de factores que implica la violencia dentro de la inseguridad, por lo que conlleva un tratamiento abierto, liderado por autoridades civiles (en oposición a la Policía Nacional) y permite una concepción diferente a la criminal para hacer frente a este fenómeno. El problema, de todas formas, es la escasa evaluación de rigor sobre el tema (abundan las reflexiones teóricas y políticas, no obstante), por lo que no se puede decir mucho acerca de su efectividad en el tiempo. Aun así, es un elemento a tener en cuenta dentro del análisis de la política pública.
1.2.4. Enfoques para el tratamiento de la delincuencia
En este aspecto se encuentran dos elementos: a) la mejora técnica de la Policía y b) la mejora operacional de la Policía. En el primer elemento se recoge la necesidad de optimizar la capacidad de respuesta del cuerpo policial por medio de la adquisición de mejor equipamiento (desde radios de comunicación hasta armas) y la construcción de mejor infraestructura (Comando de Atención Inmediata (CAI) en material antiexplosivos, Comandos de Policía con más protección). Si bien son elementos importantes, hay que destacar que los Gobiernos locales han destinado grandes recursos, como se detallará más adelante, a mejorar la capacidad de respuesta de la Policía, en un intento por desincentivar la comisión de delitos (por medio del aumento en la probabilidad de captura), lo que constituye un conjunto de estrategias que están más cercanas a la concepción autoritaria de la seguridad, que se enfoca en reaccionar ante eventos delictivos reales como prioridad de la respuesta administrativa local.
El segundo elemento recoge el acercamiento comunitario de la Policía, su consecuente reforma operacional y su énfasis en el ciudadano, lo convivencial y preventivo; adicionalmente, el Gobierno local ha empezado a intervenir activamente el espacio público como factor adicional de riesgo y como facilitador de las conductas delictivas. Al respecto, debe considerarse que es una modificación de la forma de operación de la Policía, reciente en el contexto colombiano y cuyo principal objetivo es mejorar la confianza en la institución, como ya se ha mencionado. Así, se pueden ubicar los siguientes factores constitutivos de esta aproximación (Rico y Chinchilla, 2002, pp. 172-173): a) inscribir las acciones policiales en el marco general de las políticas nacionales y locales de seguridad ciudadana y desarrollo social, b) diferenciar las acciones encaminadas a la lucha contra la criminalidad organizada de las que puedan emprenderse con respecto a la mediana y pequeña delincuencia y c) orientar la acción policial a las especificidades locales y a las necesidades de las víctimas.
1.2.5. Nuevos valores y enfoques
En particular, los programas que intervienen el sector de la seguridad ciudadana han priorizado cualidades y valores relativamente innovadores (Centro de Estudios y Análisis sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2005), que algunos autores relacionan con el modelo neoliberal de reestructuración del Estado (Beltrame, 2011). Estos elementos, de todas formas, distancian a la seguridad ciudadana de los enfoques tradicionales de seguridad y suponen un cambio en la perspectiva visible en la política pública, especialmente en áreas como:
•Integralidad: énfasis en acción preventiva-reactiva-represiva, por medio de estrategias que involucran desarrollo económico, concertación de actores, enfoques multidisciplinarios de análisis y planteamiento de respuestas a los factores objetivos de inseguridad ciudadana, sobre todo para prevenir la ocurrencia de eventos delictivos (Calderón, 2011, pp. 19-21).
•Participación de la ciudadanía: en particular, en mesas locales de participación, donde los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar sus preocupaciones y participar en la formulación de planes de acción en conjunto con la administración municipal, local y la Policía.
•Mecanismos alternativos de resolución de conflictos: bajo la consigna de que conciliar es mejor que reprimir, se disponen nuevos espacios que sirven de mediación de conflictos a fin de evitar que estos se desvíen en la utilización de la violencia; son paralelos a la administración tradicional de justicia, pero su objetivo no es reemplazarla, sino prevenir que los casos que se puedan resolver en instancias conciliatorias lleguen a la justicia ordinaria, en donde el tiempo de resolución aumente, generando problemas tanto para el Estado (represamiento) como para los ciudadanos (percepción de impunidad).
•Enfoque de género y de derechos humanos (Osses, 2010): aunque no siempre se encuentra en la formulación, la nueva concepción de seguridad ciudadana permite a los tomadores de decisiones incorporar en la política pública un enfoque de género, estableciendo acciones diferenciales para las mujeres (lo que lleva a considerar algunos eventos delictivos –por ejemplo, la violencia intrafamiliar, como violaciones a los derechos humanos de las mujeres– más que como problemas de convivencia doméstica). En igual sentido se ha propuesto el enfoque de derechos, que permite enfocar acciones hacia comunidades vulnerables o vulneradas, cambiando la priorización y estableciendo acciones protectoras sobre poblaciones que bajo otros modelos no recibían atención adecuada.
•Enfoque local y sublocal (Rico y Chinchilla, 2002): las localidades, las comunas, los distritos, los barrios y, actualmente, los cuadrantes adquieren voz y entran a actuar sobre su situación propia de seguridad, brindando información, colaboración y cooperación a la Policía que administra dicho espacio local y al Gobierno municipal, que pueden establecer directrices y acciones más eficientes.
•Enfoque de cercanía (Acero, 2002): en el mismo sentido que el componente anterior, bajo la concepción de seguridad ciudadana es posible reorientar la acción administrativa tradicional hacia los problemas de la ciudadanía, lo que implica un trabajo en campo directo, por parte de las autoridades, para conocer las situaciones concretas y particulares de cada zona de intervención, lo que facilitaría el ejercicio de prevención de las violencias, mejoraría la confianza en la institución al presentarla más cercana y abierta, y además mejoraría los tiempos de respuesta ante eventos delincuenciales. Baratta (citado en Beltrame, 2011) expone dos orientaciones que puede adquirir la respuesta administrativa bajo este enfoque: a) la estrategia situacional, “basada en intervenciones específicas que se dirigen sobre todo a las víctimas potenciales, a la seguridad de los edificios y al ambiente” (p. 109), y b) la estrategia social o comunitaria, que “trata de modificar con programas generales las condiciones de vida en ambientes determinados, por ejemplo en un barrio, de manera que se aumenten las oportunidades de comportamientos conformes a la ley y se disminuyan los comportamientos ilegales” (p. 110). Estos aspectos pueden asociarse fácilmente con un enfoque integral que concibe la delincuencia menos como un asunto legal de represión y más como un fenómeno social causado por múltiples factores.
Los anteriores elementos no son necesariamente “buenos” ni existe consenso sobre si son procesos positivos o convenientes. Depende en gran medida de la posición del actor, la cual es una interpretación del asunto en su totalidad: desde el origen del problema hasta las formas de respuesta por parte del Estado.
A partir de lo descrito, la política pública de seguridad ciudadana tiende a moverse en tres tendencias significativas: 1) abrir espacios de autoridad, con atribuciones claras dentro del sector, con capacidad de incidencia, decisión e implementación en los problemas que anteriormente parecían exclusivos a las autoridades militares/policiales; 2) construir mecanismos y sistemas de información que permitan tomar decisiones informadas, sustentadas en estudios cuantitativos y cualitativos del problema de la inseguridad, que es percibido cada vez más como un problema multidimensional; y 3) concebir el problema de la seguridad a partir de enfoques alternativos, entendidos como enfoques que incluyen cada vez a más estamentos, grupos e individuos dentro de la construcción del problema, agendamiento de las discusiones, posición de decisión y formulación de la política.
Lo anterior es común dentro de un sector que es fundamentalmente controversial, en tanto que no está claro cómo se puede empoderar más a las instituciones civiles, cómo construir mejor información o cómo elaborar una política
