la esfera de las asociaciones (particularmente aquellas sin ánimo de lucro), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública. La sociedad civil moderna se crea cuando se erige y se moviliza de manera autónoma. Ella se institucionaliza y generaliza a través de las leyes, y especialmente en referencia a los derechos individuales, lo cual pone de presente una diferenciación social.38
Considerando los análisis y los casos de algunos países de América Latina, Cohen y Arato ligaron las reformas y cambios de régimen a “la resurrección de la sociedad civil. Que comprende en ese contexto una red de grupos y asociaciones situados entre (o que abarcan por momentos) las familias y los grupos proselitistas, por un lado, y las organizaciones francamente proestatales, por el otro, garantizando de esta manera una mediación entre el individuo y el Estado, entre las esferas privada y pública”.39 Una formulación más al caso fue luego dada por Norbert Lechner:
La invocación de la sociedad civil tiene una clara connotación antiautoritaria. Denuncia a un Estado que viola los derechos humanos, reprime la participación ciudadana y desmantela las organizaciones sociales. Expresa una autodefensa, que da voz a un cuerpo social violentado, pero también traza el clivaje principal de la lucha política. La referencia a la sociedad civil permite no solo llamar a la resistencia, sino dar nombre al nosotros que se convoca. Alude a la ciudadanía en un lenguaje no político y al margen del sistema de partidos.40
Lechner, igual que Cohen y Arato, fundaba su análisis en las experiencias de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, y claramente Chile. De allí la diferencia de talla respecto a los países donde se puso punto final a una confrontación entre diferentes bandos, el caso centroamericano, o donde el conflicto armado continuaba pese a la reducción del número de actores, como en Colombia.
Tiempos o usos de la sociedad civil en Colombia
En Colombia el uso del vocablo “sociedad civil” no estará exento de polémicas e irregularidades. En un menor grado en su temprana evocación en el interregno que va de la convocatoria a la Asamblea Constituyente a los primeros meses de la Constitución. Sin que aún se propagara esa idea en la opinión, hubo al respecto menciones restrictas en uno que otro texto.41 Quizás por lo mismo María Teresa Uribe va a anotar de manera perspicaz que en Colombia las separaciones entre el Estado y la sociedad civil existían “solo como formulaciones abstractas que no logran instalarse en las mentalidades, en las cosmovisiones, en los imaginarios colectivos; no hacen parte del ethos42 sociocultural y por eso carecemos de representaciones acordes con el mundo de hoy”.43 Mencionar la sociedad civil no será otra cosa que el prurito acabado con el que se creerá franquear, aunque tardíamente, las barreras que le impiden al país su modernidad mental, aun cuando se complaciese de haber implementado la modernización de algunas de sus estructuras físicas. De manera más precisa, la sociedad civil en Colombia no va a ser otra cosa que la consecuencia de dos aspectos aun con mayor relevancia para entrar en la modernidad, el primero: la democracia.
Al indagar por las más importantes exigencias que hicieron los grupos guerrilleros antes de desmovilizarse, y que no distaba del reclamo de otras organizaciones políticas que no tomaron las armas, se concluye que más que la toma del poder o las reformas revolucionarias estaba la cuestión de la democracia, el cómo alcanzarla. Para la izquierda legal la democracia va a adquirir una connotación menos condicionada a sus propios valores y más conveniente a su idea, circunstancial, de adecuar el régimen; es con ese objeto, en momentos en que sus fuerzas carecen de un proyecto emancipador, que extiende el llamado a otras fuerzas externas a su campo político-ideológico, e incluye en su léxico términos cuyo uso se iría haciendo cada vez más frecuente, como sociedad civil y ciudadanía. Esto lo dice de una manera general la propia María Teresa Uribe, quien años más tarde observó:
La demanda por la ciudadanía y por el fortalecimiento de la sociedad civil en Colombia es también la demanda por la consolidación del Estado de derecho, de sus instituciones y reglas; por la vigencia y el respeto a los derechos individuales y las garantías sociales. Es, en fin, la demanda por la instauración de la República para volver previsibles y confiables a las instituciones gubernamentales y esperar, con un grado razonable de certeza, la transparencia en la acción de las autoridades y en la aplicación de las leyes.44
Sobra decir que el acceso a la ciudadanía es el fundamento mínimo para una democracia plena, tan reivindicado por la izquierda.
Ligado con la petitoria de democracia, el segundo aspecto que caracteriza de manera concreta el recurso a la sociedad civil, que al mismo tiempo corresponde con el segundo momento donde esta expresión tiene un uso más álgido, es el de la movilización por la paz. Independientemente de las variantes que por lugar y espacio se presentan en alusión a este absoluto, es indudable que en su búsqueda los movimientos sociales y la denominada sociedad civil colombiana —contrario a la solicitud de desmantelamiento de las prácticas dictatoriales vividas en América Latina— van a exigir de los grupos guerrilleros y el Gobierno el sentar las bases para restablecer los diálogos, al mismo tiempo que les manifestaban su sostén, como sociedad civil, y en tanto una tercera fuerza pero neutra. De esta manera la izquierda va a aprovechar ese enorme espacio de participación que va a abrirse en la construcción de la paz, solo que al ir dándole contenido y significado a dicha palabra van a emerger los contrastes entre las diferentes organizaciones, reflejo de sus reivindicaciones históricas y de sus particularidades. Siendo quizás uno de los pocos elementos de consenso el que para ponerle coto al conflicto había que parar una confrontación militar de la que no saldría ningún ganador,45 cuya dilación y exacerbación postergaban las transformaciones requeridas y dejaban, según su propia expresión, al pueblo como único perdedor.
Innegablemente el conflicto alcanzaba a toda la población; ninguno de los seis estratos sociales, fórmula para dividir y denominar las clases en Colombia, quedaba indemne. Ante la grave situación, va a aflorar la opinión de que el país soportaba o estaba ad portas de la “guerra civil”. Frente al uso de esta expresión que procedía desde la academia, Daniel Pécaut va a argüir, sin por tanto recurrir a una expresión menos radical, que “solo una minoría acepta esta perspectiva —una minoría aún más ínfima quiere en realidad el triunfo de uno u otro bando—, porque la gran mayoría solo aspira al restablecimiento de la paz”;46 por cuanto habría que hablar de una “guerra contra la sociedad”, declarada por los actores armados. De su parte, sin extirpar el enunciado guerra, María Teresa Uribe tomaba distancia de lo dicho por Pécaut, exponiendo que de lo que se trata es “de una guerra por la sociedad, y no contra esta”.47 La investigadora destaca cómo “el estado de guerra en Colombia se caracteriza por la competencia de soberanías; por la existencia de poderes enfrentados donde ninguno de los contendientes le infringe derrotas definitivas al enemigo pero tampoco acepta poder distinto del suyo”.48 Un tal recurso a la expresión “guerra” era desproporcionado, aunque respondía a una coyuntura crítica en la que los actores armados medían fuerzas, y allí, en medio del fuego, un fragmento de la misma sociedad pretendía interferir buscando posibilidades más sensatas, sin armas, y ante una confrontación sin salida en el inmediato plazo.
La impronta de la paz en los comicios de 1997 y 1998
Pese al interés de Samper por la paz, que al tiempo impulsó la acción de diferentes organizaciones sociales y de movimientos políticos que la asumieron como blasón en sus campañas, pudieron más los hilos del narcotráfico que embastaron las esferas de poder central e interrumpieron todo avance en la materia, pues el mismo presidente y varios de sus colaboradores terminaron atrapados por el proceso 8000, que los inculpaba de haberse subsidiado de sendas sumas de dinero provenientes del Cartel de Cali para su campaña presidencial. Esta situación desestabilizadora para el régimen opacó la voluntad gubernamental por la paz, la cual en su egregio sentido y ante la crudeza del conflicto resultó sin embargo crucial en las campañas electorales de 1997 y 1998. Así, la paz fue contingente en las elecciones territoriales, pues movilizó al electorado y, como se verá, quienes aspiraron a puestos de control, de administración o de representación de los entes territoriales la prefirieron frente a aspectos como la descentralización,
