Se configura así un sistema social construido sobre procesos generadores de niveles de desigualdad y exclusión que se restringen a ciertos límites a través de mecanismos diversos de regulación. Mientras los excluidos son prescindibles, los que están abajo son parte indispensable de un sistema jerárquico de integración social que se autolegitima (y se sostiene) por las vías internas de emancipación que ofrece a los individuos alumbrados por la promesa de movilidad y ascenso social (Santos, 2003; Noguera Fernández, 2014). Todas las personas son participantes y súbditos a la vez del sistema jerarquizado del capitalismo tardío y “la clara desigualdad (cada vez mayor) en cuanto a poder y fortuna decide quién pertenece más a una o a otra de esas categorías” (Habermas, 1975, p. 56).
Los grupos y clases sociales, por otro lado, ya no se definen exclusivamente en función de su relación con los medios de producción. Como apunta Pierre Bourdieu (2000), las oportunidades de vida de los agentes sociales vienen perfiladas a partir de diferentes fuentes dispensadoras de fortuna y poder, es decir, diversos tipos de capital (económico, social, cultural y simbólico) que concurren en las personas de forma dispersa y solapada, haciéndolas más o menos súbditas, o más o menos participantes.
Este sistema de jerarquías es vivido de forma relativamente pacífica en tiempos de bonanza económica, en que el acceso a determinados niveles de bienestar queda más o menos garantizado y las promesas emancipatorias intrasistémicas (más o menos realizables) neutralizan la percepción social de las desigualdades. Ahora bien, en los periodos de recesión económica se pone de manifiesto que las jerarquías sociales tienen que ver no solo con ese desigual acceso al excedente (socialmente aceptado), sino también con el grado de afianzamiento de esa riqueza, la capacidad de resiliencia frente a la crisis y el poder de influencia en las decisiones económicas. En contextos de crisis, se pone especialmente en evidencia la fragilidad real de la clase media y el poder de determinadas élites económicas.
En suma, constatamos que las clases medias de los Estados sociales –de regiones centrales de la geografía mundial– viven atravesadas de la dualidad habermasiana participantes-súbditos. Son participantes en la medida en que se benefician de un sistema de organización social estructurado para garantizar ciertos niveles de seguridad y bienestar, asociados a una porción excesiva de los beneficios del capitalismo mundial, a costa de las regiones periféricas. Pero también son súbditos, por varias razones: primera, porque la promesa emancipatoria intrasistémica asociada al ascenso social no es en realidad tan realizable como aparenta ser; segunda, porque –como mostraré más adelante– carecen de poder político significativo para incidir sobre el conjunto de las decisiones públicas, civiles y mercantiles que configuran el sistema productivo-distributivo, y tercera, porque son más vulnerables a las crisis cíclicas o sistémicas del capitalismo.
Desarrollo sostenible como canal de los pasivos ambientales del sistema-mundo
La acumulación y concentración de la riqueza en determinadas sociedades y en determinadas élites mundiales se sostiene no solo sobre el empobrecimiento de otras sociedades, sino también sobre un movimiento permanente de traslación de los pasivos ambientales en sentido territorial (del centro a la periferia mundial y de los centros regionales a las periferias regionales), temporal (del presente al futuro) y étnico o de clases sociales. De este modo, los efectos de la crisis ambiental están siendo transferidos a las sociedades que menos se benefician de los procesos socioeconómicos que están en el origen de esta crisis, con lo que no solo se menoscaba su esfera de dignidad, sino que también se agravan las relaciones de subordinación entre centros y periferias.
La inequitativa distribución de los pasivos ambientales del metabolismo social global tiene dos tipos de manifestaciones. En primer lugar, el sistema de división social del trabajo a escala mundial, pero también a escala nacional o regional, tiende a provocar la traslación de las actividades industriales más nocivas de los países del centro a los países de la periferia28; igualmente, promueve la conformación de modelos productivos nacionales o regionales especializados en actividades que devienen especialmente nocivas por las condiciones en que se llevan a cabo (la cantidad, intensidad, extensión, los medios, etc.), desvinculadas de la demanda nacional o regional, pero son fuente principal de ingresos (a veces casi exclusiva) y moneda de cambio en el mercado internacional (Jaria i Manzano, 2015a; Santos, 2012b).
En segundo lugar, las regiones periféricas están actualmente más expuestas y son más vulnerables frente a los impactos ambientales y económicos derivados de las transformaciones ecosistémicas globales (Mesa Cuadros, 2009). La distribución territorial de los impactos del cambio climático pone nítidamente en evidencia esta tendencia. Los efectos del cambio climático tienen especial trascendencia en las regiones del mundo que precisamente menos han contribuido a causarlos, puesto que suelen tener ecosistemas muy biodiversos y sensibles, las actividades ligadas a la tierra y esos ecosistemas suelen tener un peso importante en sus economías y la escasez de medios hace más difícil la resiliencia a esos impactos.
En un sentido temporal, a pesar de que el desarrollo sostenible conforma un entramado ético intergeneracional articulado en torno a la preocupación por las generaciones futuras, esta sigue siendo la cuestión irresuelta de la crisis ambiental. La reducción o control de ciertas externalidades ambientales en las regiones centrales, teniendo como horizonte principal la preservación de la calidad de vida y el entorno inmediato, se ha logrado no solo desplazando externalidades a la periferia sino también obviando impactos y amenazas que se manifestarán en un futuro (los residuos nucleares, el mantenimiento de modelos productivos dependientes de unos recursos destinados a agotarse en pocas décadas, las emisiones de gases de efecto invernadero, etc.).
Así, se puede observar que los tiempos del desarrollo sostenible son los tiempos en que el capitalismo ha moldeado su versión más inequitativa, exacerbando la presión sobre los recursos planetarios. La cuestión de los límites planetarios (especialmente de aquellos recursos de los que el metabolismo global es más dependiente) ha sido problematizada en gran medida como problema económico asociado a la seguridad y disponibilidad de recursos, como problema de sostenibilidad (perdurabilidad) del capitalismo, y no tanto como problema ambiental y de reproducción de la vida (Fernández Durán, 2011); la preocupación por la sostenibilidad del crecimiento económico se impone a la preocupación por la “sustentabilidad ecológica”, empleando los términos de Leff (2010)29.
El planteamiento discursivo del desarrollo sostenible intenta, desde dentro del sistema institucional del capitalismo, problematizar la cuestión de los límites planetarios como un problema de sostenibilidad ecológica. Sin embargo, como matriz prescriptiva que se adapta a ese aparato institucional sometiéndolo solo a ligeras reformas, ni tiene fuerza para incidir en los procesos dominantes de economía de frontera, ni es capaz de estructurar normativamente el despliegue de procesos económicos ajustados a las capacidades terrestres –ni siquiera en paralelo a las fuerzas dominantes–. Esto se debe a que asume una explicación parcial y cortoplacista de los riesgos que se están trasladando al futuro, poniendo el foco en los límites más acuciantes, y a que sigue estando destinado a topar permanentemente con nuevos límites, en su condición de propuesta de recambio tecnológico no acompañada de una revisión profunda de los volúmenes de consumo de materia y energía (García-Olivares, Bellabrera-Poy y Turiel, 2012; García-Olivares y Bellabrera-Poy, 2015).
LA CRISIS AMBIENTAL ES UNA CRISIS DE LA DEMOCRACIA: PROBLEMAS DE LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES AMBIENTALES EN EL CAPITALISMO TARDÍO
La posmodernidad acoge una creciente escisión entre las necesidades económicas del sistema y las expectativas democratizadoras de sectores de la ciudanía que son políticamente más exigentes. Las críticas a la racionalidad económica dominante se han forjado en un proceso simultáneo de cuestionamiento de la legitimidad de las democracias liberales,
