partidos tradicionales, tal como el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado.20 Si solo se trató de “disfraces o enmascaramiento de los procesos clientelitas”, según estimaba Yepes Arcila, el problema era la misma configuración del Estado, y por ende en las dos colectividades históricas con su ejercicio de mediación.
Aunque estos autores aciertan en que la Constitución quedó corta para reordenar el sistema de partidos, soslayan un inconveniente que enfrenta cualquier reforma democrática: todo acuerdo o la lucha entre fuerzas antagónicas es mediado por el voto; luego son la correlación de fuerzas o el arreglo al que llegue con sus concurrentes lo que tercia en el resultado final, ya que la buena intención no basta para reformar un sistema donde los principales beneficiados pueden perder sus privilegios. De hecho, como pasó en el proceso Constituyente con la participación de quienes representaban los intereses reivindicados por la izquierda legal, la reforma política de 1985, que permitió la elección popular de alcaldes y gobernadores, no hubiese prosperado sin el concurso de organizaciones con una tipología más próxima al movimiento político que al partido; si junto, y en coherencia, con un puñado de progresistas liberales y conservadores no hubiera existido esa exigencia de cambio por parte de la up para sentarse a negociar. Y ese constante objetivo de reformar el sistema político es el que da origen en 1994 a la Ley 130, no sin trabas, y que se pondría a prueba en las elecciones de 1997.
Uno de los aspectos más relevantes entre la elección de la Asamblea Constituyente y las elecciones de 1994, pese al desvanecimiento de un proceso innovador y abierto hasta la indeterminación como la ad m-19 o el aislamiento al que sometió la maquinaria tradicional a formaciones como la up, es la emergencia de un grupo de dirigentes que conformarían la elite parlamentaria y profesional de la izquierda legal y reformista. En esto fue acertado el vaticinio de Carlos Pizarro Leongómez, quien exaltando la desmovilización dijo que se podían “identificar y formar nuevos dirigentes políticos nacionales”.21 Es a partir de 1991 que la opinión, en particular el segmento joven, comenzará a reconocer ciertos liderazgos, comenzando por Antonio Navarro. Con todo, de él y otros dirigentes se dijo que sus intenciones se suspendieron en la cuestión de la competencia burocrática. En la mayoría de casos la participación en el Gobierno o el acceso a un cargo de poder se debió a un logro individual, y fue así como algunos ganaron reconocimiento nacional. Pero el papel de la izquierda no se circunscribe exclusivamente a la competencia política, y es a partir de 1994, producto de su descalabro electoral, que su acción va a concentrarse en el terreno de lo social.
La izquierda legal y reformista frente a nuevas exigencias
Se mencionó que la Asamblea Constituyente, y la Constitución de 1991, no fue del gusto de todos los dirigentes y fuerzas políticas. Si bien su representatividad quedaba en tela de juicio dado que apenas una cuarta parte del electorado votó para elegir los asambleístas, es innegable su importancia para la política colombiana en las recientes décadas. Sus propios mentores, de todo borde ideológico-político, fueron deslumbrados a tal punto que ni se percataron de los límites y las tareas que implicaba promocionar este nuevo contrato; la sola cosa que al parecer tenían clara era que la construcción del Estado moderno (ver Max Weber) se hallaba estancada. Registraban la ausencia de instituciones estatales en varios puntos de la geografía nacional, el aislamiento de comunidades enteras por falta de vías de comunicación, la penuria de instalaciones y personal en las áreas de la salud, la educación y la justicia, la pésima calidad y falta de expansión de los servicios públicos. Además, compartían que, primero, el monopolio y uso de las armas debía ser exclusivo del Estado, pese a que guerrillas, paramilitares, bandas delincuenciales y redes del narcotráfico le disputasen tal franquicia; segundo, que era de la potestad del Estado la recaudación de impuestos, aun si estas, bajo apelativos tales como tributación al proceso revolucionario, servicios de seguridad, cobro de peajes, cuotas para el comercio y el uso de la tierra, la extorsión, se la arrebataban. Con todo, unos y otros veían la Constitución como la mejor herramienta de la que disponía el Estado para remediar estos problemas, así como otros inaplazables como la elevada tasa de homicidios22 y la corrupción.
Un factor que turbó las proyecciones de la izquierda legal y reformista fue la persistencia de las guerrillas, que no vieron en la Constitución una prenda de garantía para adelantar la defensa democrática de esa población que dicen amparar. Estas y los emisarios de diferentes Gobiernos dialogaron numerosas veces, pero fueron frecuentes los traspiés, incluso el mismo día en que se sancionó la Carta Magna, el 9 de diciembre de 1990, con el bombardeo a Casa Verde, sede del Estado Mayor de las farc. Si en la introducción de su plan de gobierno La Revolución Pacífica, que incorporaba la teoría desarrollista que se abría camino, Gaviria destacaba: “el reto de los años 90 consiste en sentar por fin las bases para el establecimiento de un sistema democrático, que permita la resolución amplia y pacífica de los conflictos y las controversias y que sea el campo fértil para el crecimiento económico, la equidad social y la realización de la dignidad humana”,23 con el codo había borrado lo que hiciera con la mano, pues ese ataque inauguraba su propuesta de “guerra integral”, a la que respondieron con furor los grupos armados. Aunque hubo luego nuevos acercamientos,24 las circunstancias e intransigencias de cada lado fueron más eficaces que los anhelos de paz. Así evaluó ese periodo presidencial un exalcalde de Bogotá, Augusto Ramírez Ocampo:25
[…] en el momento en que comenzó su mandato, dentro de la geografía de la guerra había 178 municipios que de manera directa estaban contaminados de la guerra. Y después de la “guerra integral”, entrega el presidente Gaviria su mandato, lo hace dejando 560 municipio con influencia directa o indirecta de la contaminación de la guerra.26
Si bien Gaviria acarrea al país a la era de la globalización y, apoyado en la Constitución, afianza levemente la democracia, es también quien más ahonda la fractura entre el Estado y unos grupos que, aunque no podían derrotarlo, tenían capacidad de ponerle trabas. Su sucesor, el también liberal Ernesto Samper, fue más solícito al clamor de paz que hicieran numerosas organizaciones sociales, afines a la izquierda. Estas, fuesen corporaciones o fundaciones, y en su mayoría surgidas paralelamente con el cambio constitucional o las desmovilizaciones, se ocuparon de regular el retorno de los combatientes a la vida civil y verificar el cumplimiento de los acuerdos. Pero su primordial trabajo fue promover la Constitución, la organización ciudadana bajo la idea de la democracia participativa y la construcción de un movimiento social por la paz. Es en esa labor que al mismo tiempo van a nutrir el debate político y de orden teórico de la izquierda, hasta entonces monopolizado por la extrema izquierda y sus fuerzas tradicionales. Los casos de la Fundación Progresar, la Corporación Nuevo Arco Iris, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), respectivamente, producto de los acuerdos con el epl, la crs y las milicias urbanas de Medellín, o de la Corporación Viva la Ciudadanía, cercana al proceso de reinserción del m-19, son ejemplos típicos. Catalogadas en el vasto universo de las organizaciones no gubernamentales (ong), ellas, junto con procesos más antiguos o que apenas asomaban, serán cardinales en el restablecimiento de los lazos entre diversas posturas de izquierda.
De manera sintética hay que decir que en el marco de la redacción de la Constitución se presentó una relación entreverada acerca del trabajo de diferentes organizaciones sociales y populares, algunas claramente de izquierda, y otras vistas como progresistas o radicalmente demócratas. Al respecto puede hablarse de cuatro modalidades, no sin antes precisar, primero, que una buena parte tuvieron en sus orígenes reivindicaciones diferentes a las que van a permitirles ganar acreditación, así, las causas de su respectiva transformación fueron los cambios en las demandas y problemáticas sociales, las contradicciones ideológicas, los tire o afloje de la política; segundo, que sus líderes, tratando de responder a coyunturas internas o externas, debieron fusionar tradición y pragmatismo.
Una primera modalidad de organización aparece con el crecimiento de las ciudades hacia mediados del siglo xx. Su característica esencial será la demanda por el mejoramiento de la calidad de vida, a través de mayor presencia del Estado en los barrios populares, y dada la carencia de establecimientos educativos y de salud, de la pésima cobertura de las redes de servicios públicos, de
