Enfoques para el análisis de políticas públicas. Группа авторов

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el otro, integrar de manera más satisfactoria el papel de las informaciones técnicas en los procesos de política. De esta manera, el autor se proponía construir un marco de análisis para explicar el cambio de política. Estas labores culminaron en 1993 con la publicación, en colaboración con Jenkins-Smith, de un libro que incluyó unos estudios empíricos basados en dicho modelo de las AC (véase Rubio y Rosero en este libro).

      Este modelo se basa en cinco premisas. Primero, las teorías sobre proceso o cambio de política deben ser capaces de tener en cuenta de mejor forma la información relativa a los problemas. Segundo, es necesario ver los procesos de política en una perspectiva temporal de larga duración (unos diez años o más). Tercero, la unidad de análisis no puede limitarse a la estructura gubernamental, sino que además debería develar la existencia de un “subsistema de política”. Este subsistema, como parte del sistema político, está compuesto por una variedad de actores, públicos y privados, que están activamente implicados o interesados en un problema de política o en una controversia. Cuarto, dentro del subsistema, es preciso incluir no solo a los actores, sino también a periodistas, investigadores y analistas de políticas, por el papel importante que juegan estos en la difusión de ideas, así como a los demás actores de todos los niveles gubernamentales activos en el proceso de formulación e implementación (se integra allí la teoría de las redes). Finalmente, la última premisa consiste en considerar que las políticas públicas incorporan teorías implícitas sobre la manera de alcanzar sus objetivos. Estas teorías pueden ser entendidas como sistemas de creencias, que incluyen valores prioritarios, percepciones de relaciones causales y la importancia del problema, y apreciaciones en cuanto a la eficacia de los instrumentos de política utilizados, que son incorporados por los miembros de coaliciones de actores “militantes” o coaliciones de “causa” (las AC). La posibilidad de introducir tanto elementos subjetivos, por ejemplo, las creencias y los valores, como elementos más objetivos relativos al contexto y a los intereses de los actores en un único esquema-guía ofrece, así, la posibilidad de seguir a través del tiempo la influencia sobre la política pública de varios elementos: actores, contexto, ideas, información, cambios tecnológicos.

      

      Posteriormente (Sabatier, 1999, pp. 147-148; 2007), los autores aportaron correctivos a su modelo inicial atribuyendo más importancia a los cambios en la opinión pública, como un factor dinámico, y tomando en consideración el grado de consenso necesario (variable según los países) para realizar un cambio profundo de política. En conclusión, para el enfoque de las AC los cambios de política ocurren debido a dos causas: una de orden cognitiva y otra de orden más objetiva. De una parte, porque existen cambios en los valores fundamentales de los miembros de las coaliciones de actores y, por otra, porque son consecuencia de perturbaciones externas a la política (Sabatier, 1999, p. 151). Para este autor, estas últimas generalmente son un elemento desencadenador en un proceso de cambio de política.

      Otra perspectiva, cercana a la anterior, es la propuesta desarrollada por el francés Pierre Muller (véase el capítulo de Jolly en este libro). Al entender las políticas públicas como configuraciones de actores, Muller (2006, pp. 67 y ss.) enfatiza tres puntos: 1) el problema de la racionalidad de los actores, 2) el papel de la administración pública y 3) las redes de actores. Sobre el primer punto, Muller señala la incertidumbre y la complejidad de los procesos de decisión, basándose en autores clásicos como H. Simon, C. Lindblom o Cohen, March y Olson.

      En el segundo punto, Muller se fundamenta en lo que llama, para el caso francés, el medio decisional central. Este medio está configurado por cuatro círculos de decisión. Por el primer círculo transitan todas las decisiones (por ejemplo, el primer ministro, el ministro de hacienda, el presidente). El segundo círculo está compuesto por las administraciones sectoriales (ministerios) que intervienen en un campo específico. El tercer círculo está conformado por los socios externos del Estado, como los gremios, las grandes empresas privadas, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales (ONG), entre otros (véase Muller, 2006, p. 74). Por último, el cuarto círculo integra los órganos políticos como el Congreso, la rama judicial (Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia en Colombia). Justamente, en el “marco de negociaciones interministeriales”, los diferentes puntos de vista se expresan y pesan sobre la decisión, la cual aparece como un proceso de elaboración, por “poda sucesiva”, de un “consenso mínimo entre los protagonistas” (Muller, 2006, pp. 75-76).

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