fiduciaria, u otra forma jurídica, ejecuta las acciones y obras aprobadas en la línea de destinación establecida en el POMCA, o en la formulación y adopción de dicho plan de la cuenca hidrográfica de la que hizo uso.
Como elemento principal de la naturaleza jurídica de la inversión forzosa del 1 % que surge por disposición del Legislador, debe seguir lo preceptuado por los parágrafos 1.º y 2.º del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 321 de la Ley 1955 de 2019.
III. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVERSIÓN: ACCIONES Y OBRAS
Entendida la naturaleza jurídica de la inversión forzosa del 1 %, esta se transfiere directamente por el titular de la licencia ambiental a favor del patrimonio común de la Nación, en acciones y obras que mejoran los bienes de dominio público (artículos 83 y 84, Decreto 2811 de 2011) que conforman la cuenca hidrográfica que alimenta la fuente hídrica de la que hizo uso, con la finalidad de propiciar su recuperación, conservación, preservación y vigilancia, en aplicación del principio de desarrollo sostenible.
Es importante anotar que los recursos liquidados por la inversión forzosa del 1 %, el titular de la obra, proyecto o actividad los mantiene en su poder y dominio, toda vez que la ley no dispuso su transferencia en efectivo a las autoridades ambientales, como sí ocurre con las tasas y contribuciones por uso del agua previstas en el título VII de la Ley 99 de 1993. Se entiende que el titular de la licencia es su depositario y ejecutor de dicha inversión, directamente o a través de entidades fiduciarias que por cuenta del responsable, y con precisas instrucciones cumplirá las acciones y obras de recuperación, conservación, preservación y vigilancia especificadas en programas y subprogramas indicados en el POMCA, o en la formulación y adopción de este instrumento, como líneas de inversión únicas prevista en la ley que deberá aprobar la autoridad ambiental respectiva.
Aunque valga la referencia que esta inversión puede ser entregada a la corporación autónoma regional para que realice la inversión, pues no existe prohibición al respecto, o de lo contrario, cómo se entendería la inversión forzosa de los bonos de seguridad; en este caso, no es posible imaginarse que los obligados de esta clase de inversión forzosa puedan realizar acciones y funciones de seguridad nacional vedadas para los particulares.
Para el caso de los proyectos, obras o actividades licenciados por la ANLA, en virtud de los principios de coordinación, colaboración y subsidiariedad, se debe establecer la determinación de las acciones y obras que se pueden autorizar para aprobar la línea de destinación con las corporaciones autónomas regionales. Estas son las administradoras de los recursos naturales renovables y del ambiente en el ámbito regional según las competencias establecidas, y las gestoras responsables de los POMCA. Esta posición se sustenta en lo dispuesto por el artículo 23, parágrafos 1.º y 2.º del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, el artículo 321 de la Ley 1955 de 2019 y el literal h del artículo 314 del Decreto 2811 de 1974.
Sin embargo, el Decreto Reglamentario 2099 de 2016 identifica y limita las acciones y obras a desarrollar en POMCA, o en su formulación y adopción, lo cual, en nuestro criterio, modifica lo dispuesto en la ley en relación al fin propuesto por la inversión forzosa del 1 %, en acciones como limitar al 10 % el destino para formular y adoptar el POMCA, en la adquisición de bienes fiscales o en donaciones para entidades públicas o territoriales. Para empezar, se revisa la línea y ámbito geográfico de la inversión, según el citado decreto reglamentario:
a. Acciones de protección, conservación y preservación a través restauración ecológica, rehabilitación y recuperación, dentro las cuales se puede incluir desarrollo de proyectos de uso sostenible. En esta línea de inversión se podrá dar prioridad a áreas degradadas por actividades ilícitas.
b. Acciones de recuperación, a través de la construcción de interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en los municipios de categorías 4, 5 y 6. Esta acción solamente podrá proponerse siempre y cuando la titularidad de las obras sea de los entes territoriales y que estos a su vez garanticen los recursos para la operación y mantenimiento de estas estructuras.
c. Acciones de vigilancia del recurso hídrico a través de la instrumentación y monitoreo de variables climatológicas e hidrológicas con estaciones hidrometereológicas y/o con radares, según la tecnología que defina el Ideam. Esta acción podrá proponerse siempre y cuando el titular del proyecto y el Ideam aseguren el financiamiento de la operación de dicha instrumentación. (artículo 2.2.9.3.1.9, Decreto 2099 de 2016).
Se ha referido en este documento que esta obligación forzosa es un medio que tiene el Estado para obtener recursos con los cuales poder cumplir los fines de recuperación, preservación, conservación y vigilancia de la cuenca hídrica, lo cual hace de manera diferente al propósito de aumentar los impuestos, tasas o contribuciones. Por esta razón, dicha inversión se convierte en una obligación que debe cumplir el titular de la licencia, y la única forma de liberarse de esta obligación es a través de acciones y obras en bienes públicos del Estado (cuenca hidrográfica), considerando los programas y subprogramas del POMCA, o en su formulación y adopción.
El Decreto 2099 de 2016 establece que, como acciones y obras liberatorias de la obligación, el forzado de la inversión puede desarrollar proyectos de uso sostenible. Pero esta mirada reglamentaria aleja la inversión forzosa de ejecutarse conforme a los fines legales previstos consistentes en obras y acciones a favor de la cuenca, según los programas o subprogramas identificados en el POMCA, siendo este el instrumento de planificación y manejo de las cuencas hídricas, elaborados conforme a la ley y reglamento que indican las líneas de acciones prioritarias y necesarias dentro de estas áreas. Por tal razón, no se comparte esa destinación autorizada en el decreto, pues no se ajusta al ordenamiento legal.
En lo relacionado con la construcción de interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de municipios, como línea de destinación para realizar la inversión forzosa, prácticamente con el decreto reglamentario se dispone de recursos con destino específico. Estos son para cumplir obligaciones legales en cabeza de los municipios, cualquiera sea su categoría, toda vez que dichos entes territoriales son quienes tienen el deber legal de prestar los servicios públicos domiciliarios y con ello la disposición final de sus vertimientos; no corresponde esa función a las autoridades ambientales regionales. La recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos, es una actividad complementaria de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos a cargo de los municipios (artículo 14, numeral 23, Ley 142 de 1994), cuyos costos se incorporan en la tarifa de servicios públicos (artículo 164), razón por la cual la planta de tratamiento también es su responsabilidad.
En estos términos, si el titular responsable de la inversión forzosa del 1 % traslada estos recursos a los entes territoriales, en cumplimiento del decreto reglamentario, con aprobación de la autoridad ambiental, lo realizado es una donación (artículo 1443, Ley 84 de 1873) o transferencia de recursos con destino oficial, en acciones diferentes a las obras y actividades previstas en los POMCA, por cuanto son estas las que constituyen el ámbito de destino de la inversión forzosa.
Igual ocurre con la acción de vigilancia a través de instrumentos de monitoreo a favor del Ideam, por cuanto con ello se están trasladando recursos con destinación establecida en la ley, en la modalidad de inversión forzosa, para financiar a un establecimiento público del Estado, siendo este quien debe incorporar y proveer dentro del presupuesto general de la Nación los recursos para dotarlo de bienes y presupuesto suficientes para que cumpla los fines y propósitos de su creación. Esta forma de transferencia de los recursos de la inversión forzosa del 1 % vulnera el principio de autonomía y sostenibilidad ambiental territorial que tienen las corporaciones autónomas regionales, con la compra de bienes fiscales. Una vez son entregados todos los sistemas de monitoreo o compra de servicios que requiere dicha entidad, se incorporan dentro del presupuesto
