postergar la fecha del desalojo. Sin embargo, cuando semanas después las familias empezaron a recibir llamados dirigidos a establecer “soluciones individuales”, se reavivó la desconfianza por el uso de los datos censales. Recién cuando se coordinó el tercer censo, con participación de todas las partes y con veedores, se disiparon las desconfianzas y se estuvo más cerca de trazar un acuerdo.
En los años noventa, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas dictó una regla que pocas veces se aplicó: cuando les afectades por un desalojo no disponen de recursos, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se les proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas. En otras palabras, sin relocalización no debe haber desocupación; no puede haber un desalojo si no se garantiza una solución habitacional. Por eso, la demanda de “tierra por tierra”, no aceptar irse sin tener un lugar adonde ir, era el mejor norte para orientar un acuerdo. Hubo una constante pulseada entre esta visión de habitar la tierra o tener la certeza de alojarse en otra por parte de organizaciones, delegades y familias y la prioridad por desocupar el predio por parte del sistema judicial, el municipio y el gobierno provincial. Las posibilidades de zanjar estas diferencias estaban en manos de la política, pero quedaron muy atrás en una carrera marcada por los tiempos y la lógica penal.
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