contratación de indocumentados. En 2012, ICE deportó 409 849 individuos que se encontraban de forma irregular en Estados Unidos, 55 % de los cuales tenían antecedentes penales.
Por su parte, la Guardia Costera es responsable de la defensa de las fronteras marítimas de los Estados Unidos. Su principal misión de seguridad nacional es la protección del dominio marítimo y del sistema de transporte marítimo de Estados Unidos, lo que conlleva el aseguramiento de puertos, vías marítimas y costas del país. La Guardia Costera está, entonces, encargada de la detección y detención de terroristas, narcotraficantes y migrantes irregulares que pretenden ingresar por mar a territorio estadounidense (U. S. Coast Guard, 2013). En la frontera con México, la Guardia Costera ha sido involucrada en la vigilancia del Río Bravo y de la ciudad de San Diego en California.
Asimismo, a partir de octubre de 2002 también se produjo un reordenamiento del Departamento de Defensa que implicó, entre otros aspectos, la conformación del Comando Norte, encargado de la defensa del territorio norteamericano –incluyendo jurisdicción sobre territorio canadiense y mexicano–. Aunque la participación de militares en la seguridad fronteriza está directamente relacionada con la guerra contra el terrorismo y las drogas, ellos apoyan la interceptación de inmigrantes irregulares al informar a las agencias civiles de seguridad pública sobre aquellos cruces no autorizados que sean detectados.
Así, por ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta Norte (JTF-N) desplegó, en febrero de 2010, la Operación Nimbus II, que incluía el empleo de vehículos de combate acorazados tipo Stryker y una unidad de defensa aérea a lo largo de la zona fronteriza de Arizona y Texas, para proporcionar apoyo de inteligencia, vigilancia y reconocimiento a la Patrulla Fronteriza (Isacson y Meyer, 2012). Este tipo de operaciones se basan en tecnologías y lecciones aprendidas durante las guerras en Afganistán e Irak, con lo cual se evidencia cómo la zona de frontera ha sido convertida en una suerte de teatro de operaciones de guerra de baja intensidad, en cuya lógica todo acceso no autorizado, bien sea de personas o bienes, se constituye en una amenaza para la seguridad nacional.
A ello se suma el apoyo –temporal pero activo– que después del 11 de septiembre presta la Guardia Nacional a la Patrulla Fronteriza, operando en lugares estratégicos de la frontera, así como en los puertos de entrada de las aduanas. Entre 2006 y 2008, por ejemplo, la Operación Jump Start desplegó unas 6000 tropas de la Guardia Nacional para asistir al personal de seguridad de la Patrulla Fronteriza en tareas relacionadas con inteligencia, investigación y vigilancia aérea para contener el narcotráfico y la migración irregular. En 2010 y con objetivos similares, la administración Obama ordenó el despliegue de 1200 efectivos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera –mayormente en Arizona, en menor medida en Texas, California y Nuevo México– (CNN México, 2011). En ambos casos, se justificó la asistencia de la Guardia Nacional como medida temporal mientras la Patrulla Fronteriza entrenaba a nuevos agentes (Isacson y Meyer, 2012).
A pesar del despliegue de diferentes agencias federales y la militarización para ejercer el control y la seguridad fronteriza, no existe una estrategia federal integral que coordine el esfuerzo interagencial para hacer frente al tránsito irregular de personas a través de la frontera con México.
SEGURIDAD NACIONAL Y MIGRACIONES EN AMÉRICA DEL NORTE
Si bien a partir de la década de 1990 –sobre todo desde la firma del TLCAN en enero de 1994– se había promovido una mayor integración entre Estados Unidos, México y Canadá, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 implicaron la subordinación de las relaciones bilaterales –económicas y políticas– a la cooperación de estos Estados en la guerra contra el terrorismo. De esta forma, los acuerdos comerciales y toda iniciativa de integración económica –incluidos el tema del libre tránsito de bienes y personas– quedaron sujetos a las demandas de seguridad de Estados Unidos. En consecuencia, todos los temas de la agenda bilateral con México, incluidos los asuntos migratorios, quedaron subordinados a los paradigmas de la seguridad nacional establecidos –unilateralmente– por su vecino del norte.
En este escenario, el concepto seguridad asumió diferentes acepciones en cada país. Mientras para Estados Unidos la seguridad se entendió como la seguridad nacional, relacionada con la lucha contra el terrorismo internacional, para México, la seguridad se vinculó a la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y los altos índices de violencia relacionada con tales fenómenos. En ambos casos, fronteras y seguridad quedaron estrechamente ligadas y convertidas en asunto prioritario de las relaciones bilaterales (Guillén, 2005, p. 161).
Tres han sido las iniciativas de Estados Unidos para fortalecer la vigilancia de las fronteras: el acuerdo de Fronteras Inteligentes (2002), la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte, ASPAN (2005) y la Iniciativa Mérida (2007).
Fronteras Inteligentes
Bajo el supuesto de la vulnerabilidad omnipresente, Estados Unidos ató las relaciones comerciales con sus vecinos a sus propios intereses de seguridad nacional, lo que implicó, bajo un primer análisis, una tensión manifiesta entre seguridad fronteriza y flujo dinámico de personas y bienes previsto por el TLCAN. No obstante, a pesar del unilateralismo con el que Estados Unidos implementó medidas de seguridad para restringir la porosidad de las fronteras, para México y Canadá, el escenario posterior al 11 de septiembre representó una ventana de oportunidad en materia de comercio bilateral con Estados Unidos. Esto debido a que, en consonancia con sus intereses de seguridad, Washington promovió la superación del modelo de seguridad imperante con base en fronteras territoriales, que restringe el flujo de bienes y personas, a favor de sistemas de administración de riesgos que comúnmente involucran procesos de liberación previa de bienes y viajeros (Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 550).
En todo caso, el establecimiento del perímetro de seguridad de América del Norte implicó una serie de presiones diplomáticas para lograr la convergencia de las políticas, tanto de México como de Canadá, en materia de seguridad exterior, control fronterizo y migratorio, de acuerdo con los requerimientos y paradigmas de la seguridad nacional estadounidense. En el caso de su frontera sur, la aproximación estratégica de Estados Unidos se basa en la percepción de aquella como una zona criminalizada donde convergen migración ilegal, narcotráfico, crimen organizado y –probablemente– terrorismo. De esta forma, como lo destacan Meyers, Sokolsky y Lagassé (citados por Hernández, 2008, p. 206), las presiones hacia México se orientan al fortalecimiento del control fronterizo y del combate al crimen organizado, y a la mayor inversión de recursos en aquellos aspectos de seguridad que Estados Unidos percibe como amenaza para sus intereses nacionales.
Ya en octubre de 2001, el entonces presidente George W. Bush, mediante la Segunda Directiva Presidencial de Seguridad Nacional, ordenó a su secretario de Estado, Collin Powell, así como a su secretario del tesoro y al procurador general, “iniciar negociaciones con Canadá y México para garantizar la mayor compatibilidad posible en políticas de inmigración, aduanas y visado” (Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 550). Con esto, Washington asumió un modelo de círculos concéntricos de seguridad que trascendía a toda Norteamérica e involucraba a las autoridades de México y Canadá en la salvaguarda de la seguridad nacional estadounidense.
El primero de estos círculos concéntricos de seguridad hace referencia al territorio estadounidense propiamente dicho, cuyos límites físicos están determinados por las fronteras terrestres, marítimas y aéreas del país. El segundo círculo se conformaría por la región de Norteamérica, lo que implicó la corresponsabilidad de Canadá y México, para la protección de las fronteras del bloque norteamericano. El último círculo estaría definido por las relaciones que mantiene Estados Unidos con los demás países del mundo, e involucra a estos en la prevención de factores de riesgo para la seguridad estadounidense (Hernández, 2008).
Después del 11 de septiembre, Washington requirió a sus vecinos la implementación de medidas
