estos mismos prejuicios para cimentar una propaganda contra la población inmigrante mexicana.
LAS LEGISLACIONES MIGRATORIAS EN ESTADOS UNIDOS
Desde finales del siglo XVIII, Estados Unidos mantuvo una política de puertas abiertas a la inmigración e incluso, con la Ley de Inmigración de 1864, se buscó estimular el ingreso de extranjeros como medida para incrementar los flujos de población y satisfacer así las necesidades de mano de obra de la industria y de la agricultura (Cortés, 2003). No obstante, durante las últimas décadas del siglo XIX, el nativismo impregnó la normatividad en materia migratoria: el color de piel y las diferencias culturales sirvieron como parámetros para la adopción de medidas de contención al ingreso de inmigrantes de ciertas nacionalidades. Por ejemplo, la Ley de Exclusión China, aprobada por el Congreso en 1882, tuvo como propósito impedir el ingreso de nacionales chinos, quienes habían sido atraídos al país por la creciente fiebre del oro en California. Leyes similares se aprobaron en contra de nacionales japoneses a comienzos del siglo XX (Esquivel, 1993).
La primera ley orgánica de inmigración [de Estados Unidos] fue adoptada en 1917 e incorporó la legislación existente, agregando nuevas restricciones. Además de la prohibición de admisión de analfabetas, de personas de constitución psicopática inaceptable, de alcohólicos y vagos, se definió una gran zona asiática a la que también se prohibía la inmigración. Entre otras, esta zona incluyó a ciertas regiones de China, India, Persia, Birmania, Siam y los estados malayos, parte de Rusia y Afganistán; también la mayor parte de las islas Polinesias y las islas de la India oriental. Poco después de que el Congreso aprobara esa ley, el Departamento de Trabajo –encargado de su administración en esos años– se valió de una excepción que permitió admitir temporalmente como trabajadores no inmigrantes a decenas de miles de mexicanos y canadienses. (García citado por Esquivel, 1993)
Durante la Primera Guerra Mundial, los empresarios estadounidenses se vieron afectados por la reducción de la fuerza laboral proveniente de Europa, motivo que los condujo al reclutamiento masivo de trabajadores mexicanos (Durand, citado por González Reyes, 2009, p. 49; Cortés, 2003). Este proceso fue facilitado por el desarrollo de las líneas ferroviarias, lo que permitió un desplazamiento más expedito de obreros y labriegos provenientes del sur. Sin embargo, ya en 1917 se aprobó la primera norma para restringir el ingreso masivo de mexicanos generado por el desplazamiento de personas, como resultado de la Revolución de 1910 (Benítez, 2011, p. 180). Es por esta fecha que ocurre el primer cierre de la frontera y que el tema migratorio comienza a ser percibido como un problema de seguridad. Paradójicamente, las restricciones al ingreso de mexicanos promovieron el aumento de la contratación de indocumentados por parte de los hacendados sureños –que continuaban demandando mano de obra latina–.
Posteriormente, en la década de 1920, se adoptó un sistema de cuotas –que sigue caracterizando, con ciertas reformas, la actual legislación migratoria– que estableció el número de inmigrantes que se aceptarían por cada país: un 2 % del total de residentes nacionales de ese mismo origen en los Estados Unidos (Esquivel, 1993). Inicialmente, la legislación estableció como límite la aprobación de hasta 290 000 visas de residencia por año. De estas, 120 000 visas estaban destinadas para solicitantes de origen latinoamericano, con excepción de los mexicanos (Durand, 2008, p. 45).
No obstante, esto coincide con la creación en 1924 de la Patrulla Fronteriza, con lo cual se inicia formalmente el control gubernamental del tránsito terrestre de personas desde el sur. Así, aunque los mexicanos quedaron inicialmente excluidos de la medida de cuotas, la crisis económica del 29 generó un clima hostil hacia ellos –al considerarse que usurpaban empleos, de por sí escasos, a los trabajadores estadounidenses– e implicó el incremento exponencial de las deportaciones de indocumentados. De acuerdo con los datos presentados por Massey, Durand y Malone (citados por González Reyes, 2009, p. 49), entre 1929 y 1937 fueron arrestados y deportados 458 000 mexicanos, mientras que miles más decidieron regresar a su país ante el clima político adverso generado por el desempleo y la recesión.
Con la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el país debió importar mano de obra para suplir a aquellos jóvenes que debieron abandonar sus puestos de trabajo para unirse a las fuerzas armadas. En este contexto se produjo la suscripción, en agosto de 1942, del primer acuerdo migratorio formal entre Estados Unidos y México, el Programa Bracero. Mediante este programa, se permitió el traslado legal y temporal de campesinos y trabajadores mexicanos, para laborar como jornaleros en los ranchos de Texas, Colorado y Nuevo México. El acuerdo entre los dos países garantizaba un salario mínimo de 30 centavos por hora y un trato humano para los trabajadores mexicanos. Sin embargo, muchos de los braceros debieron enfrentar abusos por parte de los patronos, alojamiento deficiente, discriminación e incumplimiento de contratos. El Programa Bracero se extendió hasta 1964 y representó el ingreso de más de 4,6 millones de jornaleros mexicanos a territorio estadounidense (Centro para la Historia y Nuevos Medios, 2013).
Por esta época, advierte Meneses (2012, pp. 259-260), se incrementó de forma paralela el número de migrantes mexicanos indocumentados, en lo que se puede considerar un Programa Bracero en la sombra. Pero, además, muchos de los braceros decidieron permanecer en Estados Unidos una vez terminados sus contratos de trabajo (Centro para la Historia y Nuevos Medios, 2013). Para hacer frente a estos fenómenos, se liberó a la Patrulla Fronteriza del ámbito de la frontera y se le permitió realizar detenciones dentro del país; incluso podían registrar cualquier medio de transporte sospechoso de trasportar migrantes irregulares. Según Lytle Hernández (2006, pp. 441-442), las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza casi se duplicaron entre 1950 y 1953: pasaron de 459289 a 827 440. Además, entre el 3 de septiembre de 1953 y el 25 de agosto de 1956, 49 503 deportados fueron cargados en barco por oficiales estadounidenses y mexicanos.
Por su parte, la Operación Wetback de 1954, por ejemplo, involucró a más de mil agentes de la Patrulla Fronteriza y de las policías locales y estatales, en la tarea de aprehender y deportar a inmigrantes irregulares en los estados de California, Arizona y Texas (Dillin, 2006). Así, Morales (citado por Meneses, 2012, p. 260) estima que, tan solo en 1954, se deportaron más de un millón de mexicanos y se arrestaron hasta 2000 personas indocumentadas por día. En algunos casos, los criterios de detención se basaban en la apariencia física de la persona –el parecer mexicano–, lo cual desató una grande oposición tanto en México como en el propio Estados Unidos, obligando al Gobierno federal a dar por terminada la operación después de cinco meses de haber sido emprendida.
Para 1976, se estableció un límite anual de aprobación de 20 000 visas por país, hasta un límite total de 270 000 visas para inmigrantes. Con ello, los solicitantes mexicanos, inicialmente exentos del mecanismo de cuotas, se vieron seriamente afectados, lo cual generó el incremento de los individuos que buscaban permanecer en Estados Unidos de forma irregular (Durand, 2008, p. 45).
Entre 1965 y 1986, la inmigración mexicana neta total en Estados Unidos fue de alrededor de 5,7 millones de personas, de las cuales 81 % era indocumentada (Massey et al.; citado por González Reyes, 2009, p. 49). Es también durante este periodo en que el Gobierno federal de Estados Unidos comienza a vincular la migración desde el sur con el tráfico de drogas ilegales, tras determinar que las rutas seguidas por inmigrantes irregulares para entrar al país eran también utilizadas para el contrabando de marihuana. Meneses (2012, p. 260), citando la historia de la Patrulla Fronteriza, reseña que “para este momento el negocio del contrabando de extranjeros empieza a involucrar también contrabando de drogas. La Patrulla Fronteriza asistió a otras agencias en la interceptación de drogas ilegales provenientes de México”. Desde entonces, el tema de la migración
