significativamente los subsidios a servicios) y en Brasil (donde la administración de Temer aprobó una reforma constitucional que congela por veinte años el gasto público). Esto puede ocurrir debido al deterioro económico, incluso sin que la izquierda salga del poder, como muestra el capítulo de Salazar y Diego.
Los gobiernos del giro intentaron mantener la estabilidad macroeconómica y ciertamente lo lograron durante varios años, lo que llamó la atención de la academia ya que se alejaban del “populismo macroeconómico” que Dornsbusch y Edwards (1992) señalaron como una característica de la izquierda en el poder en la región. Sin embargo, en la medida en que los precios de materias primas empezaron a disminuir y el ciclo económico favorable se revirtió,24 las dificultades en las finanzas públicas reaparecieron, situación que en unos casos fue enfrentada con mayor éxito (Bolivia, Paraguay) y que en otros ocasionó el retorno de presiones inflacionarias, de déficit público y de recesión económica (Argentina, Brasil, Ecuador). Mención aparte merece el caso de Venezuela, en que la crisis económica del gobierno de Nicolás Maduro no tiene precedentes en ese país. Si bien los mencionados precios no regresaron al nivel anterior al boom de materias primas, su reducción puso en aprietos a los gobiernos en virtud del aumento del gasto público (en especial del gasto social) que ocurrió durante los años del giro.25 Es posible también que el aumento de recursos públicos haya ocasionado gasto ineficiente que pasó desapercibido en los tiempos de bonanza económica, pero que ocasiona serios problemas en tiempos de menores ingresos (en todos los países el gasto corriente también se incrementó). Esto es algo que estudios futuros deberán abordar, pero de momento queda claro que sí hubo giro a la izquierda en el gasto social, aunque no en la generación de recursos públicos, lo que significa que cuando se acaban los ingresos extraordinarios también se termina la posibilidad de tener políticas sociales activas.
Lo anterior podría interpretarse como que el giro a la izquierda a nivel socioeconómico solo fue posible en virtud del boom de las materias primas, y que sin él los gobiernos no hubieran podido aumentar el gasto social incluso teniendo la voluntad de hacerlo. Este escenario contrafáctico se comprueba parcialmente en el caso de Venezuela, donde el gobierno del PSUV ha tenido que aumentar el IVA debido a sus dificultades fiscales, medida que afecta en mayor grado a los sectores de menores ingresos.26 La comprobación irrefutable únicamente la tendríamos si ocurriera otro ciclo similar, ahora con gobiernos de derecha en varios países de la región. Por el momento, la evidencia disponible nos indica que en términos de política y gasto social la izquierda latinoamericana fue coherente. Sin embargo, no lo fue en términos de reducir otro tipo de desigualdades, en especial las que se desprenden de diferencias de género, preferencia sexual o etnia. Solo en Argentina se avanzó en el tema de matrimonio igualitario y solo en Bolivia hubo un impulso a los derechos de los pueblos indígenas (según se describe en los capítulos de Olmeda y Torrico). Los capítulos de Basabe y Barahona, sobre Ecuador, y de Solís y Cerna, sobre Paraguay, muestran que en términos de valores la izquierda es tan conservadora como el resto de la sociedad; en ese sentido, bien podríamos preguntar: si esas agendas sociales no pudieron avanzar con gobiernos de izquierda, ¿cuándo podrán hacerlo?
El giro a la izquierda fue notorio por la coincidencia de triunfos electorales de partidos y candidatos de esa corriente en los países, pero al parecer los electores nunca giraron a la izquierda. Al respecto, los capítulos sobre Ecuador y Bolivia muestran que, efectivamente, el elector mediano de esos países es de centro, y el capítulo sobre Paraguay revela información de que es de centro-derecha. Para Brasil y Argentina los datos de Latinobarómetro indican que el electorado también es predominantemente de centro y que eso no ha cambiado entre 2003 y 2015. Todo esto apoya el planteamiento de Panizza (2009) de que el giro a la izquierda fue en realidad una alternancia política en favor de oposiciones o de líderes que no habían gobernado previamente, lo que significa que en los países en que la derecha ahora ocupa el poder los electores también estarán dispuestos a castigar a sus gobernantes en caso de mal desempeño. Esas son sin duda buenas noticias para la democracia, ya que evidencian la existencia de un electorado maduro, o por lo menos de una buena parte.
En lo que sí hubo diferencias en los gobiernos del giro fue que en unos casos impulsaron profundas reformas institucionales a través de cambios constitucionales (en Venezuela, Ecuador y Bolivia) y que en otros básicamente mantuvieron la arquitectura institucional heredada (en Brasil, Argentina y Paraguay). El primer grupo es el mismo que algunos autores han llamado la “izquierda populista” (y en el que las reformas prácticamente han concentrado el poder en el Ejecutivo), y en el segundo hay algunos países de la “izquierda socialdemócrata”. Los capítulos del libro presentan posibles explicaciones del porqué de esa diferencia; así, Torrico señala que en Bolivia la llegada del Movimiento al Socialismo al poder supuso simultáneamente el empoderamiento de un gran sector de la sociedad que estuvo históricamente relegado (los indígenas y campesinos) y el colapso del sistema de partidos, y Olmeda muestra que en Argentina no hubo un desmoronamiento de los partidos (a pesar de la profundidad de la crisis de 2001-2002) y tampoco había un grupo específico de la población que estaba sistemáticamente excluido. En este tenor, la existencia de un grupo con esas características que logra acceder al poder y el grado de institucionalización del sistema de partidos podrían explicar el que se impulsen reformas institucionales profundas (aunque no hay ningún motivo a priori para que las mismas generen siempre concentración del poder).
Un fenómeno que no había sido mencionado en la literatura comparada previa, pero que es frecuentemente señalado en los capítulos de este libro es el de la corrupción en que cayeron los gobiernos de izquierda de la región. En todos los países del giro cubiertos en esta obra los actos de corrupción contribuyeron al desprestigio de los gobernantes y, en algunos casos, a que la izquierda sea finalmente derrotada, ya sea en las urnas o a través de juicios políticos. Así, por ejemplo, en Brasil la operación Lava Jato que involucró a políticos de los principales partidos y a la empresa más importante del país, Petrobras, generó el clima de indignación que culminó con la destitución de Dilma Rousseff (aunque la expresidenta fue procesada por irregularidades administrativas de tipo contable, y no por delitos de corrupción); en Argentina los escándalos de corrupción llegaron a involucrar a la presidenta Cristina Fernández y al vicepresidente, al destaparse el otorgamiento de contratos de obra pública a empresarios cuyas fortunas crecieron de manera inexplicable desde la llegada de los Kirchner al poder; en Bolivia se develó un millonario desfalco de parte de dirigentes del MAS al Fondo de Desarrollo Indígena (que derivó en el encarcelamiento de dos ministras de Estado) y se descubrió una red de influencias en que participaba la expareja del presidente Morales y por la cual se otorgaron millonarios contratos a una empresa china. Ambos escándalos se hicieron públicos poco antes del referéndum de febrero de 2016 a través del cual el presidente buscaba la aprobación popular para una nueva reelección en 2019, pero resultó derrotado.
Si recordamos que la izquierda latinoamericana llegó al poder en buena medida por el mal desempeño y el desprestigio de los gobernantes anteriores o de todo el sistema de partidos en virtud de sus prácticas clientelares y corruptas, solo podemos concluir, con base en los hechos mencionados en el párrafo precedente, que la corrupción es un fenómeno que trasciende ideologías políticas y cuya solución va mucho más allá de buenas voluntades o de exhortos a la ética pública. Incluso es muy probable que las reformas institucionales que se impulsaron en algunos países y concentraron el poder en el Ejecutivo hayan debilitado a las instancias de control administrativo y de contrapeso político, aumentando los incentivos para incurrir en prácticas corruptas. Resta mucho por estudiar al respecto, e incluso a nivel internacional la agenda de investigación sobre corrupción es de las más importantes debido a la complejidad del fenómeno y a sus efectos nocivos, pero un buen punto de partida será justamente reconocer que este problema es transversal a los partidos, a los líderes, al género de los gobernantes, a sus pertenencias de clase, de origen étnico, etcétera, y discutir científicamente los escenarios que favorecen su propagación y los mecanismos que ayudan a reducirlo.
Una novedad en la política latinoamericana en la presente década es el efecto cada vez más importante que tiene el uso de internet
