Dimensiones de la migración en Colombia.. Felipe Aliaga Sáez

      Fuente: elaboración propia a partir de los anexos 1 y 2, además de otros de los informes estadísticos, para los datos de los años no incluidos en los anexos.

      La disposición asimétrica de información y la diferencia de comportamiento de los saldos que se acaba de ver, entre otras cosas, nos llevan a dividir el análisis siguiente en cuatro subperíodos: de 1819 a 1899; de 1900 a 1925; de 1926 a 1965; y de 1966 a 2015. A continuación, se detalla cada uno de ellos.

      Inmigración durante el siglo XIX

      Colombia inició la vida como país independiente en 1819, cuando, junto con Venezuela y Ecuador, que continuaba bajo el dominio español, se conformó, en el Congreso de Angostura, la República (Colombia, 1819), conocida popularmente como la Gran Colombia, a la cual se unió Panamá en 1821. Venezuela y Ecuador se separaron en 1830 y Panamá en 1903.

      Desde sus comienzos, la nueva república fue favorable, con algunas condiciones, a la llegada de extranjeros. Como compensación por el apoyo económico a la causa independentista, en 1819 el Gobierno confirió a los judíos de las Antillas, especialmente de Curazao, la posibilidad de establecerse en la costa del Caribe, con los mismos derechos de los nacionales y la garantía del libre ejercicio de su religión (Bibliowicz, 2001). De manera general, en la primera Constitución, se estipuló que serían colombianos los no nacidos en el país que obtuvieran carta de naturaleza (Colombia, 1821, art. 4).

      Pronto se pasó de la aceptación de la inmigración a su promoción, como mecanismo de ocupación del territorio y crecimiento demográfico y en 1823 se definieron normas claves al respecto. Una primera incentivaba, mediante la oferta de tierra y de naturalización al establecerse, la llegada de labradores y artesanos europeos y norteamericanos (Colombia, 1823a).

      Días después, se ofreció la naturalización a “todos los nacidos fuera del territorio de Colombia”, que, entre otras cosas, llegaran con “algún jénero de industria ú ocupación útil de que subsistir” (sic) y se establecían reducciones de ese tiempo en función de algunas condiciones, con la adquisición de un bien inmueble por valor de cuatro mil pesos como la más ventajosa, pues eximía de cualquier tiempo de residencia para la carta de naturaleza (Colombia, 1823b).

Pasados unos años, ya separados Venezuela y Ecuador, Colombia (en ese entonces con el nombre de Nueva Granada) dio muestras de cómo el acogimiento de extranjeros alcanzaba a personas en busca de refugio. En 1835 el secretario del Interior y Relaciones Exteriores dirigió una circular a los gobernadores, pidiéndoles organizar una colecta para auxiliar a más de 800 ecuatorianos que habrían llegado al país, como consecuencia de enfrentamientos políticos en Ecuador; los recursos acopiados se sumarían a otros que el Congreso aprobaría (Nueva Granada, 1835a)2.

      Además de lo anterior, y haciendo eco de lo que parecía ser un consenso nacional, la expedición de normas legales incentivando y facilitando la inmigración se extendió durante todo el período, con argumentos y motivos distintos. Buena parte del esfuerzo se orientó a incentivos para la colonización, de los que, en algunos casos, también se beneficiaban los nacionales, pero también hubo algunas normas referidas a la contratación, como obreros asalariados, de culíes de la India y de chinos (Mejía, 2011). Refiriéndose solo a los “más importantes”, Brigard (1914) relacionó 31 leyes y 4 decretos, expedidos entre 1823 y 1893, sobre los asuntos mencionados.

Hacia la mitad del siglo, las facilidades e incentivos no mostraban frutos significativos y los inmigrantes no llegaban a dos mil, como lo indican los resultados de los censos de población de 1843, primero en contabilizar los extranjeros (Rueda, 2012) y de 1851 (ver tabla 1). Mientras tanto, los datos de la población total significaban, en un país de 2.680.000 kilómetros cuadrados3, densidades inferiores a un habitante por kilómetro, y la baja ocupación del territorio siguió alimentando durante el resto del siglo XIX los argumentos de quienes deseaban la inmigración con distintos propósitos.

      Dentro de los inmigrantes asentados, la mayoría debió ser masculina durante todo el período, si se tiene en cuenta que, en el censo de 1851, único dato que tenemos disponible sobre la proporción por sexo en el siglo XIX, las mujeres apenas representaban el 20.7 % y solo llegaron a superar a los hombres en el censo de 2005 (ver Anexo 1). Tal situación coincide con una de las calidades de la inmigración que se definía en las normas, que casi siempre hacían mención explícita de los hombres, mientras “las mujeres, acorde con la condición de abierta discriminación de que eran objeto en la época, sólo aparecían como componentes del hogar de los migrantes, que, se entendía, eran los varones, aunque en algunas normas se hacía referencia a ‘familias migrantes’ ” (Mejía, 2011, p. 3). No obstante, teniendo en cuenta el escaso éxito de los planes oficiales de promoción de la inmigración, no cabe esperar que se tratara de una relación causal.

      En el origen nacional, los dos censos mencionados muestran una distribución semejante, aunque es notorio el incremento venezolano, que pasa a ocupar el primer lugar, desplazando a la inmigración británica (figura 2). En 1851, la participación de los seis países europeos identificados (41 %) era casi igual a la de Venezuela y Ecuador juntos (40.2 %), como se desprende de los datos relacionados en el Anexo 1.

Figura 2. Colombia, distribución de la población extranjera censada por nacionalidad, 1843 y 1851