insustentables, inequitativos y perversos, como el gasto público excesivo financiado con emisión monetaria, el intervencionismo extremo y la ultraconcentración de poder en manos del presidente. En efecto, la experiencia histórica y comparada sugiere que estos excesos constituyen no solo una estrategia errónea para fomentar el desarrollo humano, sino que ponen en riesgo los fundamentos mismos de una sociedad libre.
Pasadas tres décadas desde el retorno a la democracia, muchos han sido los logros; por ejemplo, la estabilidad institucional, el establecimiento de los derechos humanos como principio fundamental del orden democrático, la superación de conflictos limítrofes en el marco de la integración regional y la implementación de nuevos programas sociales focalizados en aliviar la extrema pobreza. Sin embargo, las asignaturas pendientes son enormes, pues la política es casi siempre parte del problema, y casi nunca parte de la solución. En efecto, hemos acumulado fracasos muy significativos, epitomizados en síntomas de problemas profundos y estructurales del sistema político local: dos hiperinflaciones, un megadefault, expropiaciones masivas y controversiales, fragmentación del sistema político, fuerte polarización social, un nivel de desigualdad incompatible con una sociedad moderna y democrática, y una insólita pasividad ante el avance de la amenaza de gobernabilidad más grave que enfrenta la Argentina en muchísimo tiempo: el fenómeno del narcotráfico.
A pesar de este balance negativo, no creemos que el país esté condenado a la decadencia, aunque, como es evidente, tampoco al éxito. Los destinos de los pueblos no están predeterminados, sino que son consecuencia de decisiones estratégicas tomadas en el contexto de coyunturas críticas.
La Argentina tiene la gran oportunidad de repensar sus fundamentos institucionales. Estamos convencidos de que se puede mejorar, y mucho, la calidad de esas decisiones para impulsar un proceso de crecimiento dinámico, inclusivo y sustentable, que consolide y multiplique los mecanismos de movilidad social ascendente y genere oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos. Estamos persuadidos de que la Argentina está en condiciones de construir una infraestructura institucional, es decir, un conjunto de reglas y procedimientos formales e informales, que nos permita disfrutar de los beneficios de la libertad de manera sostenida en el tiempo.
Esto supone una vocación por modificar patrones de funcionamiento muy arraigados en nuestra cultura política: consensuar objetivos fundamentales y un conjunto de instrumentos de política, con el tiempo nos permitirá construir un país mucho más justo y solidario. Se trata, en síntesis, de edificar la infraestructura institucional básica para, como dice el Preámbulo de la Constitución, garantizar los beneficios de la libertad. Que ese sea por fin nuestro grito sagrado.
En particular, una serie de problemas políticos, económicos y sociales debería ser por fin erradicada para progresar y desarrollarnos como una nación moderna, integrada con inteligencia tanto al mundo como internamente. Entre ellos, los eternos vaivenes de la política económica, con sus consecuentes y recurrentes crisis políticas, sociales e institucionales; la falta de capacidad de las clases gobernantes para generar acuerdos y proyectos de largo plazo, impedidos, especialmente, por la improvisación y los imperativos cortoplacistas de la supervivencia política y los intereses particulares; la corrupción, un común denominador de todos los gobiernos, independientemente del partido o la orientación ideológica; la degradación de las reglas de convivencia social y la creciente intolerancia, tanto en la comunidad en general como dentro de las propias instituciones de gobierno; la falta de eficacia de las políticas públicas estatales, derivada de un aparato administrativo agigantado y menos profesional, incapaz de proveer los bienes públicos fundamentales (seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud y cuidado del medio ambiente); y la ausencia de un sistema político equilibrado con partidos fuertes y capacitados para gobernar a nivel nacional, para posibilitar una alternancia en el poder sin sufrir obstrucciones que pongan en juego la gobernabilidad y alimenten enormes déficits de credibilidad social.
Este diagnóstico, que sin duda puede ser objeto de debate, no es por cierto muy original. Nuestra contribución consiste en sugerir un conjunto de reformas estratégicamente seleccionadas de acuerdo con dos criterios fundamentales: bajo costo de implementación y alto impacto. Así, buscamos colaborar con la generación de la infraestructura institucional necesaria para lograr un proceso de crecimiento equitativo y sustentable en el país, fortalecer la gobernabilidad democrática y garantizar los derechos ciudadanos fundamentales en un clima de estabilidad y consenso.
La clave de nuestras propuestas es que no requieren alteraciones a la Constitución, sino cambios viables e ideológicamente neutros, diseñados para trascender las estériles divisiones partidarias y sectoriales, promoviendo la cooperación entre actores políticos y sociales, potenciando el capital social y limitando la concentración excesiva del poder.
Como referencias generales, aunque sin idealizar, consideramos experiencias nutritivas que, en contextos muy diversos y no menos complejos que los que enfrenta la Argentina, alcanzaron logros parecidos y significativos, como los Pactos de la Moncloa (1977) en España, la Concertación de Partidos por la Democracia en Chile a comienzos de la década de 1990 y el Pacto de México (2012). Tales esfuerzos se propusieron, entre sus ejes centrales, mejorar el funcionamiento del Estado, fortalecer la capacidad para brindar los bienes públicos fundamentales y apuntar a la democratización de la economía y de la política, ampliando de manera efectiva (no meramente declarativa) los derechos sociales y los mecanismos de la participación ciudadana, sobre todo en el diseño y en la evaluación de las políticas públicas.
No se trata de replicar de forma automática los instrumentos o los objetivos de estos acuerdos entre élites y sectores políticos, económicos y sociales, sino de tomarlos como ejemplos de procesos de cambio bien planificados, con objetivos claros, conseguibles y consensuados. Estos acuerdos tal vez no fueron demasiado ambiciosos, pero sí lograron hacer una diferencia a lo largo del tiempo. Tampoco fueron acuerdos perfectos ni alcanzaron todos sus objetivos. Pero esa es la naturaleza de la acción humana.
Nuestro objetivo es reorientar el debate público hacia el debate de la infraestructura institucional. Es imprescindible mantener siempre un principio de humildad respecto de las propuestas aquí desarrolladas. Quizá no sean las mejores, o por lo menos no creemos que sean la única solución que necesita la Argentina. Pero estamos convencidos que el país podría mejorar, y mucho, si implementase un programa comprensivo e integral de reformas institucionales como las que impulsamos. Mejoraríamos muchísimo tan solo al promover un debate amplio y plural sobre estos temas. Difícilmente este debate atraiga multitudes, pero es sin duda medular para construir un país mejor.
La Argentina se encuentra en una coyuntura inigualable para poder encarar este debate y estas reformas. A diferencia de otros países, como Chile, en los cuales la vuelta a la democracia fue resultado de negociaciones entre las fuerzas militares que ejercían el poder de facto y las fuerzas políticas, la derrota en la guerra de Malvinas y la crisis de la deuda precipitaron la vuelta a la democracia, sin acuerdos institucionales previos. Si bien inicialmente nuestra democracia transitó por carriles aceptables, las crisis económicas sucesivas demostraron la incapacidad de las reglas actuales para promover los beneficios de la libertad. El acceso de los Kirchner al poder empeoró la situación, ya que volvió el reloj del debate a la etapa previa al Golpe del 76: una época de enfrentamientos y de formas poco republicanas. Los Kirchner construyeron un poder casi ilimitado para reemplazar el vacío generado en la crisis de 2001-2002. Como muchas veces en la historia, la tiranía sucedió a la anarquía. Hoy creemos que la Argentina está en condiciones de dejar atrás el trauma de la crisis y construir un poder fuerte pero balanceado.
Las elecciones presidenciales de 2015 fueron el punto de partida para que la generación de políticos que se formó luego de 1983 haya tomado el poder por primera vez. Los tres principales candidatos, al igual que muchas otras figuras relevantes, se hicieron a la política luego de la asunción de Alfonsín, por lo que tienen un concepto de la democracia y del diálogo sustancialmente más moderno que el que ocupó la escena pública en los últimos doce años. Existen todavía
