internas que les impidieron avanzar hacia la superación de los elementos nucleares del neoliberalismo, como se verá en el apartado “El Estado posneoliberal como reproductor de la colonialidad de la naturaleza”.
La Revolución Ciudadana en Ecuador
En el marco del surgimiento de los gobiernos posneoliberales, en Ecuador se concretó el proceso de cambio político –bautizado como Revolución Ciudadana– bajo el liderazgo de Rafael Correa y su movimiento Alianza PAIS. Dicho proceso se produjo como consecuencia tanto de las transformaciones que se gestaron a nivel global durante el periodo de tránsito al nuevo milenio, como de las históricas luchas que los movimientos sociales y sujetos subalternos protagonizaron en el país desde finales del siglo pasado.
En la década de los noventa, Ecuador atravesó por un periodo de profundización de las políticas de ajuste estructural heredadas del Consenso de Washington, lo cual tuvo como resultado el advenimiento de una de las peores crisis económicas en la historia del país (Acosta, 1995). De manera simultánea, se gestó una crisis de legitimidad de la clase política ecuatoriana y, particularmente, del sistema de partidos políticos o partidocracia, como vendría a ser llamada por Rafael Correa durante su campaña presidencial (Unda, 2006).
Durante la última década del siglo XX, el movimiento indígena se constituyó como el referente de la acción colectiva en el país, luego de atravesar múltiples procesos de acumulación de fuerza y experiencia organizativa regional, desde la constitución en la Sierra de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) en 1972, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) en 1980 en la Amazonía, hasta llegar a la creación del Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conacnie) que posteriormente se transformó en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en 1986. Esta se convirtió en la principal organización indígena, que aspira a consolidar la unidad de acción a nivel nacional entre los diferentes pueblos que habitan el territorio del país andino (Maldonado, 2004).
En 1990 se produjo el mayor levantamiento indígena de la historia reciente del Ecuador. De la mano de sectores campesinos, este expresó el descontento popular que se experimentaba frente al incumplimiento de las promesas de campaña de Rodrigo Borja, quien prometió la aplicación de una reforma agraria y, en cambio, profundizó las políticas neoliberales que afectaron con particular fuerza a los sectores populares del país. Desde ese momento, las exigencias del movimiento indígena tendrían como eje principal el reconocimiento oficial de las diversas nacionalidades indígenas que habitan el Ecuador, en oposición al concepto de etnia que, según los voceros de la organización, los minimiza y relega al estatus de minorías. Esta propuesta enfrentó la oposición de hacendados, élites regionales y nacionales, instituciones estatales y gobierno (Cruz, 2012).
Con el fin de enfrentar un plebiscito propuesto por el entonces presidente Sixto Durán Ballén, mediante el cual pretendía profundizar la aplicación de las reformas de ajuste estructural, en 1995 se creó la Coordinadora de Movimientos Sociales como una apuesta por consolidar la confluencia de distintas corrientes políticas de oposición al establecimiento, que trascendiera los confines de la identificación étnica y gremial. Esta experiencia fue el antecedente directo de la conformación, ese mismo año, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, que marcó el tránsito definitivo hacia la disputa electoral por parte del movimiento indígena ecuatoriano. El movimiento supuso la articulación en una sola organización de apuestas paralelas que defendían distintos sectores en su interior, entre las cuales se encontraba la construcción de un movimiento político indígena, la creación de un movimiento pluriétnico y la propuesta de generar alianzas políticas más amplias con sectores progresistas (Maldonado, 2004).
Desde su primera incursión en la escena electoral, el movimiento Pachakutik –integrado también por sindicalistas, grupos de izquierda, sectores campesinos, barriales e incluso cristianos de izquierda (Lalander y Ospina, 2012b)– representó un desafío para el orden político excluyente del país al proponer la transformación del Estado nación ecuatoriano en uno plurinacional y multiétnico, que trascendiera los estrechos márgenes del modelo político republicano, blanco-mestizo, heredero de las instituciones políticas coloniales.
En el año 1997, el movimiento indígena participó de forma activa en las protestas contra el entonces presidente Abdalá Bucaram, quien enfrentó una huelga general por parte de distintos sectores de la sociedad ecuatoriana y terminó siendo destituido por el Congreso al ser declarado mentalmente incapaz de gobernar. En el marco de la llamada insurrección de febrero, la más grande que sacudía los cimientos de la política ecuatoriana en cincuenta años, el movimiento indígena hizo un llamado a desconocer las instituciones del Estado y promovió la organización de parlamentos indígenas en distintas regiones del país que funcionaran como espacios de contrapoder (Báez, 2010; Maldonado, 2004).
En 1999 comienza la peor crisis económica vivida en el país por cuenta del crack financiero y en 2000 se experimentan las no menos nefastas consecuencias de la dolarización de la economía, promovida como solución por el presidente Jamil Mahuad, quien fue destituido por la autodenominada Junta de Salvación Nacional, conformada por el joven coronel Lucio Gutiérrez, el entonces líder de la Conaie, Antonio Vargas, y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano. Durante ese periodo, el movimiento Pachakutik cosechó los frutos de su lucha conjunta con quien sería el futuro presidente del país: pasó de “11 alcaldías y ninguna prefectura en 1996 a 21 alcaldías y 5 prefecturas en 2000” (Maldonado, 2004, p. 73). Este acontecimiento, llamado por los indígenas revolución del arcoíris, si bien consolidó la imagen del movimiento indígena como un actor clave en el escenario político, no permitió resolver las tensiones internas en la organización sobre el papel que debía desempeñar respecto a la administración estatal. Por ello, el Movimiento Pachakutik resolvió no presentar un candidato propio a las elecciones presidenciales del 2002 y, en cambio, apoyó a Lucio Gutiérrez, quien se lanzó por el Partido Sociedad Patriótica (Báez, 2010; Maldonado, 2004).
En las elecciones del 2002, el coronel Lucio Gutiérrez alcanzó la presidencia gracias tanto al apoyo de la Conaie como a un discurso de marcada tendencia social que cuestionó la injerencia de organismos internacionales y de los Estados Unidos en Ecuador (Báez, 2010). La Conaie se vio obligada a formar parte de un gobierno nacional, actividad para la cual no se encontraba preparada, tanto por la inexistencia de un planteamiento programático consolidado por parte de la organización, como por la particular concepción que tenía el movimiento sobre el papel que debía desempeñar respecto a la maquinaria estatal:
[e]l proceso de construcción de un proyecto político alternativo nutrido desde distintas tendencias y vertientes había tenido a los escenarios locales como su fuente principal. La estrategia electoral a escala nacional era vista como un mecanismo de acumulación de fuerzas: no se trataba de llegar al poder, sí de presentar al país los planteamientos, experiencias y propuestas del movimiento, generar el debate y promover alianzas con distintos sectores para la construcción de una nueva sociedad. (Maldonado, 2004, p. 74)
El rompimiento de las promesas electorales de Lucio Gutiérrez derivó en la profundización de la dependencia de Ecuador respecto a los organismos multilaterales, al aumento de la injerencia estadounidense en los asuntos del país y al pacto con sectores de la derecha ecuatoriana, lo que condujo a la pérdida del apoyo popular que había catapultado su candidatura presidencial, incluyendo el del movimiento indígena y de distintos sectores de clases medias urbanas, que se convirtieron en los principales peligros para la continuidad de su gobierno. En 2005 se produjo una serie de protestas en Quito protagonizadas por jóvenes estudiantes, profesionales, maestros, sindicalistas, entre otros –cuyos protagonistas fueron calificados de forajidos, por el entonces presidente, como un intento fallido de deslegitimar su accionar–, que derivaron en el derrocamiento de
