un lado, entre las políticas de empleo como:
Aquellas medidas que se centran principalmente en el nivel macro y que pretenden aumentar la demanda de mano de obra, es decir, sobre todo las políticas salarial y tributaria, pero que también tienen que ver con la estructuración de las condiciones institucionales. Por otro lado, definen la política laboral como aquella que está dirigida a la mano de obra, atravesando los niveles meso y micro, y mejora las oportunidades de empleo de esta, por medio de medidas orientadas a la oferta y la demanda. (p. 49)
Las políticas de empleo se pueden clasificar según su naturaleza pasiva o activa. Las primeras constituyen programas de sustitución o protección del ingreso para los trabajadores desempleados. Buscan evitar que exista una afectación del nivel de bienestar tras la pérdida del empleo. Las segundas son activas en la medida en que buscan promover esta población de regreso al empleo productivo.
Si en el caso de la protección social se creó una dicotomía entre el grado desmercantilización, en el caso de las políticas de empleo la distinción se hace por medio del grado de flexibilidad. Es posible hacer un acercamiento entre los dos conceptos en la medida en que un mayor grado de flexibilidad implica mayor nivel de mercantilización al existir una menor intervención frente a las fuerzas del mercado. En otras palabras, la flexibilidad corresponde a la ausencia de rigideces, mientras que la protección del empleo son aquellas normas que brindan ciertas garantías a los trabajadores. Según Pissarides (2001), “la protección del empleo comprende una serie de reglas que limitan la habilidad del empleador de despedir el trabajador sin incurrir en demoras o en costos” (p. 136). Dichas reglas incluyen el periodo de preaviso, el pago de una indemnización, todo tipo de medidas administrativas para proceder al despido, restricciones a los despidos colectivos, entre otras. La existencia de dicha normatividad, en la jurisprudencia o como consecuencia de negociaciones colectivas, frena la flexibilidad externa, entendida como la capacidad que tiene una empresa para ajustar el número de trabajadores.
TABLA 1. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS SOBRE PROTECCIÓN SOCIAL Y EMPLEO: MERCANTILIZACIÓN FRENTE A DESMERCANTILIZACIÓN, Y PROTECCIÓN FRENTE A FLEXIBILIDAD
Fuente: elaboración propia.
A esta flexibilidad se debe sumar el ajuste de los horarios y tiempos de trabajo y la flexibilidad de los salarios cuyos niveles se podrían ajustar en función de las necesidades y el desempeño de las empresas.
Tanto para la política social como para la política de empleo se propone, entonces, una diferenciación, entre extremos opuestos, que permite caracterizar las políticas o programas propuestos o implementados en un momento dado, como se evidencia en la tabla 4. En el primer caso, se propone distinguir entre los niveles de mercantilización y desmercantilización; en el segundo caso, entre los niveles de protección y flexibilidad; y, como categoría intermedia, un nivel moderado entre ambos extremos.
Vivienda: entre la asistencia del Estado o los incentivos al mercado
La producción, comercialización y el financiamiento de activos residenciales ha sido, en esencia, un asunto del mercado, en específico del sector de la construcción (Ángel, 2000). El interés de los gobiernos latinoamericanos por participar en la producción de vivienda para sus ciudadanos es algo que viene siendo objeto de política pública desde mediados del siglo XX (Wakely, 2014). Los temas relativos a las necesidades habitacionales de los hogares fueron tratados de forma marginal por la comunidad académica y la arena política hasta mediados de los años setenta, y comenzanron a ser incorporados a la agenda económica y social de los países en desarrollo a partir de Hábitat I en 1976, momento en el cual los problemas habitacionales fueron puestos en la agenda internacional (Zhang y Ball, 2016).
La vivienda, como bien o servicio, tiene una serie de características distintivas que hacen que la política al respecto sea diferente de otras políticas públicas. La influencia de atributos como: la propiedad, el tamaño o su localización pueden hacer que la política difiera de país a país (Ball, 2006; 2016). Asimismo, la intervención estatal puede o no, afectar a todas las partes de sistema habitacional y, a su vez, respaldar aspectos importantes del mercado de vivienda –sector de la construcción–, de un determinado actor o actores dentro del sistema o impulsar determinadas actuaciones en pro de un público objetivo (Mullins y Murie, 2006).
La política habitacional puede ser mejor entendida cuando se la vincula a las ideas keynesianas y al Estado de bienestar, en el cual las familias podrían tener la posibilidad de satisfacer sus necesidades habitacionales de diferentes formas, a través del empleo, los subsidios o la provisión directa de la vivienda (Fallis, 2010). Para Doling (1997), en la mayoría de políticas habitacionales relacionadas con el Estado de bienestar se puede identificar que la intervención del Estado puede ser directa o indirecta. En la primera, el Estado se encarga de la provisión directa de los activos residenciales; en la segunda, promueve el acceso a través de la regulación, los subsidios y los incentivos.
Para Ángel (2000), Pugh (2001) y Buckley y Kalarickal (2005), dentro de las políticas de vivienda es posible distinguir varias líneas, en las cuales se centra su accionar. En primera instancia es posible identificar una línea de política en donde se destaca la intervención por parte de los gobiernos centrales en la economía en general, la cual se realiza a través de la oferta de incentivos a diferentes sectores involucrados en la producción y en la intermediación de activos residenciales. En los países en desarrollo, Pugh (2001
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