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Diseño de portada: Mariana Migueles
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: febrero de 2021
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-055-7
¿Y ahora qué pasa?
Así decía el primer título que pensamos para este libro. En las últimas semanas de 2020, aquella canción apareció en nuestras memorias: “Y ahora qué pasa, eh?”, cantaba la banda punk Los Violadores en 1985, en los escenarios encendidos por la democracia.
Mientras terminábamos de trabajar en los textos que siguen, el aborto estaba saliendo de la clandestinidad en la Argentina. La marea verde había vuelto y millones estábamos pendientes de la votación de una ley. Otra vez. En las redes sociales, entre los posteos de las sesiones en el Congreso, los comentarios sobre los discursos de les legisladores y las fotos de la calle de nuevo movilizada, aparecía una imagen del 8 de marzo de 1984, el primer día internacional de la mujer en la posdictadura: “No más muertas por abortar”, dice la pancarta, un cartón blanco adosado a un palo, escrito en letras mayúsculas que probablemente fueron rojas, sostenido por una mujer cuyo nombre no conocemos pero que sabemos que estuvo allí, hace treinta y siete años, exigiendo lo que ahora, mientras escribimos este texto, estamos por conseguir.
Las luchas sociales atraviesan décadas, formas, etapas, capas, bifurcaciones, derrotas, hasta que logran construir realidades más justas. Surgen de cuestionar lo que se postula como realista en cada presente. De imaginar más allá de lo que se impone como posible. De crear derechos. Viven también momentos contradictorios como este: una demanda igualitaria y democratizadora, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, se conquista al final de un año tristísimo, durante el cual decenas de miles de personas fallecieron en el país a causa de la pandemia y millones empeoraron sus condiciones de vida en la Argentina y en el mundo.
“¿Y ahora qué pasa?” es entonces una pregunta sobre qué hacer con lo que 2020 hizo con nosotres.
Empezamos a pensar este libro a mediados del año de la pandemia. Lo que llamamos “la agenda de derechos humanos” estaba estallada: todo lo que siempre ocurre aparecía reforzado, los conflictos y los problemas recrudecían y sus consecuencias estaban en carne viva. El esfuerzo del Estado para aminorar los estragos no podía abarcarlo todo. Y mientras algunos de sus brazos cuidaban y distribuían recursos, otras mediaciones institucionales habituales funcionaban a media máquina, pesadas, trabadas, o directamente hacían lo contrario a proteger derechos.
La idea de que la pandemia mostró la desigualdad estructural se instaló rápido y casi como un lugar común, algo que se dice fácil y desde afuera, que no genera rispideces, que se toma como obvio. Pero la respuesta sobre qué compromisos y responsabilidades derivan de esa constatación todavía está en el aire. ¿Y ahora qué pasa?
A la vez, en torno de cada uno de esos conflictos y de esos problemas nos encontramos con una trama social activa, dinamizada, de la que somos parte. Estos capítulos surgen de las conversaciones con compañeres de estos espacios –con quienes en varios casos los escribimos en conjunto–, con grupos y organizaciones que contuvieron parte del desastre. Durante 2020 desplegaron estrategias efectivas y una renovada imaginación organizativa que fortalecerán las luchas.
En noviembre de 2019, celebramos los cuarenta años de nuestra organización, creada durante 1979 por madres y padres de jóvenes desaparecides, a quienes todavía hoy no pudimos encontrar. En marzo de 2021, se cumplirán cuarenta y cinco años del comienzo de la dictadura. Las cifras redondas marcan el paso del tiempo y su carga simbólica muchas veces sirve para pensar lo hecho y proyectar.
Los textos que forman parte de este libro se despliegan entre estas dos cuestiones: las urgencias de un presente marcado por la fragilidad y los debates abiertos, de cuyo destino depende la posibilidad de moldear un movimiento social por los derechos humanos cada vez más amplio, capaz de construir consensos igualitarios. Capaz también de multiplicar los encuentros para celebrar que una lucha que atravesó el tiempo logró que el mundo sea hoy más justo que ayer.
HÁBITAT
Guernica. Tierra por tierra
Agustina Lloret, Diego Morales, Marcela Perelman
La reconstrucción y el análisis se realizaron de forma conjunta con Betiana Cáceres, Victoria Darraidou, Paula Litvachky, Luna Miguens, Federico Orchani, Ximena Tordini y Manuel Tufró
Cuando vos tenés tu tierra, ya progresás, pensás, proyectás: acá está el patio de nuestros hijos, hijas, donde puedan estar jugando. Podés planear, planificar un montón de cosas. Es como algo gratificante, algo que te enorgullece de tener un pedazo de tierra. Es lo más glorioso. Pero si no tenemos lo básico, que es un pedazo de tierra, ¿qué ciclo podés iniciar, si no se puede hacer nada? No se puede iniciar nada, ¿no?
Mariana, Barrio 20 de Julio, toma de Guernica
Un enfoque burocrático y penal
El 20 de julio de 2020, muchas familias que habían perdido sus ingresos durante la pandemia y no podían pagar el alquiler o sostenerse en viviendas compartidas se instalaron en terrenos que habían formado parte de un loteo fallido. Era un predio de varias hectáreas linderas a Villa Numancia, en la ciudad de Guernica, cabecera del partido bonaerense de Presidente Perón. La policía las desalojó de inmediato y un día después volvieron a tomar las tierras. En los días siguientes llegaron a ser alrededor de dos mil núcleos, entre familias y otros grupos, muchos integrados por personas muy castigadas por el ajuste social y económico de los últimos años, rematado por la pandemia: niñes, personas mayores solas, mujeres que habían huido de convivencias cargadas de violencia, maricas, bisexuales, lesbianas y chicas trans. Con una precariedad material extrema, organizaron el espacio común y montaron estructuras con palos y bolsas. Sobre cien hectáreas se organizaron cuatro barrios: 20 de Julio, San Martín, La Unión y unos días después, La Lucha.
El 25 de julio, un grupo de funcionarios del municipio, acompañado de la policía, se acercó a relevar información básica. En medio de la desconfianza, quinientas cincuenta personas respondieron a las preguntas, porque les dijeron que era necesario para incluirlas en una solución habitacional. Sin embargo, luego esa información fue utilizada en su contra como base de la acusación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta por el delito de usurpación.
Ese día la policía ejecutó la prohibición de ingresar materiales. La acción, solicitada por el fiscal y decidida el día anterior por el juez de garantías de Cañuelas Martín Rizzo, es una medida de bloqueo muy tradicional para evitar la mejora o la consolidación de un asentamiento y forzar el abandono del lugar, lo que en la jerga se llama “ahogar la toma”. Los pedidos de reuniones y mesas de diálogo por parte de quienes estaban en el predio fueron rechazados. Ni las secretarías ni el defensor del pueblo municipales aceptaron las propuestas de conversar para buscar soluciones. Enseguida, la respuesta estatal se organizó mediante el sistema penal. La intendenta Blanca Cantero planteó que no había nada que negociar dado que existía una orden de desalojo, como si esto la eximiera de la responsabilidad política y social. Hubo diferentes denuncias por la usurpación de los terrenos: de una empresa que había comenzado un proyecto de barrio cerrado en la zona, que estaba interrumpido, de otras dos personas y hasta de un concejal, Guido Giana, quien denunció que un grupo había recolectado leña dentro de su propiedad
