1995:75). Sin embargo, a escala local aparecieron fuertes tensiones entre los grupos que querían hacerse con el control de los recursos para afirmar sus propias redes de control. Los proyectos no sólo naufragaban por burocratismo y centralización, sino por el predominio de los aparatos técnicos en desmedro de los líderes de las organizaciones sociales. En realidad, pese al discurso sobre descentralización y participación, el gobierno de Salinas manejó todos los hilos del PRONASOL. El resultado fue un atropello a los pueblos indígenas y a los sectores populares organizados. Según Díaz-Polanco, el verdadero propósito del PRONASOL nunca fue atacar a fondo la pobreza sino contrarrestar las consecuencias del programa neoliberal
En Chiapas, los más diversos análisis, incluyendo los oficiales, estiman que PRONASOL creó una situación de crispación social que facilitó la expansión del zapatismo. Chiapas fue el estado donde el programa tuvo su máximo despliegue y donde más comités de solidaridad fueron creados. Pero como el objetivo era asegurar el control, se desplazó y debilitó a las organizaciones independientes y se facilitó la creación de múltiples grupos bajo control directo del programa. De ese modo, se desmantelaron las organizaciones que garantizaban el tejido de intermediación social en el campo. Las consecuencias fueron que las clases dominantes locales usaron el programa Solidaridad para desviar fondos en su provecho, se acentuaron las desigualdades sociales y entre regiones y se generó un clima de irritación y desesperación en las comunidades, muy en particular por la clausura de las opciones independientes de organización y acción.
Mientras Solidaridad buscaba que la participación de las organizaciones campesinas se convirtiera en «contrapeso de las elites locales», la realidad mostró que el control y manipulación de los fondos por el gobierno estatal de Patrocinio González Garrido, se convirtió en «uno de los factores que contribuyeron a generar divisiones y descontento entre las comunidades indígenas»; lo cual, a su vez, provocó que en los primeros días de febrero de 1994 «muchos grupos campesinos ocuparan los ayuntamientos de sus municipios pidiendo la destitución de sus presidentes» (Harvey, 2000: 196-197). La desastrosa experiencia mexicana, en la que tanto el gobierno como el Banco habían puesto tantas esperanzas, necesitaba ser evaluada para no repetir errores. Las conclusiones que extrae Díaz-Polanco no parecen muy alejadas de las que sacaron los propios funcionarios del organismo multilateral:
Las políticas gubernamentales de desarrollo para los pueblos indígenas requieren la existencia de un interlocutor adecuado. En medida considerable, el fracaso o la poca eficacia de los programas para provocar resultados sustanciales y durables, se relaciona con la débil organización económica y de las comunidades y pueblos, especialmente a escala regional (…) La común carencia de esas organizaciones sólidas es un handicap para que los programas puedan encontrar (suponiendo que realmente se esté buscando) un sujeto social –representativo, con legitimidad y fuerza moral entre las comunidades– que los haga funcionar (Díaz Polanco, 1997: 124).
De ahí podemos pasar, directamente, al siguiente programa de combate a la pobreza: el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indios y Negros del Ecuador (PRODPINE) implementado a partir de 1997. Este programa buscaba resolver precisamente los obstáculos encontrados por Solidaridad en México, por eso la prioridad del Banco pasó a ser el «fortalecimiento organizativo». Sólo cabe apuntar que la eficiencia que deseaban las políticas gubernamentales respecto a los pueblos indios, puede extrapolarse al conjunto de la sociedad, como luego veremos.
El PRODEPINE surgió por la firma de un convenio internacional entre el Banco Mundial y el Fondo Internacional para el Desarrollo Indígena, con apoyo del gobierno ecuatoriano, por un total de 50 millones de dólares. El Banco se proponía movilizar el capital social como el camino para el empoderamiento de los excluidos, lo que se traducía en la propuesta de fortalecimiento organizativo que demandaba la participación activa de las organizaciones indígenas. El director ejecutivo de PRODEPINE consideraba que nunca antes se había realizado en América Latina un proyecto tan descentralizado, innovador y participativo. El modo como involucraba a las organizaciones sociales no sólo mejoró considerablemente la ejecución del proyecto mexicano, sino que se convirtió en modelo a seguir por futuros proyectos.
Un dirigente campesino relata los pasos que dan las organizaciones de segundo grado (OSG) cuando trabajan con el programa:
Primero ellas hacen autodiagnóstico. El PRODEPINE no lo hace, sólo coloca los fondos en una cuenta de la organización, le provee metodología, le da seguimiento, las pautas, y la organización contrata sus técnicos propios o de fuera (…) Hasta ahí termina el primer convenio. El segundo convenio en pequeño es que nosotros proveemos los fondos para que contraten a un profesional, porque el diseño ya es un trabajo técnico (…) Una vez que el diseño está listo pasamos a la ejecución. Igual, colocamos los fondos en la organización, la organización contrata a unos técnicos, básicamente un contador, un administrador, y se ejecuta. (Bretón, 2001: 233).
Las organizaciones controlan todo el proceso, mientras el PRODEPINE, o sea el Banco Mundial, sólo financia, acompaña, capacita, asesora y fiscaliza. Y algo más que resulta clave: elabora un censo de organizaciones para obtener «pistas sobre la calidad del andamiaje organizativo y sobre las capacidades de cada OSG para asumir las responsabilidades pertinentes» (Bretón, 2001: 234). Este es el punto. El fortalecimiento organizativo consiste, luego del censo y relevamiento de las organizaciones, en diferenciar cuales están ya aptas para trabajar con el programa y cuales deben ser «apoyadas» para que adquieran aquellas cualidades que, en opinión del Banco, aún les faltan.
El PRODEPINE se ejecutó entre 1998 y 2002, pero el proyecto comenzó a madurar en 1995, en una coyuntura clave. Un año antes, en 1994, el levantamiento zapatista había pulverizado los objetivos del PRONASOL en México y, ese mismo año, en Ecuador se había producido un segundo levantamiento indígena que colocó también contra las cuerdas a la tan ansiada gobernabilidad. Por eso podemos afirmar que la política del fortalecimiento organizativo, como todas las anteriores, buscaba domesticar al movimiento indígena limando sus aristas más antisistémicas, operando en relación de interioridad, influyendo dentro del mismo movimiento.
El combate progresista a la pobreza
Me parece importante destacar cómo el Banco Mundial ha creado un conjunto de conceptos que, con algunas variables, nos acompaña hasta hoy. El primero y más importante es colocar en el centro el combate a la pobreza. La prioridad de esta política no es puesta en cuestión por las izquierdas, sino que fue asumida sin más como el eje de sus políticas sociales. El combate a la pobreza conlleva una batería de conceptos y metodologías de trabajo que también han sido asumidas de modo acrítico, como datos de la realidad, por los gobiernos progresistas instalados en la región de partir de 2000. Entre esos conceptos se deben destacar las «necesidades básicas», la «pobreza extrema» y la «exclusión», así como la «participación social» para combatir la pobreza y la «movilización» (y por tanto organización) de los pobres para hacer más efectivo tal combate, entre muchos otros. En el período de mayor insurgencia social contra el modelo, aparecen incluso conceptos como «autonomía», buscando recoger aspiraciones populares para reciclarlas como instrumentos al servicio de la gobernabilidad.
En la última fase, cuando ya es evidente que son porciones enteras de la sociedad las que se sublevan contra el modelo, las políticas focalizadas y compensatorias resultan incapaces de cumplir el objetivo central del combate a la pobreza. Se trata, como se intentó erráticamente en México y de modo mucho más consistente en Ecuador, de involucrar al conjunto del movimiento social en las políticas sociales y en la gobernabilidad. Sin embargo, la deslegitimación del modelo neoliberal y del propio Banco Mundial, creó el ambiente propicio para introducir algunas modificaciones en las políticas sociales. Las políticas focalizadas pasaron a un segundo plano y se comenzó a darle prioridad a la universalización, por lo menos en el discurso. En algunos países del Cono Sur, comenzaron a terciar otras miradas que ya no provenían de las instituciones multilaterales sino de otras agencias, algunas muy cercanas a los movimientos sociales,
