así como garantizar la seguridad del tráfico eficiente de viajeros y mercancías legales a través de las fronteras compartidas. Para ello, ASPAN destaca acciones conjuntas en las siguientes acciones prioritarias (Arrellanes, 2009, pp. 65-67):
• Protección de América del Norte contra amenazas externas
* Seguridad para los viajeros de alto riesgo: desarrollar e instrumentar un sistema compatible entre los tres países que permita el intercambio y almacenamiento de información de criminales (del narcotráfico, lavado o falsificación de dinero, entre otros) y terroristas, a su llegada al primer puerto de entrada al continente.
* Seguridad para carga: ampliar funciones y membresía de las asociaciones públicas y privadas de los tres países (FAST, CTPAT, PIP y BASC) dedicadas a acelerar el flujo de cargamentos y bienes hacia el interior de América del Norte, así como de salvaguardar la cadena de abastecimiento de productos provenientes de otros continentes.
* Bioseguridad: desarrollar mecanismos de intercambio de información para la prevención, detección y reacción frente a amenazas, tanto naturales como intencionales, a la salud pública y el sistema alimentario agrícola, así como ampliar los sistemas de monitoreo de importaciones de alimentos hacia el continente y entre los tres países.
• Prevención y respuesta a amenazas dentro de América del Norte
* Seguridad aérea: desarrollar e instrumentar un programa compatible en los tres países para el monitoreo de pasajeros y revisión de equipaje y cargamento, que evite a usuarios y cargamentos que inicien su travesía desde América del Norte volver a pasar revisión, siempre y cuando su destino final también sea dentro del continente.
* Seguridad marítima: diseñar e instrumentar mecanismos de intercambio de información y colaboración en la evaluación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de transporte marítimo y sus puertos.
* Amenazas transnacionales: reforzar la cooperación en la lucha contra actividades criminales y terroristas de índole fronterizo, así como garantizar la repatriación segura, ordenada, digna y humana de migrantes indocumentados de zonas de alto riesgo.
* Lucha contra el terrorismo: desarrollar e instrumentar mecanismos de intercambio de información y cooperación que refuercen la capacidad de lucha de los tres países en contra de las actividades terroristas.
* Protección de infraestructura crítica: diseño e instrumentación de estrategias compatibles de protección de infraestructura crítica en áreas predeterminadas de manera conjunta, así como coordinación de planes de respuesta a emergencia en este aspecto.
• Aumentar la eficiencia del flujo seguro de tránsito de bajo riesgo a través de nuestras fronteras compartidas
* Zonas aeroportuarias libres de inspección: ampliar el número de aeropuertos en América del Norte que cuenten con líneas migratorias y aduaneras para pasajeros, equipaje y carga preaprobados de origen.
* Reducción de tiempos de espera: aumentar la cobertura de programas ya existentes de facilitación de acceso para viajeros y carga de bajo riesgo, como las líneas FAST, Nexus y Sentri; evaluar de manera conjunta la instrumentación de nuevos programas con el mismo fin; construir nueva infraestructura fronteriza y mejorar la eficiencia de la ya existente, así como evaluar la posibilidad de facilitar el cruce de cargamentos FAST de un lado a otro de la frontera sin necesidad de detenerse.
* Uso de tecnología de punta: continuar incorporando equipo de alta tecnología en las fronteras comunes de América del Norte que permitan alcanzar las metas de seguridad compartidas, así como agilizar el flujo legal de personas y bienes.
ASPAN generó el compromiso de México de fortalecer la seguridad en su frontera norte y evitar el tránsito de potenciales terroristas. Esta necesidad se afincó en el registro de casos en los que resultaron detenidas personas de nacionalidades iraquíes, chinas, norcoreanas y norafricanas, que pretendían ingresar de forma ilegal a Estados Unidos desde México. Como lo reseñan Herrera-Lasso y Artola:
Si bien es cierto que el terrorismo islámico no ha representado hasta ahora una amenaza directa a la seguridad nacional de México, no menos cierto es el hecho de que un acto terrorista en Estados Unidos en el que México estuviese de alguna forma implicado, por ejemplo como lugar de tránsito de los terroristas, tendría enormes consecuencias por todo lo que deriva de la vecindad. Evitar que esto suceda se convirtió en una prioridad. (Herrera-Lasso y Artola, 2011, p. 18)
Así, la securitización del tema migratorio se trasladó a México, que no solo se comprometió en una mayor protección de su frontera norte, sino además en la contención de la migración hacia Estados Unidos originada en su frontera sur, para lo cual debió incrementar su seguridad fronteriza. De esta forma, se asumió como necesidad manifiesta el control, también, de la migración ilegal de personas que transitan por México desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Esto está especialmente ligado a la preocupación generada por las crecientes actividades criminales de las maras de origen centroamericano en varias ciudades estadounidenses, sobre todo en el estado de California.
Iniciativa Mérida
La estrategia ASPAN se consolidó con la Iniciativa Mérida, un paquete de ayuda económica de Estados Unidos para apoyar la lucha contra el crimen organizado en México y Centroamérica. Inicialmente concebido como un plan a tres años (2008-2010) consistente en unos 1300 millones de dólares, hasta 2012 la Iniciativa Mérida había proporcionado a México cerca de 1950 millones de dólares (Isacson y Meyer, 2012). Estos recursos tuvieron un enfoque esencialmente militar, orientado a fortalecer la seguridad fronteriza y las capacidades federales mexicanas para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. De tal forma, se busca superar debilidades endémicas de los sistemas políticos en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos, mediante programas de cooperación en defensa, inteligencia, justicia y seguridad pública.
El paquete incluye componentes para contrarrestar la inmigración irregular. Así, una parte considerable de recursos de la Iniciativa Mérida (90 millones de dólares durante sus tres primeros años) han sido entregados al Instituto Nacional de Migración de México, destinados a la financiación de programas de profesionalización para agentes de inmigración, compra de equipos poligráficos y biométricos para los puestos de control en la frontera con Guatemala, así como tecnología para rastrear la entrada y salida de individuos a México (Isacson y Meyer, 2012).
No obstante, las medidas para la protección de la frontera no han derivado en un esquema integral de seguridad fronteriza entre Estados Unidos y México, sino que, como ya se ha mencionado, las acciones desarrolladas han sido establecidas unilateralmente desde el norte, por cuanto “México no fue ni consultado ni tomado en cuenta al momento de definir políticas y programas” (Herrera-Lasso y Artola, 2011, p. 18). Como durante buena parte del siglo XX, los mecanismos de cooperación en materia de seguridad entre los dos países siguieron caracterizándose
por la ausencia de un marco institucional y por un persistente y complejo patrón de cooperación intermitente, repliegues y desacuerdos constantes en cuanto a la importancia y contenido de las amenazas a la seguridad regional y bilateral. (Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 560)
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