republicana de Ronald Reagan (1981-1989) intensificó la guerra contra las drogas y se fortaleció la seguridad fronteriza para evitar la entrada de narcóticos a territorio estadounidense, se produjeron efectos colaterales sobre el control migratorio. Como lo destaca González Reyes (2009, p. 51), la política de combate al narcotráfico tuvo importantes repercusiones en la frontera México-Estados Unidos, al incorporar a las Fuerzas Militares en la colaboración y apoyo de la Patrulla Fronteriza. La estrategia de vigilancia fronteriza se orientó a bloquear las rutas de contrabando de drogas ilegales, pero que también eran utilizadas para el ingreso de migrantes irregulares.
En 1982, cuando México atravesó la peor crisis económica desde la Revolución de 1910 –que causó la baja de salarios y la devaluación del peso–, la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos se incrementó, lo que se sumó a la migración masiva de centroamericanos que buscaban escapar y refugiarse de las guerras civiles y la pobreza. Esto coincidió con un clima político interno adverso a la inmigración, especialmente en los estados estadounidenses limítrofes con México, en donde se había extendido la percepción de la frontera como una zona caótica, sin control del Estado, debido a la creciente y cada vez más notoria presencia de migrantes irregulares en las ciudades del sur.
En consecuencia, el Congreso de Estados Unidos aprobó en 1986 la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (Immigration Reform and Control Act-IRCA), con la que se pretendió robustecer la reglamentación fronteriza y disminuir los flujos migratorios desde México, al reforzar las sanciones a la contratación de indocumentados y aumentar las condiciones para otorgar la ciudadanía a los extranjeros. En este orden de ideas, se incrementó el número de hombres de la Patrulla Fronteriza y se inició la construcción de una barrera de separación en siete ciudades fronterizas: San Diego y El Centro en California, Yuma en Arizona, y El Paso, Del Río, Laredo y MacAllen en Texas (Bustamante, 1997, p. 173).
No obstante, IRCA también otorgó amnistía a la población irregular: aproximadamente 3,2 millones de personas lograron la legalización de su situación migratoria, 70 % de los cuales eran mexicanos, y otro tanto centroamericanos y sudamericanos. En suma, más del 85 % de las visas de trabajo otorgadas en 1986 por IRCA fueron para latinoamericanos (Durand, 2008, p. 45). El Gobierno mexicano tuvo gran influencia en la adopción de esta medida, ya que buscaba que los derechos de sus nacionales asentados en Estados Unidos fueran respetados (Bustamante, 1997, p. 173).
Simultáneamente, el Gobierno federal empezó a presionar a México para que intensificara la vigilancia en su frontera sur y deportara a los migrantes centroamericanos antes de que llegaran a Estados Unidos. Datos presentados por Jonas (1999; citado por González Reyes, 2009, p. 50) señalan que, como resultado de la presión estadounidense, las deportaciones mexicanas –en especial de centroamericanos– pasaron de 1308 en 1987 a 130 000 por año después de 1990. Con la integración económica que supuso el tlcan a comienzos de la década de los noventa, se incrementó la apreciación de la cooperación fronteriza. Ya para 1991, fueron creados los Mecanismos de Enlace Fronterizo (BLM por sus siglas en inglés), para la atención y respuesta de asuntos y problemas fronterizos (Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 562). Sin embargo, los temas migratorios quedaron ausentes de este tipo de espacios de debate, y Estados Unidos continuó implementando políticas y estrategias unilaterales para abordar el asunto.
Lejos de detener la migración de indocumentados, IRCA promovió nuevos flujos migratorios como parte de un proceso orientado a lograr la reunificación familiar. El Servicio de Inmigración y Naturalización estimaba que, para 1994, había ya unos 4 millones de indocumentados en Estados Unidos, 60 % de los cuales eran de origen mexicano; de estos, el 40 % residía en California (González Reyes, 2009, p. 49-50).
Posteriormente, ante la creciente presión de los grupos políticos –tanto republicanos como demócratas– y de ciertas comunidades de los estados fronterizos, la administración de Bill Clinton (1993-2001) promovió una serie de medidas orientadas a reforzar la frontera y aplicar efectivamente la legislación migratoria. Además del incremento del presupuesto y del personal para proteger la frontera, se asumió un enfoque de prevención mediante la disuasión, bajo el supuesto de que una mayor presencia de la Patrulla Fronteriza y la mayor vigilancia de la frontera aumentaba el riesgo para los migrantes indocumentados, por lo que se convertía en una medida eficaz de disuasión de la inmigración irregular (Isacson y Meyer, 2012). Más que detener la afluencia de migrantes, se buscó aumentar los costos de la inmigración para así desalentarla.
La estrategia de la administración Clinton consistió en bloquear los puntos tradicionales de ingreso de inmigrantes irregulares como El Paso y San Diego, cosa que alejó a los irregulares de las zonas urbanas y los obligó a tomar caminos más hostiles y peligrosos a través de zonas cada vez más escabrosas, desérticas e inhóspitas, donde el servicio de inmigración y naturalización tenía mayores ventajas tácticas (González Reyes, 2009, p. 52; Meneses, 2012, p. 262). Así, los flujos migratorios irregulares se desplazaron hacia los sectores de Yuma y Tucson (Arizona) y El Centro (California), a través de desiertos agrestes, convirtiéndose en los corredores más utilizados para ingresar de forma ilegal a Estados Unidos (Isacson y Meyer, 2012).
En este contexto, la Patrulla Fronteriza diseñó y desarrolló varios operativos de control para contener la migración irregular. El primero de ellos, la Operation Hold the Line de 1993, estuvo orientada a cortar el corredor de indocumentados entre Ciudad Juárez y El Paso (Texas). En 1994, la operación fue integrada en la Estrategia para la Frontera Suroeste (Southwest Border Strategy), la cual respondía a una doctrina de control sistemático y agresivo de la frontera –sobre todo en los tramos urbanos–, desde Imperial Beach en California hasta la desembocadura del Río Grande en Texas (Meneses, 2012; Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006).
Posteriormente se adelantaron otros operativos similares como la Operation Gatekeeper en San Diego, California (1994); la Operation Safeguard en Nogales, Arizona (1995); y Rio Grande, entre Brownsville y Laredo, Texas (1997). Todos ellos se hicieron con el objetivo de mantener a los no bienvenidos o indeseables fuera del país (Nevins, citado por Gabriel, Jimenez y Macdonald, 2006, p. 561). Desde entonces, operativos de este tipo se han repetido y ampliado en distintas fases, con desarrollos específicos de acuerdo con las especificidades de cada región.
Con todo, un significativo segmento de la población, parte del cual estaba vinculado al Partido Republicano, ejerció presión para que el Gobierno federal incrementara la vigilancia y la regulación de todos los flujos migratorios, ejerciendo un control más estricto de los illegal aliens (Meneses, 2012, p. 262). Esta presión se materializó en la Ley para la reforma de la inmigración ilegal y la responsabilidad inmigratoria (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act-IIRIRA) de 1996. IIRIRA estableció, básicamente, un control más riguroso al ingreso no autorizado de individuos a través de la frontera con México, el fortalecimiento y la ampliación de las facultades de la Patrulla Fronteriza, así como sanciones a aquellas personas y empresas que proporcionaran trabajo a migrantes irregulares. Con esta legislación se incorporó la figura de remoción, que permitió a los oficiales detener inmigrantes por sospecha de algún delito y negar la residencia si los inmigrantes suministraban información falsa en sus documentos (Hernández, 2008).
Para Durand, la ley IIRIRA,
[…] afectó seriamente a la comunidad latinoamericana, porque se limitaron una serie de apoyos y servicios a los que tenía acceso la población, sin importar su calidad migratoria. Se penalizó a los indocumentados, se colocaron trabas importantes para el ingreso de refugiados y se castigó a los inmigrantes residentes que contaban con
