comunitarias y orientadas socialmente (Christians et al., 2009, pp. 66-68). Los anteriores son aspectos de indudable impacto para el campo periodístico, cuyas vibrantes transformaciones reflejan en gran medida estas discusiones y preocupaciones.
En una teoría normativa de los medios, de acuerdo con Christians et al. (2009, pp. 71-73), los siguientes son asuntos fundamentales:
i. El deber de alcanzar un acuerdo sobre el acceso libre e igualitario al debate público. La tradición de los postulados normativos es defender alguna forma de libertad para expresar opiniones en el foro público sin represalias.
ii. La búsqueda de alternativas para resolver conflictos a través de la deliberación. Las grandes declaraciones sobre el modo adecuado en que debe darse el debate público han surgido, precisamente, en momentos en los que la crisis de las instituciones sociales amenaza la existencia de un debate libre y sin restricciones.
iii. La capacidad para lograr un balance entre el arte de la persuasión, la comprensión por todas las personas del debate público y la veracidad. Algunas de las declaraciones normativas más significativas en relación con el debate público se han dado en contextos culturales que tienen un especial aprecio por la estética en el estilo que se imprime a la comunicación.
iv. La relación entre la academia y el ámbito del debate público. Por lo general, los autores de postulados normativos de importancia han sido también maestros de la deliberación pública.
Dicho lo anterior, estos autores aportan para el análisis un esquema en el que identifican los principales actores sociales involucrados en un sistema normativo (figura 1), algo que será de utilidad al momento de aproximarse al fenómeno de la violencia contra los periodistas. Lo que se establece allí es una relación dialéctica entre los actores del sistema y los correspondientes asuntos normativos a ellos asociados.
Christians et al. (2009, pp. 69-71) organizan estos asuntos de forma jerárquica, ubicando en la parte superior los valores comunicativos de una cultura y en la parte inferior las prácticas cotidianas específicas de los grupos y los profesionales de la comunicación, con los criterios a partir de los cuales se guían para tomar sus decisiones. Así, lo que muestra el sistema es que en la base están los ideales personales de los profesionales, que a su vez se articulan con el estilo de una determinada cultura corporativa, el ethos de las salas de redacción, los códigos de ética de las asociaciones profesionales y los principios generales para quienes son maestros de la comunicación y para las instituciones mediáticas. Luego están las políticas normativas de las organizaciones mediáticas, las que rigen su operación; aquí se ubican los empresarios de los medios como actores. Siguen las normas nacionales e internacionales relacionadas con la comunicación; aquí son los legisladores y los políticos los que se convierten en actores del sistema. En este último nivel, las normas establecen entornos más o menos favorables para la independencia de los medios y configuran las fronteras de control que establecen los Estados para su funcionamiento. Aunque los medios aceptan una cierta regulación fundamentada en el interés público, tratan de mantener vigente el principio de independencia frente al control del poder del Estado, con el fin de proteger su función de guardianes y de vigilantes del cumplimiento de la responsabilidad social pública que les compete a los Estados. En el siguiente nivel se ubican las teorías normativas cuyos correspondientes actores son la academia y la comunidad filosófica. Finalmente, aparece como elemento normativo la filosofía pública de la comunicación, entendida como los valores y compromisos comunicativos generalmente difundidos por una cultura; aquí los actores del sistema son las audiencias.
Desde la perspectiva de este sistema normativo, cuando un periodista o un medio de comunicación es atacado por un miembro del gobierno o por otro integrante de la sociedad, se sugiere que es todo el sector mediático el que está siendo agredido y que lo anterior representa una amenaza política o económica si no se toman acciones para remediar la situación (Christians et al., 2009, p. 69).
Un aspecto que interesa de la propuesta de Christians, Glasser, McQuail, Nordenstreng y White (2009) en este trabajo doctoral es que los autores plantean la necesidad de observar las relaciones entre los medios y la sociedad desde la tradición del pensamiento normativo, teniendo en cuenta la democracia como eje. Para ello, no proponen una nueva tipología de teorías normativas con pretensión de universalidad, sino una apuesta metodológica que permite proporcionar un marco de análisis más sólido para aproximarse a las relaciones entre los medios informativos y la sociedad. De esta forma construyen el marco de análisis dando importancia a los modelos de democracia, con lo cual buscan enfocar la mirada más en la gente que en el funcionamiento de los medios. Así cobra importancia para el análisis la participación de los ciudadanos en el debate público.
Figura 1. Principales actores sociales en un sistema normativo
Fuente: Christians et al. (2009, p. 68). Normative theories of the media. Journalism in Democratic Societies. Urbana, IL: University of Illinois Press.
Si bien es cierto que determinado tipo de manifestaciones de violencia contra los periodistas cobran vigor en regímenes autoritarios, el modelo analítico basado en el fundamento de la participación ciudadana en el debate público no deja de ser pertinente para este otro tipo de contextos políticos. Lo anterior tiene que ver también con aspectos que resultan fundamentales para enmarcar cualquier modelo de democracia al que se haga referencia: primero, elecciones periódicas, libres y justas mediante las cuales el pueblo elige a quienes toman las decisiones políticas; segundo, existencia de libertad de expresión, de prensa y de información; tercero, ciudadanía incluyente; cuarto, derecho de todas las personas a asociarse y formar organizaciones libremente y, quinto, gobierno de la ley (Strömbäck, 2005, p. 333).
Cabe recordar aquí que en el origen del pensamiento contemporáneo sobre las teorías normativas de los medios está el clásico Four Theories of the Press,
De ese diálogo sostenido a lo largo de la historia, se plantea que la comunicación es más un problema político y ético que semántico o psicológico (Peters, 1999, citado por Christians et al., 2009, p. 64), lo que sugiere que una aproximación normativa resulta adecuada para observar un fenómeno como la violencia contra los periodistas. Lo anterior, teniendo en cuenta la estrecha vinculación que tiene esta problemática con las circunstancias sociopolíticas, pero, a su vez, por el peso de una tradición de pensamiento normativo que asigna un rol determinante al periodismo en la vitalidad de las instituciones democráticas y que promulga la preservación y el fortalecimiento de unos valores éticos profesionales construidos a lo largo de la historia del ejercicio periodístico.
Aunque los planteamientos de Siebert, Peterson y Schramm han sido criticados y revaluados, se reconoce que su trabajo fue pionero e insertó en la década de 1950 un nuevo campo de investigación en la comunicación de masas, al hacer un análisis explícito de cómo los medios se relacionan con la sociedad en términos de valores políticos, ética profesional e historia intelectual (Christians et al., 2009, p. 4), a partir de la pregunta de por qué los medios de comunicación de masas aparecen en una amplia diversidad de formas y sirven a diferentes propósitos
