distintas maneras. Y por otro, buscamos convocar, no desde la rabia, sino desde la esperanza.
El resultado fue la entrada del FA a la institucionalidad del país a través de parlamentarios y parlamentarias. Y, además, cambiar el mapa político de Chile, que antes se debatía entre dos mitades autodefinidas como “centroderecha” y “centroizquierda”. El duopolio.
¿Cambiar el mapa político y correr el cerco en el Parlamento fue suficiente? No.
El estallido político y social nos muestra cómo, pese a abrirse espacios en la institucionalidad, esto ha sido insuficiente sin transformaciones más profundas aún. La posibilidad de cambiar “las reglas”, de establecer otras “relaciones de poder dentro del país” –que es una de las mejores definiciones que he escuchado de lo que significa una nueva Constitución– podría generar esa grieta, esa institucionalidad nueva. En este libro, Hassan Akram avanza en ese terreno, el de “las nuevas reglas”. Ahí es donde propone abordar tres puntos que considera vitales: los cabildos ciudadanos, el fin del control constitucional vigente y adentrarse en lo que significa en Chile el concepto de la propiedad privada.
En estos últimos dos meses en el país, junto con las marchas y ocupaciones, una de las formas de movilización han sido los cabildos de discusión ciudadana. Estos han reunido a vecinos y vecinas, compañeros y compañeras de trabajo, gremios, incluso personas anónimas, a hablar sobre el país. A partir de estos cabildos pueden perfectamente levantarse representantes independientes posibles de integrar la Convención que buscará redactar la nueva Constitución. El segundo punto apunta a terminar con el tutelaje que ha ejercido el Tribunal Constitucional en Chile, que en la práctica actúa como una tercera cámara. Cuando se avanza en derechos en el Parlamento, siempre se puede retroceder en el TC. Y el tercer punto que propone Hassan aborda uno de los aspectos jurídicos y de poder más importantes de nuestra historia: “el derecho a propiedad”. No podrá existir una nueva Carta Fundamental sin redefinir este concepto; y es allí donde se abre una ventana. ¿Qué pasa si se establece que la protección de la propiedad privada no da a los administradores de cotizaciones –por ejemplo las AFP o las Isapre– el derecho a indemnización por pérdida del privilegio de administrar dichas cotizaciones? Esto también implicaría renegociar los tratados comerciales que Chile tiene con protección de inversiones. Pero es solo así que nuestro país podrá hacer reformas sociales profundas, garantizando de una vez por todas los derechos sociales universales en pensiones y salud.
¿Queda claro, entonces, por qué es fundamental cambiar la Constitución si queremos Cambiar Chile?
Eso hoy se está escribiendo, eso hoy está por verse.
Beatriz Sánchez Muñoz 15 de noviembre de 2019
Capítulo Uno
“CHILE DESPERTÓ”
1A. ¿Un estallido enigmático?
El viernes 18 de octubre 2019 es una fecha que va a quedar grabada en la memoria histórica de Chile. Solo hay un puñado de fechas que tienen tanta notoriedad que se reconocen por sí mismas. Ahora, al “dieciocho” (de septiembre de 1810) y al “once” (de septiembre de 1973), podemos añadir este nuevo dieciocho como otro momento que marca un antes y un después en la vida del pueblo chileno.
Pero ¿qué pasó en realidad ese viernes histórico? Contando los simples hechos de cómo empezó, todo parece sacado del guion de una película hollywoodiense poco realista. Un aumento de 30 pesos para el metro y 10 para la micro generaron una semana de protestas de los estudiantes secundarios. Empezaron, de forma masiva, a saltar los torniquetes del metro, pero en la tarde de ese viernes finalmente lograron alentar a los demás pasajeros a evadir el pago de la misma manera. Los carabineros respondieron con una violencia feroz, pero no pudieron detener la ola de pasajeros que se unieron a la protesta. Frente a su incapacidad de controlar la situación, las autoridades dieron la orden de no detener los trenes en las estaciones donde había estudiantes manifestándose, provocando que ningún pasajero pudiera subir o bajar.
Con esta medida solo lograron escalar el conflicto, porque incluso los pasajeros que habían pagado sus pasajes se veían perjudicados. Muchos de los que estaban atrapados en las estaciones sin poder subir a los trenes se unieron a otro tipo de protesta pacífica, sentándose en las orillas de los andenes para obligar a los trenes a detenerse. Las autoridades reaccionaron a esta escalada, que ellos mismos habían catalizado, cerrando estaciones a la fuerza y tirando lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Rápidamente terminaron cerrando por completo la red de metro. Entonces, gran parte de la población de Santiago tuvo que seguir su viaje de vuelta a casa a pie, caldo de cultivo para más demostraciones de ira.
Aunque fue la reacción violenta de la fuerza policial, frente a una protesta pacífica, la que terminó masificando las manifestaciones, ni siquiera esa provocación podría explicar la escala de ellas y la intensidad de la furia de la gente. Expulsada del metro con bombas lacrimógenas, enfrentando trayectos de muchas horas para volver a sus hogares, la gente respondió con barricadas, con fuego y con caos. Al presidente Piñera, a cargo de las autoridades que ya habían apagado el incendio con bencina, no se le ocurrió nada mejor que declarar un estado de emergencia, sacando los militares a la calle. En cuestión de horas, el último día de una semana de protestas de escolares en el metro de Santiago explotó en una rebelión nacional. Al día siguiente, sábado 19 de octubre, con las libertades de reunión y locomoción restringidas por 15 días, empezó el toque de queda.
Esta escalada, tan rápida y totalmente impensada, superó con creces su gatillo inicial. Es cierto que el metro de Santiago es el segundo más caro de América Latina. Cuesta un 70% más que el promedio de la región,1 un costo particularmente pesado para las familias de bajos ingresos –el gasto mensual en transporte en Santiago llega a 16,4% del salario mínimo.2 Sin embargo, el alza del metro fue solo la punta del iceberg. Una encuesta hecha el mismo fin de semana del comienzo del estallido reveló que solo 3,4% de las respuestas sobre las mayores preocupaciones de los chilenos mencionaron el transporte.3 Las preocupaciones más importantes señaladas fueron más bien los bajos salarios y pensiones (45% de las respuestas) y los altos precios de los servicios básicos (luz, agua, salud, educación – 19% de las respuestas).4 Casi en el mismo momento en que la protesta prendió, el motivo ya rebasaba el tema del transporte.
Piñera chocó con esta dura realidad cuando trató de desactivar el conflicto eliminando el alza del metro el día dos del estallido (que ya era la segunda semana de protestas). Las manifestaciones siguieron y de hecho aumentó su masividad e intensidad. Finalmente, después de casi tres semanas enteras con el país en llamas, el presidente tuvo que reconocer que la represión no funcionaba y que había una lista muy larga de reclamos de la población chilena. Como dijo en una entrevista televisada, “esto no es un problema por 30 pesos, sino que de 30 años y que no vamos a resolver en 30 días”.5 Hasta Piñera había aceptado la consigna del estallido, acá la gente se estaba movilizando contra todo el sistema implantado desde la transición chilena iniciada en 1989, hace exactamente 30 años.
Inicialmente se habían hecho comparaciones entre el estallido chileno y la ola de protestas en Ecuador contra el “paquetazo”del Fondo Monetario Internacional (FMI) que explotó solo dos semanas antes de su par austral. Esas manifestaciones también fueron gatilladas por un alza del transporte (se eliminó un subsidio a la bencina, aumentando en un 25% el precio de la gasolina regular y un 123% al diésel) y rápidamente pusieron en jaque al gobierno ecuatoriano. Además, había comparaciones obvias con el fenómeno de los gilets jaunes (chalecos amarillos) en Francia, también un grupo de protesta contra el alza en el costo
