de cerca de 40 000 votos;4 y fue en Bogotá (6456 votos), en Antioquia (9178 votos) y en Arauca (6037 votos) donde más apoyo tuvo. No lejos de su votación estuvo Samuel Moreno, reelegido esta vez a nombre de la Alianza Nacional Popular (Anapo). Tradicionalmente el grueso del electorado de este movimiento se hallaba en la capital y en el departamento de Santander, pero esta vez fue en el Quindío donde sacó su segundo mejor resultado.5 Dado que en 1991 Moreno integró la lista de la ad m-19, es difícil ver su progresión electoral, pero esa experiencia y la votación de 1994 lo acreditaron y además remozaron la organización iniciada por el general Rojas Pinilla, su abuelo, y continuada por la capitana María Eugenia Rojas, su madre. Los otros dos senadores fueron Jaime Dussán, regente del movimiento Educación, Trabajo y Cambio Social, surgido en el seno de la gran confederación de educadores Fecode, recogiendo su principal votación entre el profesorado de secundaria de todo el país; y Jorge Núñez, expresidente de la Unión Sindical Obrera (uso), coadyuvado por un movimiento regional con base en Barrancabermeja,6 y que le permitió al Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (moir) retornar al Congreso cuando casi había desaparecido de la carta electoral regional y local.7
Las elecciones de 1994, más que las de 1991, pusieron a prueba los avances políticos debidos a la Constitución. Uno de estos era la presencia de organizaciones identificadas al territorio, una ideología religiosa o en representación de un grupo poblacional determinado, y de líderes carismáticos ajenos a organizaciones partidistas pero que consideraron tener la capacidad, la atribución y las garantías para forcejear por una diputación al Congreso. En este caso en específico, fuese una respuesta al coro de mayor implicación ciudadana dada la crisis de representación y el cambio del sistema político, fuese la búsqueda de ascender los peldaños de la política a nombre de corrientes plenamente constituidas, fuese un simple anhelo caudillista o una ambición limitada al orden local, se crearon las condiciones para la aparición del dirigente outsider. Por igual, el certamen parlamentario de ese año dejó claro que participación no es sinónimo de organización, inexcusablemente de aquella se requería para inmovilizar al bipartidismo adyacente al régimen.
Elegido el Parlamento, quedó comprobado que 20 % no llegó escudado en el bipartidismo. La ad m-19 en particular obtuvo el mayor margen, solo que intrascendente. Bastaba de un periodo sin la pasable presencia de la izquierda legal y reformista para que esta perdiese el brío y el reconocimiento ganado durante el cuatrienio que venía de acabar. El 80 % quedaba en manos de los partidos Liberal, pese a su fragmentación y como el que más se recuperaba, y el Conservador, que resistía. De 13 formaciones políticas en 1991, se pasó a 36. La profusión de listas fue lo que captó la atención de los analistas, no solo las 12 a nombre de las comunidades afrocolombianas, que ahora contaban con una circunscripción especial, ni las 4 de las organizaciones indígenas.8 De 141 listas contabilizadas por Juan Carlos Rodríguez Raga y Francisco Gutiérrez Sanín, se pasó a 254 para el Senado (Eduardo Pizarro establece 251) y 674 para la Cámara (628 según Pizarro).9 Si con la Constitución se esperaba cambiar el sistema “bipartidista moderado”, según la tipificación de Fernando Giraldo,10 o “imperfecto”, como lo propone Jean Blondel,11 por uno multipartidista, quedó en evidencia el fraccionamiento descomunal de los dos partidos históricos, y la exigua posibilidad de un bloque alternativo liderado por la ad m-19 o cualquier otra fuerza.
Pasadas las elecciones parlamentarias de 1991, Eduardo Pizarro Leongómez diría en un tono optimista que observaba un gradual enriquecimiento del sistema político ante la aparición de nuevas fuerzas partidistas, y pese a que el bipartidismo seguía en pie.12 Luego, refiriéndose a 1994, sugería que la Constitución había sentado las bases de una ampliación en la representatividad sin que necesariamente implicara que los partidos plenamente constituidos fueran más capaces de asumirla, por lo cual el resultado fue la aparición de numerosas fuerzas que pretendieron cumplir un papel de mediadoras sin verdaderamente lograrlo.13 Pero tras la reforma política, en 1997, declararía que esta “tendió a favorecer el fraccionamiento y la atomización de los partidos, así como la fragmentación de los movimientos emergentes”.14 Otra opinión frente a esa parcelación tendría Francisco Gutiérrez Sanín: “ya en 1982 existían poderosas fuerzas centrífugas que presionaban la explosión de listas”,15 lo que momentáneamente fue controlado en las elecciones de 1986.
A la ad m-19 aún le faltaba el veredicto de las urnas en las elecciones territoriales de octubre de 1994, y lo poco que consiguió fue gracias a alianzas y al llamado a apoyar nombres u organizaciones políticas con mejores opciones; como sucedió en Barranquilla, donde fue elegido alcalde el exsacerdote Bernardo Hoyos, típico outsider o líder “antipartido”, a quien favoreció el cambio constitucional.16 Lega en estrategia, la ad m-19 no aprovechó una transformación que venía observándose culminando los ochenta y que llega a su máximum en 1994 cuando en el nivel regional, tal como lo expone Diana Hoyos, pese al bipartidismo o la hegemonía de uno de sus dos partidos, el Liberal, hubo “un aumento de los sistemas con tendencia al multipartidismo”.17 Además, la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista (crs) ese mismo año no se tradujo para la ad m-19 o para el conjunto de la izquierda legal y reformista en mejores dividendos en alguna de las tres elecciones que hubo; su respaldo a la ad m-19 no fue ni programático ni ideológico, y se dio en los municipios en los que actuó en tanto guerrilla, sin muchas adhesiones, lo que en nada afectó el mapa electoral.
Valga precisar que desde la Constituyente la autorreferencia ser de izquierda produjo un dilema en la ad m-19. Mientras un sector invitó a conectarse con las dinámicas de reconciliación, las reformas y las transiciones democráticas en otros países, aceptando la supremacía del capitalismo, otro insistió en que ello no impedía proseguir buscando un nuevo modelo socialista, emulando la socialdemocracia europea. Un punto de debate fue que algunos sectores consideraron que ni Navarro ni el m-19 eran los exponentes más fidedignos de los axiomas distintivos de la izquierda. Y esto lo advirtieron Ramírez y Restrepo una vez que dicho grupo se desmovilizó, puesto que Carlos Pizarro, en un primer momento, y Antonio Navarro, tras la muerte de aquel, “pretendieron construir una organización que se diferenciara claramente de la izquierda. Aunque Pizarro inició su militancia política en la Juventud Comunista y su experiencia militar en las farc, había roto con la tradición de izquierda; Navarro por su parte no venía de la izquierda. Los dos dirigentes coincidían en esta oportunidad en el afán por diferenciarse de la izquierda y frecuentemente afirmaban: ‘No somos de izquierda’”.18 Si su análisis es irrebatible, también lo es que para entonces Navarro y la ad m-19 fueron considerados por sus contradictores, por la opinión y por muchos simpatizantes de izquierda los referentes de esta gama, amplia y difusa.
Otras formaciones tuvieron resultados más aceptables en 1994, por ejemplo, el Partido Comunista Colombiano-Unión Patriótica (pcc-up). Producto de un fuerte anclaje en las bases y de alianzas sostenidas con otras fuerzas de izquierda o pertenecientes a las alas progresistas de los partidos tradicionales, desde 1986 venía siendo el proyecto político que mejor lograba fortalecerse en el nivel municipal y regional; prueba de que las derivaciones de la intimidación verbal y la ofensiva criminal de que era víctima no constriñeron totalmente su proyección ideológica ni el trabajo orgánico.
El cambio de Constitución significó la extensión de la oferta política, y en respuesta el artículo 105 permitió la consolidación o creación de “partidos” y de “movimientos políticos”; sin embargo, las elecciones de 1991 y 1994 dejaron en mora la pretensión de transformar el sistema de partidos. Una fuente de críticas fue precisamente el hecho de equiparar ambas formas organizativas, lo que era contraproducente y poco sólido para un sistema de por sí en crisis, a juicio de Hernando Yepes Arcila, Javier Sanín Fonnegra y Jaime Calderón Brugés.19 Estos se preguntaron: ¿qué habría pasado sin la elaboración de una nueva legislación que permitió el reintegro a la vida civil de organizaciones que hacían la política por otros medios, y a sabiendas de que ya en 1989 había fracasado una reforma del sistema político? Pero la dificultad de equiparar un movimiento y un partido radica, por un lado, en la importancia que el primero le otorga al elemento social y la apatía respecto a la verticalidad y las redes clientelares propias de la organización netamente partidista y tradicional, y el ejemplo lo daban las fuerzas que participaron
