las concesiones de aguas se llega de dos maneras: mediante la petición de un particular (persona natural o jurídica) o por un colectivo de personas asociado con ese único fin. La asociación es una manera como una unión de personas identificadas en su interés por hacer un aprovechamiento de agua tramitan una concesión de aguas de dominio público y cumplen con todas las condiciones que esta impone, compartiendo los gastos y administrando el recurso de manera racional para el mejor aprovechamiento económico de los asociados.
Por lo anterior, no puede postergarse más la revisión y compilación de la normatividad nacional sobre el agua, en todas sus formas y disponibilidades. Como dice Óscar Darío Amaya (2018) en su estudio del agua desde la triple perspectiva del derecho constitucional, del derecho fundamental y derecho humano:
Nadie discute sobre la urgente necesidad de proteger el más importante recurso natural, especialmente en épocas actuales, en las que persisten su mal uso, las desigualdades sociales y la pobreza, y cuando se analiza cómo afrontar el reto del cambio climático (p. 25).
Gian Carlo Delgado Ramos8 (2017) sostiene que:
Si bien las nuevas perspectivas que conforman las mencionadas disciplinas híbridas como la ecología política, la economía ecológica, la ecología industrial, la antropología ambiental, la historia ambiental o ecológica, la ecología social, entre otras, retoman escuelas y escuelas de pensamiento previos, abren sin embargo una renovación e incluso replanteo del pensamiento y discurso sobre la naturaleza, la sociedad y la política, todo desde una visión cada vez más compleja e interdisciplinaria que busca identificar y responder los retos, así como atender la realidad imperante y los futuros posibles que de esa se puedan derivar (p. 177).
Y compartiendo de su lenguaje entreverado la urgencia de revisar la realidad en las relaciones sociales y económicas que surgen de las necesidades de usar los recursos hídricos. Y por eso, refiriéndonos solo a Colombia, es apremiante incluso que reglas antiguas para regular el uso de los recursos naturales sean actualizadas, derogándose estas, actualizándose y compilándose para ajustarlas a los nuevos retos que afrontamos y con mayor demanda, afrontaremos. La asociación de usuarios o canalistas, no va a desaparecer, pero sí debe dejar de considerarse un modo para adquirir los derechos de uso del agua.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AMAYA NAVAS, Ó. D. (2018). Agua y derecho constitucional en Colombia, vol. 1. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
AMAYA RAMÍREZ, G., & JARAMILLO C., J. M. (1937). Compilación sobre aguas. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Comercio.
BRUZZONE, E. (2009). Las guerras del agua. América del Sur, en la mira de las grandes potencias. Buenos Aires: Capital Intelectual.
CABANELLAS TORRES, G. (1997). Diccionario enciclopédico de derecho usual, t. I, 25.ª ed. Buenos Aires: Editorial Heliasta.
CAPONERA, D. (2014). Principios de derecho y administración de aguas (Alejandro Vergara Blanco, trad.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
CARDONA GONZÁLEZ, Á. H. (2004). Conflictos suscitados en los modos de adquirir el derecho a usar las aguas continentales y en su reglamentación. En AA. VV., Derecho de aguas, t. II. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
CARDONA GONZÁLEZ, Á. H. (2017). Características generales y clasificación de trámites ambientales. En AA. VV., Lectura sobre derecho del medio ambiente, t. XVII. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
DELGADO RAMOS, G. C. (2017). Hacia la conformación de nuevas perspectivas socio-ecológicas: una lectura desde el caso de la ecología política. En AA. VV., Ecología Política Latinoamericana, Colección Grupos de Trabajo, v. 1. Buenos Aires: Universidad Autónoma Metropolitana.
DEVIS ECHANDÍA, H. (1944). El régimen de las aguas en derecho colombiano. Bogotá: Editorial Antena.
ECOPETROL. (1994). Compendio de términos comunes utilizados en estudios ambientales de la industria petrolera. Bogotá: Sáenz Impresores del Caribe.
FRAUME RESTREPO, N. J. (2007). Diccionario ambiental. Bogotá: Ecoe Ediciones.
LORENZETTI, R. L. (2011). Teoría del derecho ambiental. Colección Internacional n.º 29. Bogotá: Universidad Javeriana - Editorial Temis.
MACÍAS GÓMEZ, L F. (1988). Introducción al derecho ambiental. Bogotá: Legis Editores.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. (2018). Uso y aprovechamiento del agua. Recuperado el 22 de agosto de 2018 de http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/administracion-del-recursohidrico/demanda/uso-y-aprovechamiento-del-agua.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA [FAO]. (2011). El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura. La gestión de los sistemas en situación de riesgo. Madrid: FAO - Mundi-Prensa.
PADILLA HERNÁNDEZ, E. (1999). Tratado de derecho ambiental. Bogotá: Ediciones Librería del Profesional.
PASTRANA BORRERO, M. (1999). Textos y testimonios en torno al medio ambiente (1969-1995). Bogotá: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - OP Gráfica.
PATIÑO POSSE, M. (1999). Derecho ambiental colombiano. Bogotá: Legis Editores.
PEREA VELÁSQUEZ, F. A. (1998). Derecho y medio ambiente. Medellín: Biblioteca Jurídica Diké.
PERRY RUBIO, G. (2019). Decidí contarlo. Bogotá: Debate.
SANTANDER MEJÍA, E. (2002). Instituciones de derecho ambiental. Bogotá: Ecoe Ediciones.
SIAC. (2020). Demanda y uso. Bogotá: Centro de Documentación SIAC. Recuperado el 12 de junio de 2020 de http://www.siac.gov.co/demandaagua
JURISPRUDENCIA
Corte Constitucional, sentencia C-126 del 1.º de abril de 1998, expediente D-1794, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
ROBERTH LESMES ORJUELA*
Inversión forzosa del 1 % Uso de agua y licencia ambiental
SUMARIO
Introducción. I. Inversión forzosa del 1 %. A. Marco normativo de la inversión forzosa del 1 %. B. Interpretación normativa de la inversión forzosa del 1 %. II. Naturaleza jurídica de la inversión forzosa del 1 %. A. Algunos antecedentes legales y jurisprudenciales. B. Unidad jurídica de los parágrafos 1.º y 2.º del artículo 43 de la Ley 99 de 1993. III. Ámbito geográfico de la inversión: acciones y obras. IV. Las autoridades ambientales responsables de aprobar y vigilar la inversión. A. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). B. Corporaciones autónomas regionales (CAR). V. Liquidación de la inversión forzosa. Conclusiones.
