en el convulso estado de Guerrero, en una variable fundamental de la inestabilidad política local. Es a partir de esas circunstancias que una década después accedió al poder uno de los cacicazgos prototípicos del estado: el de Rubén Figueroa Figueroa (1 de abril de 1975-31 de marzo de 1981), quien por voluntad del presidente Luis Echeverría (su “compadre”) llegaba a la gubernatura en abierta confrontación con el gobernador que le antecedió Israel Nogueda Otero; todo ello en medio del movimiento guerrillero de esos años y, por cierto, después de la liberación del propio Rubén Figueroa el 8 de septiembre de 1974.
Como testimonio de que nada realmente cambiaba en Guerrero, conforme a la propia naturaleza del régimen mexicano, Figueroa afirmó en su primer informe lo siguiente: “Nuestro estado era un caos, así en lo político como en lo económico, igual en lo social que en lo moral […] el orden jurídico se vio quebrantado desde sus bases, con autoridades entregadas al peor desenfreno, irresponsables y corruptas, indiferentes al cumplimiento de su deber pero atentas al uso del poder para la realización de actos ilícitos y escandalosos”.25 Paradójicamente, Figueroa no sólo habría de continuar con los mismos vicios de poder sino que los habría acentuado, como lo dio a conocer una televisora francesa al mundo entero respecto de lo que era ese ejercicio del poder: una mezcla de arbitrariedad y barbarie. Por lo demás, hay que decir también que su testimonio en primera persona era en realidad una prueba inexcusable de lo que ha sido el régimen de la Revolución mexicana en Guerrero, mismo que se ha continuado hasta hoy, como dan fe los hechos de terrible violencia en la entidad.
En ese sentido la política local se ha convertido en una absurda tragedia de degradación, de dolor y de sangre, pues el hijo de Rubén Figueroa Figueroa (Rubén Figueroa Alcocer) accedió también a la gubernatura sólo para dar lugar, conforme a las prácticas de ese ejercicio del poder, a un nuevo y terrible hecho de violencia política por lo que terminó por ser relevado a causa de la muerte de 17 campesinos provocada por la policía estatal en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995. Figueroa Alcocer (1 de abril de 1993-12 de marzo de 1996) fue substituido por Ángel Aguirre Rivero (12 de marzo de 1996-31 de marzo de 1999), quien fungía entonces como presidente del PRI en la entidad y era, por tanto, un apoyo incondicional del gobernador. Incluso dos días antes de la renuncia de Figueroa, Aguirre Rivero, en su condición de dirigente estatal del PRI, encabezó marchas tanto en Acapulco como en Chilpancingo en apoyo del todavía gobernador.
Que luego de unos años (en 2011) Aguirre Rivero haya sido postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura del estado es revelador del rotundo fracaso de lo que se ha llamado la transición democrática de México, pues la misma más que impulsar la descentralización política del país lo que ha hecho es afianzar la arbitrariedad de los cacicazgos locales hasta el punto tal de condicionar incluso el papel en la identidad de los partidos políticos nacionales y al conjunto de las instituciones. Aun cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia e incluso lo que se llamó la Procuraduría Especial para el caso Aguas Blancas realizaron investigaciones sobre estos hechos de violencia, ha prevalecido otro de los gravísimos rasgos del régimen: la impunidad como consecuencia de la inexistencia de un Estado de derecho legítimo.
Podemos decir, en consecuencia, que la inexistencia de un orden que por su legitimidad no tenga otro propósito que la salvaguarda y realización del ciudadano es —y ha sido— el origen de los problemas de violencia en la entidad, pero ahora además de la perversión de la vida pública y de la descomposición de la vida social, es decir, de la destrucción de una convivencia civilizada y en favor del desarrollo material y humano de los guerrerenses, todo ello como resultado de ese ejercicio arbitrario del poder. El estado de Guerrero ofrece así hoy un panorama de lo más desolador desde el punto de vista social y humano, pues con recursos naturales generosos —incluyendo sus 500 kilómetros de litoral—, sus pueblos y ciudades viven todo tipo de carencias: desempleo, servicios públicos ineficientes, violencia e inseguridad. Todo ello agravado y propiciado por el despilfarro y el uso arbitrario de los recursos públicos en los distintos niveles de gobierno; al lado de ello se encuentra hoy una sociedad inerte e incapaz de generar riqueza y bienestar por la mediatización de que ha sido objeto.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), impulsada sobre todo por los recursos federales la economía de Guerrero avanzó un 7% en el tercer trimestre de 2014. No obstante, el índice de tendencia laboral de pobreza creció un 4% durante el cuarto trimestre (frente al 2.8% a nivel nacional). Otras cifras señalan un incremento en el porcentaje de personas cuyos ingresos no les alcanza para comer diario (de 62.8% a 65.3% en 2014), así como la grave crisis de inseguridad que se vive en Guerrero, uno de los estados con más alta incidencia de los delitos denominados de “mayor impacto” según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: el homicidio llegó a 66.01 por cada 100 mil habitantes (2012), mientras que el secuestro fue 5.87 y la extorsión 4.94 por cada 100 mil habitantes (2013).26 Por otra parte, Guerrero es uno de los estados con mayor rezago educativo a nivel primaria y secundaria. Según estudios realizados por la organización ciudadana “Mexicanos Primero”, 8 de cada 10 niños de la entidad reprueban o con dificultades superan pruebas internacionales, el 51% de los jóvenes egresan de la secundaria y únicamente el 19% termina el bachillerato; además de que el 0.1% de los jóvenes de la entidad alcanza alto desempeño y sólo 2 de cada 10 de 15 años de edad comprenden lo que leen.27
Es así que la violencia y el ejercicio arbitrario de los poderes públicos en el estado de Guerrero tiene que ser explicado en el marco de la configuración actual del propio ejercicio del poder político en nuestro país y es que, en efecto, en la construcción política del México independiente el acento se puso en el ejercicio discrecional del poder, por los supuestos alcances sociales de la Revolución, y no en las leyes e instituciones. En este sentido, el régimen de la Revolución impidió las legítimas expresiones de la sociedad mexicana al mantener un sistema político corporativo que violentó la vida pública para mantener un país homogéneo configurado desde el partido oficial. Como lo señaló Arnaldo Córdova a principios de los años setenta (las mismas fechas en las que se desata la violencia política en Guerrero), “la política de la omnipotencia [...] basta y sobra para que las masas populares no sean capaces de trascender con la acción ni con el pensamiento el marco político institucional en el que se encuentran enmarcadas. Por lo demás, toda alternativa de cambio es desprestigiada de súbito cuando se la confronta con el poderío presidencial”.28 La idea de México que prevaleció fue la de la exigencia de un orden social y político impuesto desde las esferas de un poder centralista y jerárquico.
El despotismo político del régimen mexicano, es decir la monopolización del poder por reducidos grupos bajo la égida del Presidente en turno, resultó así cada vez más adversa a una política constitucional de leyes e instituciones con las consecuencias sociales y políticas que se manifestaron en Guerrero ya en los años sesenta. A las inercias del absolutismo y a la supremacía histórica del poder central se sumó, con el régimen de la Revolución mexicana, el ejercicio personalizado y autoritario del poder en el ámbito cerrado de las estructuras de la burocracia y el “oficialismo revolucionario”, lo que dio lugar en nuestro particular siglo XX a una práctica de los poderes políticos ajena a la competencia y a los controles constitucionales del Estado moderno, que es precisamente lo que explica la peculiaridad del estado de Guerrero. De allí nos parece que el mayor de los retos de entonces —como el de ahora— siga siendo en lo esencial la contención constitucional en el ejercicio del poder a través de leyes e instituciones democráticas que den cabida a la realización de los ciudadanos en un sentido amplio y, por ello, más allá sólo de los derechos económicos.
Sin duda, a la consolidación del reformismo del régimen de la Revolución supuestamente —como decimos— en favor de las causas sociales contribuyó de manera decisiva el autoritarismo político y el carácter jerárquico del orden social heredados del pasado, pues frente a ellos el oficialismo revolucionario esgrimió no los derechos individuales y la construcción de instituciones democráticas y libres para destruir los privilegios
