otro lado, varios autores no solo se han enfocado en la caracterización de la izquierda y la derecha política como tal, sino que también se han concentrado en el estudio del ala radical de cada una de estas ideologías. Según estudios, aquellos que adoptan las doctrinas de la derecha tienden a tener mayores niveles de personalidad orientada al autoritarismo, mientras que los que se inclinan por la ideología de izquierda, tienen menores niveles (Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson y Nevitt, 1950).
No obstante, Edward Shils (1954), contrario a lo anterior, considera que el autoritarismo no es una propiedad exclusiva de la derecha radical, sino que también puede ser una característica de la izquierda radical. Para Shils, la izquierda y la derecha radicales pueden diferir en sus elecciones de aliados y enemigos, y en sus percepciones de ciertas instituciones como hostiles o amigables, pero ambas comparten un estilo de pensamiento político común y emplean técnicas similares de compromiso político.
De acuerdo con lo anterior, tanto la derecha como la izquierda implican nociones de estados policiales, que se apoyan en sistemas de coerción, vigilancia y controles inflexibles para mantener el poder. Prohíben la oposición, hacen elecciones arregladas y detienen a los disidentes y posibles críticos a través de la censura, el hostigamiento y los asesinatos (McClosky y Chong, 1985). Sin embargo, eso es solo una similitud, pero los autores plantean las diferencias asegurando que:
La izquierda alberga la noción de que las personas están atrapadas por las instituciones opresivas y deshumanizantes de la sociedad capitalista, y planea liberar a estas personas haciéndolas conscientes de su existencia empobrecida. Por lo tanto, incita a las personas a cuestionar su aceptación “servil” del status quo, a renunciar a sus aspiraciones materialistas y a tomar conciencia de sus verdaderas necesidades en oposición a la “falsa conciencia” y los deseos artificiales creados por una cultura comercial manipuladora y con fines de lucro. (McClosky y Chong, 1985)
Teniendo en cuenta lo anterior, dichos autores plantean que mientras el mensaje de la izquierda es la liberación, el de la derecha es para el control, la abnegación y la reversión de las tendencias decadentes. Asimismo, afirman que “en contraste con el respeto de los conservadores por el orden social existente, la extrema derecha repudia muchas prácticas actuales y busca medidas dramáticas y a menudo drásticas para establecer a la sociedad en un curso más aceptable” (McClosky y Chong, 1985).
Una iniciativa adicional que fue creada para analizar las propuestas programáticas de partidos políticos, y que vale la pena destacar, es el Manifesto Project4. De ese proyecto, resulta relevante resaltar la discusión que ha generado el uso de la teoría de la relevancia y la importancia que se le puede dar a ubicar una posición política en un espectro determinado, a definir ciertos temas como imposibles de posicionar ya que no siempre hay un espectro concreto donde hacerlo, y a considerar que también hay “temas ‘transversales’ (valence issues), sobre los que los votantes están de acuerdo” (Ares y Volkens, 2017, p. 116), y que es allí donde ciertos partidos pueden preferir mantener una posición uniforme para captar los votos de esos votantes.
A continuación, se presentan las categorías de análisis para las temáticas de protección social y empleo, vivienda y seguridad, mediante las cuales se pretende alcanzar el objetivo trazado al inicio del capítulo. El punto de partida fue identificar dos extremos ideológicos opuestos en cada temática, con el fin de establecer los límites (Budge, 1994) entre los que se podrían llegar a mover diferentes propuestas e ideas políticas asociadas a cada tema. Dadas las particularidades propias de cada temática, fue necesario diseñar tres marcos de referencia independientes, uno para cada una. De esa manera, fue posible construir un espectro de representación posicional adecuado, donde se pudieran ubicar, posteriormente, las propuestas de los diferentes candidatos presidenciales objeto de estudio.
Protección social y empleo: categorización según grado de desmercantilización y flexibilidad
La protección social es el conjunto de instrumentos, instituciones y herramientas utilizadas por una sociedad para proteger a sus miembros de un conjunto de riesgos sociales. Dichos riesgos adquieren un carácter social cuando su gestión responde a un interés colectivo. Al respecto, Castel (2003) señala que
… ciertas personas son particularmente vulnerables a los riesgos, en la medida en que su trabajo es representativo de los intereses del conjunto. La solidaridad, o la interdependencia entre las partes del todo social, justifican dirigir alguna compensación hacia ellos. El impacto personal del accidente es solo la consecuencia de una práctica de utilidad colectiva. Compensar a las víctimas o sus familias no es más que justicia, en el sentido de que entendemos la justicia social como un requisito básico para mantener la solidaridad de la sociedad. (p. 271)
De esta manera, Castel justifica la protección de los adultos mayores y la garantía de sus necesidades básicas en la medida en que dedicaron su vida activa a trabajar por el interés colectivo.
Desde la perspectiva de la solidaridad en el seno de la sociedad, la protección social puede entenderse como una forma de propiedad social de transferencia que funciona como un patrimonio cuyo origen y reglas de funcionamiento son sociales pero que sirven como un patrimonio privado (Castel, 2003). Polanyi (2007) propone una segunda perspectiva que permite igualmente definir la protección social como acciones que protegen a los individuos de las fuerzas del mercado. La desmercantilización se entiende, entonces, como el grado en que los individuos y las familias pueden mantener un nivel de vida socialmente aceptable, independientemente de su participación en el mercado. Así, la protección social surge como una institución que permite la regulación del mercado o el incrustamiento de lo económico en lo social. Se evita así que el hombre se convierta en una mercancía más y que el proceso de reproducción social se vea afectado.
En su análisis de los mundos del Estado providencia, Esping Andersen (2001) propone una caracterización de los regímenes de protección social utilizando el grado de desmercantilización, es decir, en qué medida las instituciones de protección social protegen a los individuos y a sus familias de la ley de la oferta y la demanda. Por razones históricas y políticas, las sociedades occidentales desarrollaron diferentes niveles de desmercantilización. Al respecto, este autor pone de relieve tres ideales-tipo de regímenes de bienestar: en los países escandinavos emergió un régimen socialdemócrata que busca promover la igualdad entre los individuos. Para tal fin se otorgan derechos máximos universales que se logran con una importante redistribución del ingreso apoyada en altos niveles impositivos progresivos. Como consecuencia, la desmercantilización es elevada. En el extremo opuesto se encuentran los regímenes liberales, presentes principalmente en los países anglosajones. En este caso se da primacía al individualismo y al rol de asignación del mercado; el grado de protección frente a sus leyes es mínimo y se otorga cierto nivel de asistencia en función de la evaluación de las necesidades. En el régimen corporativo-conservador, presente en los países de Europa continental, existe una desmercantilización moderada en la medida en que los derechos sociales están principalmente ligados al trabajo y a las contribuciones salariales.
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