbados, que no es parte de este protocolo, era inconstitucional porque establecía la pena de muerte obligatoria. Este fallo se dio en relación con dos casos (Jabari Sensimania Nervais contra La Reina y Dwayne Omar Severin contra La Reina) que habían recibido, el 5 de mayo de 2018, una medida cautelar de la CIDH. En la Resolución 33/2018 la CIDH solicitaba a Barbados que se abstuviera de aplicar la pena de muerte. La Corte de Justicia del Caribe rectificó la sentencia recordando los compromisos asumidos por el Estado con ella misma y con la propia Corte Interamericana. La sentencia está disponible en: http://www.ccj.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-CCJ-19-AJ-1.pdf
123 Un caso relacionado con la aplicación de la pena de muerte en Trinidad y Tobago es el de Anthony Briggs. El señor Briggs había sido sentenciado a pena de muerte por el asesinato de Siewdath Ramkissoon y se encontraba recluido en la prisión estatal de Puerto España. En su petición ante la CIDH, alegó que el Estado había violado sus derechos por las inadecuadas condiciones carcelarias a las que se encontraba sometido, la excesiva duración de su detención antes del juicio, la falta de una representación jurídica suficiente y adecuada, y la presunta instrucción errónea por parte del juez. El 7 de mayo de 1998 la CIDH adoptó el Informe 37/98, en el que declaró la admisibilidad del caso. Más adelante, en su Informe 58/99 del 15 de abril de 1999, la CIDH concluyó que el Estado había violado el derecho del señor Briggs a ser juzgado dentro de un plazo razonable en tanto habían transcurrido tres años y tres meses entre el arresto y el juicio.
124 Artículo 21 de la Convención de Belém do Pará:
«La presente convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión».
125 Artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.
126 Artículo 8 de la Convención de Belém do Pará.
127 Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de 2006. Serie C 160, Punto Resolutivo 6.
128 Véase más: Corte IDH. Caso González y otras («Campo Algodonero») vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie C 205, Punto Resolutivo 4; Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de agosto de 2010. Serie C 215, Punto Resolutivo 7; Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2010. Serie C 216, Punto Resolutivo 6; Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de noviembre de 2014. Serie C 289, Punto Resolutivo 7; Caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de noviembre de 2015. Serie C 307, Punto Resolutivo 3.
129 Corte IDH. Caso González y otras («Campo Algodonero») vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie C 205; Corte IDH. Caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 19 de noviembre de 2015. Serie C 307; Caso I.V. vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de noviembre de 2016. Serie C 329.
130 Artículo XX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas:
«La presente convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión».
131 Artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
132 CIDH. John Jairo Palacios (Colombia). Medida Cautelar 383/10, 23 de noviembre de 2010.
133 CIDH. Hernán Henry Díaz (Colombia). Medida Cautelar 131/12, 11 de junio de 2012.
134 CIDH. Juan (Argentina). Medida Cautelar 17/17, 7 de abril de 2017.
135 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de mayo de 2010. Serie C 212, párrafo 85; Caso Gudiel Álvarez y otros («Diario Militar») vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de noviembre de 2012. Serie C 253, párrafo 193; y Caso Rodríguez Vera y otros
