Fomentar políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva de la persona mayor.
f) Garantizar el acceso a beneficios y servicios de salud asequibles y de calidad para la persona mayor con enfermedades no transmisibles y transmisibles, incluidas aquellas por transmisión sexual.
Claramente, las políticas sanitarias en la vejez se dirigen, fundamentalmente, a tratar de disminuir el impacto de las enfermedades crónicas que afectan la funcionalidad de los cuerpos viejos (cardíacas, hipertensión, diabetes, artrosis), degenerativas (demencias) o neoplásicas (cáncer de mama, de útero o de próstata en el caso de los varones).
Asimismo, y como muestra de ello, lxs mayores no se constituyen en población objetivo de programas de salud sexual, probablemente bajo el supuesto de que se encuentran fuera de riesgo, aun cuando crece el número de mayores afectados por VIH, excluyéndose a los mayores de las poblaciones que reciben medidas preventivas. Sin embargo, estudios realizados en la actualidad muestran que portadores de VIH envejecen cada vez en mayor medida y por otro lado también se incrementa la población diagnosticada en esa etapa, afirmándose que el riesgo de transmisión de la enfermedad es la misma que en otro grupo etario.
Según Carvajal (2012:2) “el diagnóstico tardío se debe, en parte a que los trabajadores de salud, no piensan en el VIH en personas mayores porque no asocian conductas de riesgo con la edad avanzada”.
Desde nuestro punto de vista, la escasa atención a la salud sexual de las mujeres mayores está basada en su invisibilización como seres sexuados, de alguna manera la vejez aparece como incompatible con los modelos hegemónicos de sexualidad y erotismo atribuidos a la juventud.
De modo que podría decirse que, un programa de salud sensible y transformador de las relaciones de género debería abordar la relación entre la salud y la sexualidad de las mujeres sin límites de edad. La ausencia de programas que consideren la sexualidad y la diversidad sexual en la vejez demuestran que la edad reproductiva es el parámetro y aun cuando en edades reproductivas se tome el enfoque de género, en la vejez éste parece ser abandonado.
Pero, de acuerdo a lo analizado hasta ahora ¿con qué tiene que ver este viraje ante la edad de las políticas de salud sexual?
Podríamos decir, en principio, que se trata de un prejuicio contra la vejez, pero eso no es todo, tiene, a nuestro entender, mucho más que ver con la cuestión de género que con una cierta gerontofobia o bien un proceso en el que ambas cuestiones interactúan.
Una primera respuesta podría afirmar que unido al viejismo se encuentra la denominada “construcción social de la sexualidad” a la que se refiere Jeffrey Weeks (1998) cuando cita a Cartledge (1983) señalando que comprende “las maneras múltiples e intrincadas en que nuestras emociones, deseos y relaciones son configurados por la sociedad en que vivimos”.
De alguna manera entonces, la invisibilización de la sexualidad de las mujeres mayores, en particular, vendría a mostrarnos un fenómeno social que evidencia, entre otras cosas la poderosa asociación entre sexualidad y reproducción, permitiéndonos, resignificar el lugar de las mujeres en la sociedad.
¿Por qué habría de ser la sexualidad una vía para discutir género y derechos en la vejez?, entendemos la sexualidad como producto social e histórico que nos posibilita, asimismo, considerar el marco para ampliar el debate en torno a lo público y lo privado, a la discusión en torno a la biología como destino y los parámetros de “normalidad” entre otros alcances.
En ese sentido, si la vejez es un destino común a todas, ¿cómo puede pensarse esta articulación conceptual de manera que podamos dar cuenta de los efectos que genera ser mujer vieja en una sociedad basada en el standard del ciudadano varón, blanco de clase media al que también definiremos como joven? Se trata, de vincular, al decir de Platero (2012:3) “…categorías relacionales que entran en juego en nuestro propio cuerpo, son categorías versátiles, entrelazadas y casi inseparables analíticamente”.
Este proceso epistemológico que debe realizarse implica resistir la tendencia a homogeneizar, a realizar un borramiento de las diferencias, reduciendo la complejidad que entraña considerar, por ejemplo, la acumulación de experiencias en el curso vital tales como la división sexual del trabajo doméstico, el burnout del cuidado y la triple jornada. Pero también aquellas derivadas de la pobreza, el trabajo sexual o la discriminación sexista.
Derechos, Ciudadanía y Mujeres Mayores
Shallat (1993), nos advierte acerca de las dificultades que entrañan las definiciones de los derechos sexuales y reproductivos y la necesidad de vincularlos con la sexualidad ya que existen en el contexto de otros derechos, tales como el del consentimiento informado y la calidad de atención.
Pero, ¿qué sucede cuando los cuerpos de las mujeres ya no tienen la capacidad reproductiva? ¿O cuando ni siquiera han deseado reproducirse?
En la asamblea general de mayo de 1998, la OMS y los Estados miembros acordaron: “Nos comprometemos con los conceptos de equidad, solidaridad y justicia social y a la incorporación de la perspectiva de género en nuestras estrategias”.
Y seguidamente:
Para ello tenemos varios retos que afrontar. El primero de ellos será integrar el género en todo el ciclo de vida. No considerar el género simplemente como algo relativo a la salud sexual y reproductora, sino que hay que reconocer que estamos hablando de un condicionante de salud que nos afecta desde que nacemos hasta que morimos, y que está presente en todas las sociedades y en todos los países del mundo. Yordi, I. (2003). La política de la OMS en materia de género. Quark, (27), 24-32.
En el mismo sentido, recuperamos
“Las transformaciones de las relaciones de género no son solo el producto de la voluntad y la acción de los actores […] sino también de las oportunidades y restricciones que ofrecen las normas institucionales que regulan las relaciones entre los sujetos”. (Guzmán y Montaño 2012, 5-6).
La incorporación de la temática de género reconoce una trayectoria en varias fases donde se produjeron importantes avances en torno a la incorporación del género en las políticas públicas. Suele señalarse la actual como una etapa Post Beijing en la que el surgimiento de nuevas y significativas categorías de análisis y la implementación de políticas públicas, han llevado a una cierta resignificación de la ciudadanía de las mujeres.
Uno de los objetivos políticos del avance de las mujeres es lograr la transversalidad de género en las políticas públicas a través de lo que se denomina mainstream de género. La falta de transversalidad de género en la política sanitaria orientada a la población mayor creemos que se encuentra vinculada a la particular construcción del colectivo de los mayores en la política pública.
De alguna manera la visibilización de las mujeres mayores como sujetas de derecho implica poner en discusión la base misma de la que se parte en la construcción de ciudadanía en clave de género y edad.
Es en torno al encuentro discursivo entre derechos y ciudadanía puede observarse que el denominado “contrato social” ha sido establecido en base a un sujeto varón y propietario (Ciriza,2010), pero, también podríamos agregar, adulto, no viejo, específicamente. La ausencia de la edad en esta retórica del derecho asume esa equivalencia y propone un tácito acuerdo respecto de quienes se encuentran comprendidos por el paraguas protector de las leyes. Al mismo tiempo es el mismo discurso que despolitiza las relaciones establecidas en el ámbito de lo privado, específicamente lo doméstico, caracterizado culturalmente como femenino y custodiado por el modelo patriarcal.
Dentro de esta lógica binarista,
