retoma el enfoque de la estructura de oportunidad política (McAdam et al., 1996; Tarrow, 1999; Tilly, 2004; Valocchi, 1996) y propone que las acciones colectivas no son una respuesta inmediata a una situación objetivamente desfavorable, sino que aquellas reciben la influencia de distintos elementos; uno sería el ambiente político en el que suceden (McAdam et al., 1996: 12). De igual modo, Cabestany analiza los conflictos en la Ciudad de México y el Estado de México observando el juego entre dos mecanismos explicativos del contexto político, delimitados por su opción analítica, la apertura del sistema político para la participación y la propensión y capacidad del Estado para la represión y su relación con el mayor o menor grado de forma contenciosa que adoptan las acciones en su ámbito de análisis.
Cabestany concluye que el hallazgo sobre la concentración de mayores acciones disruptivas en los municipios conurbados y de su potencial explicación mediante las diferencias en los contextos políticos locales, permite subrayar que la problemática del agua y el actuar de los residentes en torno a ella, tienen una importante dimensión política y que remediar aspectos técnicos relacionados con dicha problemática podría ser necesario pero no suficiente para mejorar el panorama conflictivo de la Ciudad de México y los municipios conurbados, tal como se ha señalado en algunos textos (Castro et al., 2004: 340; De Alba, 2007: 101).
Esta primera parte cierra con el capítulo de Beatriz Torres Beristain, José Agüero y Julia Tepetla que versa acerca de la resistencia al proyecto hidroeléctrico El Naranjal en Veracruz. Para ello, los autores parten de identificar esta lucha como un conflicto socioambiental desde la perspectiva de la ecología política que abarca la distribución y apropiación desigual de los recursos ecológicos, los bienes naturales y los servicios ambientales, así como las relaciones de poder que les subyacen (Leff, 2003: 19), en un contexto en donde el capitalismo se caracteriza por el extractivismo y el neoextractivismo, y el gobierno —en todos sus niveles— actúa en favor de las empresas por sobre las comunidades. Los autores toman como eje del análisis las luchas de los colectivos Defensa Verde Naturaleza para Siempre (dvns) y la Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango (uecvt). A lo largo de su estudio, ellos dan cuenta del “camino cuesta arriba que tienen que emprender las comunidades rurales mexicanas que se enfrentan en una lucha desigual para defender los bienes comunes naturales, el territorio, así como su supervivencia física y cultural”, frente a una empresa que no cumplió con los condicionantes para la aprobación del proyecto y que ha acosado permanentemente a los pobladores para que vendan sus tierras, con una serie de vacíos institucionales, caracterizados por la omisión o desacato normativo, la desinformación y la falta de consenso social previsto en los diversos ordenamientos de planeación y las normas ambientales.
Asimismo, estos autores muestran cómo el colectivo dvns ha realizado un gran trabajo de difusión y de vinculación a nivel local y con otros grupos y organizaciones con problemas similares, así como en plataformas a nivel nacional e informacional, con lo cual han logrado capacitarse para denunciar los abusos e irregularidades de la empresa y del gobierno, la cancelación real de la hidroeléctrica, divulgar información verídica, y protegerse del acoso y violaciones por parte de la empresa, lo que implica una lucha cada vez más sólida por los derechos humanos y la defensa del territorio y la naturaleza.
Segunda parte. Participación ciudadana y gobernanza del agua
En su capítulo, Caldera Ortega y Tagle Zamora se dedican a identificar las causas más visibles de los resultados —que hoy se ven como limitados—, en torno al saneamiento de la subcuenca del río Turbio en León, Guanajuato, y a describir las relaciones entabladas entre los principales actores involucrados, así como los arreglos institucionales que se desarrollan entre ellos. Los autores utilizan el marco general de análisis de la gobernanza ambiental democrática, el cual, según lo argumentan, ayuda a entender los comportamientos estratégicos y a evaluar el desempeño del diseño institucional en términos de su posibilidad de lograr la cooperación, el acuerdo y el logro de la incidencia de manera positiva en el manejo de los recursos naturales para, finalmente, emitir recomendaciones partiendo de la necesidad de nuevos acuerdos que logren mejores resultados en favor de la sostenibilidad medioambiental.
Caldera y Tagle recurren a la perspectiva de la gobernanza ambiental democrática, debido a que este enfoque les permite explicar los casos donde hay arreglos institucionales que contribuyen al cuidado de la naturaleza y aquellos donde la “calidad de la democracia” posibilita una configuración que incluye una amplia representación social: “proceso decisorio incluyente y procuración de objetivos de equidad y justicia social”. El concepto de gobernanza les permite identificar los procesos de diseño institucional que facilitan o dificultan la colaboración y cooperación de actores diversos al Estado en procesos de cambio político.
Estos investigadores concluyen que es claro que los pobres resultados para enfrentar la crisis del agua en la ciudad de León, Guanajuato, se deben a la configuración de una red de políticas donde se entretejen la reproducción de la concentración del poder, la pobre institucionalidad para incentivar la participación de los usuarios, y la tendencia a favorecer patrones de comportamiento de influencia y negociación entre la élite marginando la cooperación entre los posibles interesados.
En el capítulo 6 de Amalia Salgado, el desafío de la participación es leído desde la perspectiva de la construcción de ciudadanía por medio del análisis de los mecanismos institucionales y no institucionales del acceso al agua en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México. Para ello la autora vincula los ejes de acceso al agua, modo de participación y construcción de ciudadanía y busca comprender cómo algunos modos de participación de la población para acceder al agua —a los que llama mecanismos de participación— construyen ciudadanía y cómo son empleados para defender, cambiar o mejorar ese problema, sobre todo en periodos de escasez.
Salgado entiende construcción de ciudadanía como el proceso que se origina en las acciones e interrelaciones de sus protagonistas, las cuales pueden ser de diálogo o de confrontación, justo lo que define la relación del Estado-sociedad. Y aunque algunos canales para exigir o denunciar son espacios públicos fundados por el gobierno, la población los ha utilizado para construir ciudadanía, como parte de un proceso político institucional. Estas acciones son visibles y dan cuenta de distintas movilizaciones, de legitimización de reivindicaciones y de luchas porque a estas últimas se las reconozca. Son procesos enmarcados por un tiempo y un espacio definidos, lo que explica que la construcción de ciudadanía sea diferente en cada sociedad y que al entenderse como proceso, tenga una dirección concreta que puede ser de conquista, defensa o ampliación. Salgado concluye que las acciones que estudia en su trabajo hablan tanto de la participación de la población en la esfera pública (Tamayo, 2010), como de los cambios que aquella intenta generar.
El capítulo con que concluye esta segunda parte del libro explora la participación implementada desde el gobierno local. Se trata del trabajo de Itzkuauhtli Zamora Sáenz, quien analiza la participación ciudadana y el conflicto en el rescate del río Magdalena en la Ciudad de México, señalando como antecedente que en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (onu) de Río de Janeiro, en 1992, la participación ciudadana fue considerada como un pilar fundamental en la gestión de los recursos naturales.
Zamora retoma esta declaratoria para presentar el estudio de caso en el que un gobierno local implementó el principio de participación social en la recuperación de un río urbano, esto es, el Plan Maestro de Manejo Integral y Aprovechamiento Sustentable de la Cuenca del Río Magdalena (sedma y unam, 2009). La tesis principal del autor es que el componente participativo de este Plan Maestro fracasó porque el gobierno no asumió los costos de transacción que implicó el diseño y la implementación de una política pública basada en la participación ciudadana.
Zamora Sáenz recupera con detalle la complejidad conceptual involucrada en las teorizaciones de la participación ciudadana promovida desde el gobierno, y con tales parámetros se ocupa de la forma con la cual
