el poder emancipador que la investigación científica y la razón moderna han significado desde la Ilustración se ha mermado. La pérdida de autonomía de los científicos frente a los poderes religiosos, políticos y económicos, así como ante las burocracias del Estado, está propiciando una ciencia globalmente al servicio de los intereses dominantes (Bourdieu, 2001, pp. 5-8). Actualmente, que gran parte de la investigación científica haya perdido su autonomía se debe a una dependencia financiera condicionada por intereses empresariales y burocráticos (políticas de integración universidad-empresa, desarrollo de la investigación privada, políticas públicas de ciencia y tecnología orientadas a sectores productivos y a problemas específicos, los dogmas de la “pertinencia”, de la utilidad inmediata, etc.). Una clara muestra de la instrumentalización creciente de la actividad de investigación científica por intereses burocráticos, políticos y económicos se observa, por ejemplo, en el desarrollo de la evaluación de política. Esta práctica profesional de investigación social, estandarizada por la difusión internacional de modelos y metodologías, promovida y financiada por organismos internacionales y oficinas gubernamentales, con su reclutamiento de científicos sociales a cambio de remuneraciones y reconocimientos simbólicos, se muta de facto frecuentemente en una estrategia de legitimación de las políticas públicas de los gobiernos de turno (véase Roth Deubel, 2009) mediante el uso retórico de un lenguaje científico.
Al contrario, el desarrollo de un análisis de política deliberativo o participativo debería facilitar, desde una postura crítica y radical, la escritura de una nueva página al servicio de procesos emancipatorios, tanto para la ciudadanía como para la misma disciplina, que por demasiado tiempo ha estado ligada a los intereses establecidos y a los poderes y saberes del Estado (Dryzek, 1993; Fischer, 1993). El reto es, como ya lo señalábamos en 2002 (Roth Deubel, 2002, p. 218), avanzar hacia la construcción de una sociedad posestatal, es decir, de una organización de la sociedad que supere la visión de una institución tutelar, top-down, que nos domina, supuestamente, por nuestro bien35. Para ello, es preciso promover la experimentación de modelos institucionales de democracia participativa y deliberativa, así como de democracia directa, en los que las instituciones públicas, el “Estado”, asumen más bien el rol de proveedoras de medios y recursos, y de organizadoras de una deliberación en condiciones de igualdad entre las partes involucradas en la formación de las políticas, y no de actores políticos que buscan imponer un punto de vista. Se trata, entonces, de generalizar y profundizar las experiencias de acción pública ya existentes, mediante las cuales se favorecen mecanismos participativos y deliberativos entre ciudadanos y expertos y ciudadanos, como los foros ciudadanos, los presupuestos participativos, etc. (véase Fischer, 1993; Torgerson, 1986), que permitan democratizar el trabajo de las instituciones administrativas y gubernamentales.
Finalmente, cabe resaltar la poca contribución latinoamericana al desarrollo de marcos y teorías para el análisis de la acción pública, a pesar de la existencia de un gran número de experiencias participativas en la formación de la acción pública estos últimos años (Roth Deubel, 2008b). Consideramos, en particular, que ya es tiempo de que la academia latinoamericana participe en el debate relativo al lugar y la tarea del análisis y la evaluación de las políticas públicas en la sociedad, aportando desde su contexto cultural, social y político específico elementos que generen, de un lado, un fructífero diálogo entre tradiciones académicas diferentes; y, de otro, de manera fundamental, un fortalecimiento de la cultura y las prácticas democráticas deliberativas en la acción pública de la región, como contribución a las importantes experiencias políticas innovadoras que se viven en varios países latinoamericanos. En este sentido, tenemos la convicción y la esperanza de que el análisis de políticas públicas debe retomar un camino que lo comprometa radicalmente como una herramienta para la formación y participación ciudadanas y populares, la emancipación, la transformación y el progreso sociales basados en valores y prácticas democráticos. Como decía el mismo Lasswell: una disciplina orientada por los valores democráticos y el respeto a la dignidad humana.
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