romano en tiempos de la República. Cabe subrayar, entonces, que en la Antigüedad y durante casi toda la Edad Media, el individuo ya era un centro de imputación de normas «internacionales», lo cual arraigó más fuertemente en Occidente, expandiéndose luego a todo el mundo.
En esa evolución, cada vez que una persona salía de los límites de su villorrio, ciudad, comarca, reino, o lo que sea, automáticamente pasaba a categoría de peregrinus, un extranjero ante los ojos de quienes lo recibían y no siempre de buena gana. Los «extraños» siempre despertaron recelos. Poco a poco el comportamiento consuetudinario de los distintos anfitriones estatales— por llamarlos así— fue promoviendo el reconocimiento de alguna clase de protección, ya que ese individuo llevaba consigo derechos y obligaciones exigibles y observables donde quiera que él se encontrara, y por su sola condición humana.
Cuando el ius gentium evolucionó hacia un ius inter gentium a medida que se afianzaba la idea de Estado, y, de hecho, cuando terminó de conformarse tal concepto jurídico-político a inicios de la Edad Moderna, el DI lo reconoció como sujeto primordial. El individuo pasó a ser entonces un «problema» estatal, un asunto de derecho interno, y básicamente su Estado de nacimiento debía proporcionarle la cobertura necesaria para resguardar sus derechos elementales. Asimismo, ese proceso se aceleró con la afirmación del concepto de soberanía popular en tanto legitimador de los sistemas políticos, cualesquiera sean estos, sobre todo a partir de la independencia norteamericana y de la revolución francesa. Las nuevas organizaciones políticas, en ejercicio de su derecho de autodeterminación, empezaron a sancionar sus respectivas cartas magnas en las cuales, por aplicación del principio de jurisdicción exclusiva también inherente a su condición soberana, se hacían cargo del individuo nativo o extranjero y de las cosas que se hallaran dentro de sus límites territoriales.
Para esa época, el DI ya tenía un perfil científico y académico propio, separado del derecho público interno. Su anclaje en el iusnaturalismo racionalista fue quedando atrás para dar paso a la visión positivista, lo cual implicaba el reconocimiento de los tratados como su fuente principal. Los «panes bajo el brazo» que traían al mundo los nacientes Estados, constituían una novedosa categoría de principios inmanentes de su condición soberana. Así, integridad territorial, independencia política, libre determinación, identidad, jurisdicción exclusiva, et alii, pasaron a ocupar un lugar preferencial en la reflexión doctrinaria. Mientras tanto el individuo persona por un buen tiempo tuvo que arreglarse con lo que su país de origen le asignaba.
De hecho, las desatenciones se advierten en las tensiones sociales ostensibles a partir de la primera Revolución Industrial a inicios del siglo XIX. Si bien los derechos humanos considerados de primera generación (derechos civiles y políticos) estaban enunciados en todas las modernas constituciones nacionales, en mayor o menor extensión y nivel de observancia, era evidente que ningún sistema político durante aquella centuria estaba en condiciones de resguardar a los habitantes sus derechos económicos, sociales y culturales. Así fue la evolución y la humanidad hubo de sufrir mucho hasta que finalmente se incorporaron en la agenda política mundial.
En materia de protección universal de derechos, la implicancia de esa «disociación»— entre lo nacional interno y lo internacional— se reflejó en el acotado instituto de la protección diplomática, mediante el cual se podía obtener la asistencia del Estado de origen en casos de conculcarse derechos en otro país— (37). Para conseguirlo, tal persona debía agotar las instancias jurisdiccionales del Estado receptor, el de origen no debía ejercer la protección con retraso ni haber renunciado a ella y el sujeto lesionado no haber sido promotor del suceso a raíz del cual se produjera el menoscabo (Akehurst— (38), 1972: cap. 6). Por cierto, no era lo mismo ocasionar un daño patrimonial a una persona que haberla detenido arbitrariamente y torturado. En este punto, las exigencias legales iban más rápido que la voluntad de los Estados y al asumir el DI estas situaciones se conmovían los cimientos de la jurisdicción exclusiva de los Estados y, por ende, la soberanía nacional.
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