e influencias asociados con violencia contra los periodistas son un campo abierto a la investigación. La ausencia de trabajos es notable a nivel internacional y solo en 2015 empezó a notarse un despertar del interés de los académicos movidos por el impulso de Unesco a una agenda de investigación académica en seguridad de periodistas orientada a aportar conocimiento del fenómeno en el marco del “Plan de acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad”, aprobado en 2012.
Aun así, hay que señalar que la violencia contra los periodistas aparece como tema de estudio principal o secundario, la mayoría de las veces, en investigaciones que articulan el ejercicio del periodismo con la libertad de expresión como derecho universal. Se encuentran trabajos que evalúan indicadores de libertad de expresión (Becker, Vlad y Nusser, 2007; Charron, 2009; Peksen, 2010; Carter, 2003) o percepciones de la libertad de expresión por parte de los periodistas (Himelboim y Limor, 2008); y otros que observan y categorizan las presiones y amenazas a los periodistas en determinados contextos —por ejemplo, Hanitzsch y Mellado (2011), en América Latina; Shik Kim y Hama-Saeed (2008) en Irak; Becker (2004), en Rusia; Brooten (2006) en Myanmar; Kenny y Gross (2008) en Asia Central; Stewart (1986) y Wasserman (2010) en Sudáfrica y Namibia— o que analizan grados de riesgo y sistemas de protección (Perkins, 2001). Por su parte, la impunidad en los crímenes de periodistas ha sido observada por Jorgensen (2009); los crímenes de periodistas como epidemia de salud pública, por Riddick, Thomson, Wilson y Purdie (2008) y las manifestaciones contemporáneas de censura y autocensura por Lee y Chan (2009) en Hong Kong; Nadadur (2007) en Pakistán; Simons y Stovsky (2006) en Rusia y Tong (2009) en China.
Himelboim y Limor (2008) investigan las percepciones sobre la libertad de prensa que tienen quienes la practican, es decir, los periodistas y los medios de comunicación, a partir de un análisis de las referencias a la libertad de prensa en los códigos de ética en todo el mundo. De acuerdo con las características de las distintas organizaciones mediáticas y de la situación político-económica de los países considerados, demuestran que los periodistas expresan su preocupación acerca de su libertad no necesariamente relacionándola con el nivel de libertad de prensa imperante en sus respectivos países.
La realidad que se observa en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI relacionada con las presiones que ejercen al oficio periodístico la criminalidad organizada, los actores armados y las fuerzas de diverso tipo asociadas a actividades de corrupción en ámbitos locales, algo que resulta de singular importancia en esta investigación, empieza apenas ahora a ser un tema de interés académico, debido a la situación de países como México, Rusia, Colombia, Honduras y Azerbaiyán.
Las estadísticas y tipologías de asesinatos de periodistas en la primera década del siglo XXI han sido estudiadas fundamentalmente por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, y analizadas por Riddick et ál. (2008), con un enfoque que llama la atención por deslindarse de las investigaciones específicas del campo del periodismo y de los medios de comunicación. Estos autores buscan describir lo que ellos denominan una epidemia internacional de homicidios de trabajadores de los medios, e investigar los factores y niveles de riesgo de acuerdo con los países en los que trabajan los periodistas a partir de los datos sobre los homicidios ocurridos entre 2002 y 2006 recogidos en cinco bases de datos internacionales (Comité de Protección de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Unesco, International News Safety Institute e International Press Institute), y correlacionar dichos datos con índices internacionales existentes, relacionados con el desarrollo humano y el funcionamiento social y político de los Estados (“Índice de Desarrollo Humano”, de Naciones Unidas; “Índice de Percepción de Corrupción”, de Transparency International; “Índice de Terror Político”, del Stockholm International Peace Research Institute, e “Índice de Estados Fallidos”, de Foundation For Peace).
Riddick et ál. (2008, p. 685) utilizan el análisis de regresión logística para examinar las posibles asociaciones entre la ocurrencia de cualquier homicidio de un trabajador de los medios de comunicación en un país y los índices antes nombrados; también emplean el análisis de regresión de Poisson para identificar vínculos significativos entre el logaritmo de la tasa de homicidios nacional y cuatro de los índices nombrados. Concluyen que en gran medida los trabajadores de los medios asesinados eran nacionales del país en el que perdieron la vida y que hay conexión entre los homicidios y aspectos como un Estado fallido, situación pobre con respecto al respeto de los derechos humanos, terror político, existencia de grupos armados fuera de control, corrupción y malos gobiernos. Sin embargo, plantean la pregunta de por qué algunos países con muy altos niveles de terror político y corrupción, y con gobiernos muy deficientes, no reportan homicidios de trabajadores de los medios, como en los casos de Burundi, la República Centroafricana, Chad, Egipto, Etiopía, Liberia, Corea del Norte, Uzbekistán y Zimbabue. Parte de la respuesta a esta pregunta, dicen los autores, es la relativa ausencia de medios de comunicación, el bajo número de trabajadores de medios, los altos niveles de autocensura y las elevadas tasas de encarcelamiento.
Al considerar la tasa de homicidios de trabajadores de los medios en todos los países, parece que la capacidad de los gobiernos para controlar grupos armados puede ser un factor relativamente importante, ya que si los gobiernos ejercen ese control, es más factible garantizar entornos de trabajo seguros. Demuestran que menos del 25 % de los homicidios ha dado lugar a una detención o enjuiciamiento. Las implicaciones políticas en una situación como el asesinato de periodistas tienen que ver con que de ella se derivan la autocensura y la pérdida de las libertades civiles, algo que crea un efecto negativo en muchos niveles de la sociedad, incluido el desarrollo de la salud. De ahí la necesidad, plantean Riddick, et al. (2008, p. 687), de que la comunidad aliente a los gobiernos a dar seguimiento a los homicidios de periodistas, a realizar investigaciones a fondo y, cuando sea posible, a enjuiciar a los autores.
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