de los conflictos sociales debía ser no violenta y eminentemente política. Es decir, había que restringir y regular el uso de la fuerza policial, y la presencia del Estado en la gestión de los conflictos debía involucrar a las áreas que podían responder de manera efectiva a los reclamos de fondo. Además, el gobierno y el control de los operativos policiales debían estar a cargo de la autoridad política y no ser delegados en las policías. De estas definiciones se desprendían dos consecuencias centrales. Una, la preponderancia del dispositivo político frente a la lógica policial y de seguridad para no reprimir los conflictos sociales. Y en los casos de intervención policial, el diseño de los operativos por parte de la autoridad política para evitar situaciones críticas de violencia. Esta segunda cuestión consideró la regulación del uso de la fuerza como un aspecto crítico y complejo que implicó una diversidad de normativas sobre la actuación policial: los avisos previos al uso de la fuerza, la obligatoriedad de usar uniforme y tener identificación visible, de registrar las armas utilizadas y de regular el uso de las llamadas “armas menos letales”, el modo de realizar las detenciones y muchos otros aspectos orientados a modelar operativos. En el momento de máxima controversia sobre cómo lidiar con la protesta, en 2004 la discusión se centró en un aspecto muy específico: la prohibición de portar armas de fuego en los operativos ante multitudes. Con la memoria social y política reciente de los homicidios de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, evitar muertes en las protestas sociales se volvió un imperativo y un objetivo central del gobierno nacional, que pudo sostenerse hasta fines de 2010. Ese año, en octubre, Mariano Ferreyra fue asesinado durante una manifestación, y en diciembre tuvieron lugar los homicidios de Bernardo Salgueiro, Rossemary Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez durante los intentos de desalojo de la toma del Parque Indoamericano. Estos conflictos de 2010 tenían actores y lógicas muy diferentes de aquellos cortes de ruta y de calle para los que se había diseñado la política. Ahora bien, si el imperativo de “no matar” manifestantes fue una síntesis social y política de la “no represión”, eso de ninguna manera significa que una cosa se subsuma en la otra ni que la ausencia de muertes pueda ser considerada un equivalente de ausencia de violencia estatal. En Guernica se frustró una salida política y los protocolos más básicos de actuación fueron groseramente incumplidos, más allá de que nadie muriera esa madrugada. Reivindicar como exitoso un operativo cargado de violencia y crueldad con el argumento de que nadie murió allí es un umbral demasiado bajo para un gobierno que quiere inscribirse en la historia política de la no represión.
En un extremo del discurso oficial se colocó un spot del Ministerio de Seguridad, con sello de la provincia, que expone una marcada jactancia sobre la violencia desplegada. Ni siquiera justifica la represión como un mal inevitable, sino que en medio de una arenga militarista ostenta la vista aérea de las casillas ardientes de Guernica como prueba de una ejecutividad deseable. La idea central es que se necesitó un “operativo implacable” para defender “la vida, la libertad y la propiedad privada”, una apropiación perversa del discurso de derechos que pretende equiparar esos términos solo para reivindicar la propiedad a cualquier costo. Leído entre líneas, el énfasis del video sobre el entrenamiento previo y la “planificación al detalle” desmiente el discurso del gobernador de que se jugaron por la salida política hasta que se les impuso el plazo judicial, que no tenían más opción que acatar.
Es claro que la afirmación de que “las tomas no son la solución” niega legitimidad a esta acción colectiva. Esta posición, formulada como una generalidad sin matices, desconoce procesos nodales de nuestra democracia y de la movilización en nuestro país. Las tomas colectivas de tierra surgieron de la democracia en la década del ochenta. Decimos “de” la democracia porque tuvieron el sistema político de la posdictadura como condición de posibilidad y porque sus referentes provenían de trayectorias políticas colectivas de los años setenta. A diferencia de otras estrategias populares de acceso a la ciudad que tienen origen en el siglo XX, como las villas y los loteos populares, los asentamientos tienen como rasgo específico la organización social previa que planifica una toma colectiva y simultánea. Una vez realizada, la gestión del asentamiento, la resistencia al desalojo y la reivindicación del reconocimiento del nuevo barrio como parte de la “ciudad formal” también fueron procesos colectivos. Así, a lo largo de la democracia, la organización social dio forma al territorio y el territorio modeló la acción colectiva, ya que esos barrios populares fueron la base territorial del movimiento de desocupados bonaerense en los años noventa. Las tomas no son un hecho excepcional sino, por el contrario, la mayor modalidad de acceso popular a la tierra en democracia. Cuando se dice que “no son la solución” como argumento a favor del desalojo, se ignora esta historia y se vacía esta acción de su contenido reivindicatorio: ocupar tierra es parte del repertorio de la movilización social en todo el mundo y, de forma muy particular, en la Argentina. Como tal, le corresponden el reconocimiento y las protecciones de las otras modalidades de la protesta social.
Esta negación de la organización colectiva no solo marcó el discurso de autojustificación oficial, sino también, en buena medida, su praxis a lo largo del conflicto: la demora en ofrecer una salida colectiva, la preferencia por la negociación caso a caso, la interpelación por familia, el cuestionamiento y la desconfianza hacia algunas organizaciones y delegades, a quienes se señaló como obstáculos del acuerdo colectivo y hasta responsables del desenlace. Guernica se destacó en la historia reciente de las tomas por su capacidad y modalidad organizativas. En los últimos años habíamos visto cómo varias tomas oscilaban entre una organización débil y el poderío creciente de bandas –con connivencias varias– que lucraban con el mercado ilegal de tierras y otros negocios montados sobre la clandestinidad y generaban niveles de violencia elevados. Esas transformaciones en las dinámicas y los actores de las tomas se presentaron como una dificultad para la gestión política que diferentes funcionaries identificaron como causa de intervenciones fallidas. Desde ya que, para toda aspiración emancipatoria de construir ciudad por fuera del mercado y del Estado, esa nueva realidad resultó aplastante. El gobierno señaló en los medios que en la toma había “un esquema delictivo, con bandas pesadas que, se presumía, podían estar con armas de fuego”, pero justamente Guernica se distinguió de esa lógica por su calidad organizativa, de modo que caracterizar a esa comunidad a partir de otras situaciones resulta estigmatizante.
Otras dos críticas apuntan a los modos de organización. Muchas personas que participan de una toma no pasan la noche en el asentamiento. Son, no obstante, parte del reclamo y sostienen su participación de diversas formas. Cuando el gobierno minimiza el volumen del conflicto porque hay personas que no duermen allí, descalifica estas formas de organización colectiva típicas de las tomas, en que “el aguante” de los terrenos se organiza y sostiene de maneras variadas. La otra crítica se dirigió a la presencia de referentes, a quienes se descalificó por intervenir “por motivos políticos y no por una necesidad habitacional propia”, como si eso volviera ilegítima su participación.
Esta toma tuvo un tejido asambleario muy rico, organización entre familias, designación de manzanas, sectores, barrios, delegades; además, sus reivindicaciones ligadas a la “tierra para vivir”, la impronta feminista y sus modalidades de construcción atentas al cuidado mutuo configuran una novedad esperanzadora, aunque esta vez el gobierno no haya valorado la oportunidad que presentaban.
El tercer punto remite al compromiso del gobierno con el resultado alcanzado con respecto al problema de vivienda de miles de personas, que reconoció como legítimo y, como está claro, no es solo un “problema habitacional” sino de precarización integral de la vida. La ajenidad con la que el gobierno se presenta en relación con la frustración de los acuerdos no solo se explica por la negación de la praxis social y colectiva. La lógica de la negociación quedó condicionada por la resistencia del municipio a encarar una solución y por la demora de casi dos meses de la provincia en asumir el liderazgo para encontrar una solución política al reclamo, todo bajo la presión del proceso penal y de un desalojo decidido y programado. El gobierno mantuvo sus sospechas sobre algunas organizaciones. Tampoco se pudo despejar la desconfianza de les ocupantes, agudizada por el uso penal de los datos del primer censo. Ese antecedente hizo que, cuando el nuevo dispositivo interministerial organizó el segundo censo, primaran las sospechas sobre
