México: las razones más allá de Calderón”, en Foco Económico, 23 de octubre de 2012. En http://www.focoeconomico.org/2012/10/23/narcotrafico-y-violen cia-en-mexico-las-razones-mas-alla-de-calderon/.
Vela Barba, Estefanía. “Discutiendo Ayotzinapa”, en Letras Libres, núm. 193, México, enero de 2015. En http://www.letraslibres.com/sites/default /files/barba-mex.pdf.
Villalobos, Joaquín. “Doce mitos sobre la guerra contra el narco”, en Nexos, México, enero de 2010. En http://www.nexos.com. mx/?p=13461.
Ward, Peter M. “Del clientelismo a la tecnocracia: cambios recientes en la gestión municipal de México”, en Política y Gobierno, vol. V, núm. 1, CIDE, México, 1998. En http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/ar ticle/view/511/418.
Guerrero y el régimen político mexicano, Jorge Rendón Alarcón
La violencia y el ejercicio arbitrario de los poderes públicos en Guerrero tiene que ser explicado en el marco de la configuración actual del ejercicio del poder en nuestro país y es que, en efecto, en la construcción política de México el acento se puso en el ejercicio discrecional del poder, por los supuestos alcances sociales de la Revolución, y no en las leyes e instituciones. En este sentido, el régimen de la Revolución impidió las legítimas expresiones de la sociedad mexicana con un sistema político corporativo que violentó la vida pública para mantener un país homogéneo configurado desde el partido oficial. Así, la inexistencia de un orden que por su legitimidad no tenga otro propósito que la salvaguarda y realización del ciudadano es y ha sido el origen de los problemas de violencia en la entidad.
Tragedias como la ocurrida a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, resultado de la complicidad entre las instancias de gobierno y el crimen organizado, ponen de manifiesto la descomposición extrema del régimen de la Revolución hasta un punto tal en que hoy México se encuentra frente a la disyuntiva, impostergable, entre un Estado de derecho democrático o continuar con ese ejercicio del poder que en su supuesto contenido social dio lugar —en realidad— a un ejercicio arbitrario y discrecional del poder que terminó convirtiéndose en instrumento de corrupción y enriquecimiento de una burocracia siempre ajena a la legalidad constitucional. Lo anterior explica en buena parte, también, la situación de deterioro de la vida pública y su fragilidad ante el crimen organizado. El presente trabajo busca mostrar esa realidad social y política en un estado —Guerrero— que por sus características constituye uno de los ejemplos extremos de lo aquí mencionado.
La historia política reciente del estado de Guerrero ha sido una cadena ininterrumpida de violencia y arbitrariedad en el ejercicio del poder, uno y otro hecho han puesto reiteradamente de manifiesto la inexistencia de poderes legítimos conforme a su formal origen constitucional. En este sentido, bien puede decirse que el ejercicio de los poderes locales no ha hecho más que reproducir el despotismo del propio régimen político mexicano y su reiterado ejercicio al margen de la Constitución. Sólo de esta manera puede explicarse que durante el último medio siglo el estado de Guerrero se haya convertido en el escenario de una tragedia social y política sin fin que se inició por cierto, en los tiempos recientes, en medio de los mayores logros económicos del régimen surgido de la Revolución mexicana resultado de lo que se llamó el desarrollo estabilizador.
Cuando México conseguía sus mayores éxitos económicos con un crecimiento hasta del 8 por ciento anual el régimen mostraba ya en Guerrero la peor de sus caras: su carácter cerrado y autoritario y, por ello, un ejercicio del poder ajeno también a cualquier forma de legitimidad apegada al acuerdo constitucional. Tal estado de cosas se habría de poner de manifiesto con todas sus graves consecuencias en una de las entidades del sur del país más precarias, poniendo así también de manifiesto las profundas contradicciones del régimen surgido de la Revolución. En efecto, en los años sesenta del siglo pasado, habiendo dejado ya atrás lo que podría llamarse el periodo activo de ese movimiento y con la consolidación del carácter corporativo del mismo, ese ejercicio del poder se exacerbó hasta el límite del rompimiento con lo que hasta entonces podría haber sido considerada su base social.
Como consecuencia de lo anterior, tuvo lugar en la capital estatal —en Chilpancingo— la exacerbación del conflicto entre ciudadanos y el despotismo político del régimen hasta un extremo tal que el Ejército llegó a masacrar a una ciudadanía que, inerme frente a ley, se encontraba ahora además inerme ante las propias fuerzas armadas. De esta manera, uno de los diarios nacionales informaba un día después que la tarde del 30 de diciembre de 1960 había tenido lugar en Chilpancingo un trágico hecho de violencia resultado de dicho ejercicio arbitrario del poder: “Trece muertos y treinta y siete heridos hubo esta tarde aquí cuando elementos del 6o. y 24o. batallones del Ejército sostuvieron un encuentro a tiros con ciudadanos de esta capital”.23
Los hechos tuvieron lugar como resultado de un ejercicio del poder —como decimos—, sin controles constitucionales; en este caso exacerbado por el gobernador en turno de la entidad, Raúl Caballero Aburto. Ese ejercicio arbitrario del poder y al margen de la ley sin otro beneficiario que quien detentaba el cargo, sus familiares y amigos —lo que se puede constatar hasta el cansancio en los diarios de la época— dio lugar a la exacerbación del conflicto y al trágico desenlace. Frente a ello, los poderes federales terminaron por desconocer a su gobierno pero dando clara muestra, también, de una incomprensión de fondo del problema político que todo ello planteaba: la puesta en cuestión de la legitimidad del régimen y, en consecuencia, la exigencia de poderes legítimos y como tales a favor de la realización de los propios ciudadanos.
En un régimen político donde las acciones de gobierno no se encuentran enmarcadas dentro de reglas legales ni sujetas al escrutinio público, es explicable que quien lo ejerza concentre un poder que va mucho más allá del ámbito político para inmiscuirse en la sociedad y en la economía en su conjunto, pervirtiendo así la vida pública y dando lugar, con ello, al debilitamiento y a la descomposición de la vida social: esto es exactamente lo que hemos tenido en el estado de Guerrero durante los últimos cincuenta años y lo que explica, también, los hechos y las circunstancias actuales.
Todo lo anterior porque el ejercicio del poder se convirtió, sobre todo a partir del último medio siglo, en un medio para afianzar poderes personales y ajenos a la ley que al transgredir los controles constitucionales permitían disponer discrecionalmente de los bienes públicos y, de esta manera, trastocar la vida pública, en este caso de la sociedad guerrerense. Sin embargo, a principios de 1961 y con una plena incomprensión del origen del problema el Senado de la República se limitaba a señalar, para justificar la desaparición de los poderes locales, que: “Se ha producido una incomprensión recíproca entre gobernantes y gobernados, de tal naturaleza que hace imposible entre ellos toda relación humana, social y constitucional, la cual es indispensable para la existencia del orden político y para la vigencia de la libertad de los individuos y de los grupos que integran la sociedad guerrerense [...] la sociedad guerrerense ha llegado a un estado de tensión, inconformidad y repudio... que impediría por completo la restauración del orden normal”.24
Al limitarse a señalar eufemísticamente la incomprensión entre gobernantes y gobernados, el Senado de la República realmente eludía el problema de fondo, es decir, el ejercicio de poderes públicos ajenos a la ley y a la Constitución y, por ello, abiertamente ilegítimos. Debemos decir además, por otra parte, que tal reconocimiento era prácticamente imposible en un régimen que surgido de la Revolución mexicana había depositado ya el poder en el presidente de la República más allá también de todo control constitucional, por lo que incluso la prerrogativa
