vez en el país, en el marco de la nueva Constitución: Antanas Mockus, para la Alcaldía de Bogotá. Es decir que fue elegido alguien que no representaba a los partidos tradicionales y que derrota electoralmente, por primera vez en la historia política del país, a las dos colectividades tradicionales. A partir de ese momento entran en franca desaparición.
Se destaca, dentro de las principales características de este régimen, “un recurrente proceso de acomodación de elementos modernos en el seno de prácticas tradicionales, […] persistiendo una situación cuasipermanente de déficit de gobernabilidad” (Vargas, 1999, pp. 217-218; Hartlyn, 1993), al seno del cual se anidan el clientelismo asociado a la corrupción (Audelo, 2004) y la exclusión. El clientelismo es entendido como la apropiación privada de recursos oficiales con fines políticos, ejercida por medio de una red de relaciones sociales de tipo clientelar que regulan las relaciones políticas de la sociedad y alrededor del cual se teje la corrupción en sus más diversas versiones. En Colombia se relaciona con las deficiencias del carácter contractual del Estado, al no poder suplir todas las demandas sociales ni absorber todos sus conflictos. Un sistema que era un ingrediente del régimen antes de 1958 se constituye, desde entonces, en su principal nervio (Leal y Dávila, 2010).
De otra parte, el Frente Nacional activaba “[…] la vida política del país, pero por exclusión […] La oposición fue proscrita. Incluso la conciliadora (o legal) que no iba más allá de reponer rectificaciones al nuevo sistema político” (Ayala, 1999). Por esta exclusión, campesinos liberales de la reforma agraria propuesta por Alfonso López Pumarejo a finales de los años treinta, al fracasar posteriormente, gatilla las guerrillas liberales que devinieron en 1964 en las FARC. Posteriormente en los años sesenta, por la disidencia del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), opuesta al pacto del Frente, y la vuelta al redil bipartidista de su fundador, Alfonso López Michelsen, propicia la aparición del Ejército de Liberación Nacional (ELN). A mediados de los setenta, el fraude electoral de 1970 contra el General Pinilla habilita la aparición del M-19.
Pero no solo se trataba de la exclusión política sino también económica, social, regional, étnica, cultural y de género, pues los modelos de desarrollo económico implementados excluyen a importantes grupos sociales de sus beneficios y ceba la aparición del narcotráfico. Esta situación llega al límite con la acción ejercida por diversos actores para eliminar física, simbólica o espacialmente todo tipo de oposición a las propuestas de desarrollo en curso o de diferencia política (Vargas, 1999). La situación llevó, en pleno siglo XXI, a acuñar la frase de que en Colombia “es más fácil crear una guerrilla que un sindicato […] Toda movilización o protesta se ve como un acto subversivo dirigido a desestabilizar las instituciones democráticas y, por tanto, se le da tratamiento de orden público” (El Tiempo, 1 de mayo del 2001). Este régimen estuvo enmarcado internacionalmente en la Guerra Fría, cobijado en la doctrina norteamericana de la Seguridad Nacional, y amparado por la política anticubana de la Alianza para el Progreso. Todas ellas están actualmente venidas a menos.
Esa exclusión centenaria del régimen político empezó a ser jaqueada jurídica e institucionalmente con la expedición de la carta de 1991 que, al decir de los grupos étnicos,
[…] permitió la inclusión de fuerzas políticas diferentes de las tradicionales. El país, acostumbrado a la monotonía bipartidista que había marcado la pauta de la representación política desde los inicios de la vida republicana, se sorprendió al reconocer como representantes de la ciudadanía colombiana a miembros de las fuerzas políticas de izquierda, representantes de los pueblos indígenas y líderes del mundo académico y social. (Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, 2012)
De ahí nuestra consideración de que en la Habana se da la extremaunción a este régimen –por lo que resulta ser el hecho más significativo de ese proceso de negociación– al propiciar la inclusión de los insurgentes al sistema sociopolítico y poner al país de frente a los retos del espíritu civilizatorio de la época. Del posconflicto se espera que instaure un nuevo régimen participativo y de derechos —como reza la misma Constitución de 1991—, que a través de la política pública gestione en todos los niveles territoriales las condiciones que permitan el despliegue inteligente e imaginativo de las potencialidades de sus diversos actores y haga efectivo el estado social de sus derechos; que vaya en contravía de las pretensiones neoregenaradoras decimonónicas que persisten en mantenerse vigentes por obra de los actores más rancios de la política nacional, que se oponen al despliegue de los acuerdos.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
