para que éste lo reciba al sargento mayor.
5º No podrá el Ejecutivo provisorio disponer de las tropas de ejército y milicias en servicio extraordinario, ni extraerlas de sus partidos sin aprobación del Congreso, el que se reserva proveer los empleos de este ramo desde capitanes inclusive, y todo grado militar.
6º En los demás ramos hará la provisión el Ejecutivo a consultas de los jefes, y las de éstos las pasará en ternas al Congreso, para que vea si están o no arregladas a la ley, el que las devolverá con su declaración, que será última para que a nombre del Rey libre el Ejecutivo los respectivos despachos que contendrán en su relato y a la letra la resolución del Congreso, pasándose igualmente y para el propio fin los decretos de empleos cuya dotación exceda de cuatrocientos pesos anuales.
7º Los recursos sobre provisiones de la autoridad ejecutiva serán admisible en el Congreso, en primer orden y para declarar si son o no conformes a la ley, instaurándose con arreglo a ella y bajo su pena, reponiéndose al agraviado si instase con justicia.
8º Sólo es dado a la autoridad del Congreso crear y suprimir empleos, aumentar o minorar dotaciones, remover empleados y otorgar honores de gracia, exigiéndolo las circunstancias.
9º La autoridad ejecutiva no conocerá causas de justicia entre partes, sino las de puro gobierno, hacienda y guerra.
10º Las de hacienda tendrán sus alzadas ordinarias a la Junta de ella y sala de ordenanza, y las de guerra por el recurso de la ley de Indias, con la variación que en adelante formarán la Junta de Hacienda, el Vicepresidente del Congreso, Ministro más antiguo del Tribunal de Justicia, Contador Mayor, Ministro de Real Hacienda y Fiscal; y la alzada de guerra el mismo Vicepresidente, Subdecano del Tribunal de Justicia y Auditor de Guerra.
11º Las provisiones, resoluciones y sentencias del Poder Ejecutivo se suscribirán, para ser cumplidas, por todos los miembros que la compongan, o al menos por dos, anotándose en ellas mismas, con fe del Secretario, el que por enfermo o ausente no lo hace.
12º La arbitrariedad con que se ha usurpado el crimen de alta traición y su naturaleza misma, exigen que conozca de estos delitos el Poder Ejecutivo, sin quedar enteramente inhibido este Congreso para formar causas de esta clase, cuando lo tenga por conveniente. Para la ejecución de penas capitales falladas por cualquier poder o Juzgado del reino, se impetrará del Congreso el permiso instruido.
13º La Autoridad Ejecutiva llenará su objetivo conforme a la ley vigente; se compondrá de tres miembros con su Secretario y Asesor; y entre aquellos turnará la presidencia por meses, siendo su dotación dos mil pesos anuales, y las de éstos mil quinientos.
14º Las recusaciones de estos Vocales se arreglarán a la ley que detalla las de los Oidores.
15º La Autoridad Ejecutiva librará sobre el tesoro público todos los gastos ordinarios y extraordinarios que, siendo ejecutivos, no excedan de dos mil pesos, acordando los mayores con el Congreso que, por los sagrados objetos a que lo liga su representación, debe empeñarlo con preferencia.
16º Los Vocales nombrados al Despacho Ejecutivo jurarán en el Congreso fidelidad a los grandes objetos que éste proclama y sostiene, y la pureza de sus operaciones, de las que son responsables al Reino por las resultas de la residencia que se les tomará, al arbitrio de sus representantes en el tiempo y diputación que deleguen.
17º El Poder Ejecutivo provisorio en cuerpo tendrá de palabra y por escrito tratamiento de Excelencia y se le harán honores de capitán general de provincia, y cada miembro en particular el de Señoría dentro de la sala.
18º Asistirá en cuerpo a toda función de tabla.
19º Su duración es pendiente de la constitución del caso; y no formada está en el perentorio término de un año, expedirá en la comisión.
Tendrálo así entendido la Autoridad Ejecutiva para su puntual cumplimiento, y lo hará publicar y circular para que llegue a noticia de todos. Santiago de Chile y 8 de agosto de 1811. Manuel Pérez Cotapos, Presidente del Alto Congreso. Doctor Juan Cerdón, Vicepresidente. Agustín de Urrejola. José Antonio Soto Aguilar. Domingo Díaz de Salcedo. Luis Urrejola. Doctor Juan Infante. El Conde de Quinta Alegre. Manuel Fernández. Agustín de Eyzaguirre. Doctor Gabriel José de Tocornal. Marcos Gallo. Mateo Vergara. Francisco Ruiz de Tagle. José Nicolás de la Cerda. Doctor Juan José de Echeverría. Fernando Errázuriz. Juan José Goycoolea. Doctor Joaquín de Echeverría. Estanislao Portales. Javier Errázuriz. José Miguel Infante, Diputado Secretario”.
Este reglamento fue de carácter transitorio, pues como se señala en su preámbulo que “no está a sus alcances una abdicación tan absoluta antes de constituir la forma de gobierno de los tres poderes, cuyo deslinde es el paso prolijo y más espinoso en todo Estado”. Ello demuestra la racionalidad y prudencia de los congresistas a pesar que muchos de ellos impulsaban reformas más radicales.
Se consagró el principio de la separación de poderes, pero en forma confusa configuró un poder ejecutivo constituido por tres miembros que debían alternar la presidencia por meses y asistidos por un asesor y un secretario. No se estableció el plazo de duración, pero debía entenderse hasta que se dictara la Constitución. Reconocía como la máxima autoridad detentadora del poder al Congreso Nacional “como único depositario de la voluntad del Reino que conocerá exclusivamente del cumplimiento o infracción general de la ley”, ejerciendo el patronato, las funciones de relaciones exteriores y el mando de las tropas y provisión de empleos y cargos públicos.
No contempló normas de organización y funcionamiento de los tribunales, y no se establecieron normas de reconocimiento de derechos y garantías individuales.
La precariedad de este reglamento debe entenderse dentro del contexto de la falta de una cultura política y muy especialmente por el proceso de decantación de los ideales muy variados de los congresistas respecto de la forma de gobierno.
44. Disolución del Congreso Nacional
Conforme a lo dispuesto en el Reglamento para la Autoridad Ejecutiva, el Congreso Nacional con fecha 10 agosto 1811 procedió a elegir a los miembros de una nueva Junta de Gobierno y que estuvo constituida por Martin Calvo Encalada, Juan José Aldunate y Francisco Javier del Solar.
Esta elección significó la pérdida de poder e influencia por parte de algunas familias tradicionales, por lo cual éstas recurrieron al apoyo de Juan José, Luis y José Miguel Carrera quienes detentaban la calidad de jefes militares con poder sobre las milicias, y con fecha 4 septiembre 1811 éstos insubordinaron a las tropas e impusieron una nueva Junta de Gobierno formada por Juan Enrique Rosales, Juan Martínez de Rozas, Martin Calvo Encalada, Juan Mackenna y José Gaspar Marín.
En esta nueva Junta Gubernativa, sus miembros no demostraron condiciones políticas ni cualidades de poder de mando presentándose permanentes rencillas entre ellos, lo que facilitó el predominio e influencia de la familia Larrain y otras. Esta circunstancia motivó el descontento de los hermanos Carreras quienes prepararon una nueva asonada militar que se efectuó el 15 noviembre 1811 que resultó para ellos victoriosa, por lo cual la Junta de Gobierno fue reemplazada por otra compuesta de tres miembros que representaron a los tres provincias: José Miguel Carrera por Santiago, Juan Martínez de Rozas por Concepción y José Gaspar Marín por Coquimbo, quien no aceptó el cargo y presumiéndose que Juan Martínez de Rozas no aceptaría el cargo por encontrarse en Concepción, se nombró en su reemplazo a Bernardo O’Higgins quien sólo aceptó después de insistencias57.
El nuevo gobierno debió enfrentar fuertes resistencias con motivo del anuncio del establecimiento de nuevos impuestos para paliar el desfinanciamiento fiscal y la implantación de otras medidas económicas
