embargo, estas cifras no reflejan el hecho de que la calidad de los servicios y, lo que es más importante, la calidad del agua distribuida para el consumo humano, es sumamente irregular. Por ejemplo, un análisis basado en datos de la Secretaría de Salud sugiere que del agua distribuida para el consumo humano solo el 25% se somete a procesos de purificación adicionales a la simple desinfección con cloro, la cual se considera insuficiente dados los altos niveles de contaminación que afectan a las fuentes hídricas (Jiménez y Torregrosa, 2007). Además, los datos globales de la tabla 1.1 también encubren el hecho de que la calidad de los servicios proporcionados varía considerablemente, tal como lo sugiere, por ejemplo, el que tan solo en la Ciudad de México alrededor de 1.1 millones de personas, o el 14 % de la población, tiene que comprar a expendedores informales agua de dudosa calidad y a altos precios (Jiménez y Torregrosa, 2007). Esas desigualdades en el acceso se reflejan en las cifras oficiales, las cuales muestran que para 2005 algunos estados federales habían alcanzado una cobertura casi total del suministro de agua, como en Colima con un 98.3% de la población atendida, mientras que otros estados, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, siguen muy rezagados, ya que entre un cuarto y un tercio de su población no tiene acceso a estos servicios. La brecha es aún más grande en lo que concierne a los servicios de saneamiento, pues algunos estados como Colima han logrado un 99.6% de cobertura, mientras que otros como Guerrero (64.6%), Oaxaca (60.8%) y Yucatán (68.3%) siguen padeciendo la falta de inversión para la expansión de esos servicios esenciales (Conagua, 2006).
El acceso desigual al agua y a los servicios de saneamiento ha sido una causa principal de conflictos urbanos en décadas recientes. Sin embargo, hay otras áreas de gestión del agua que han estado de igual modo en el primer plano de las confrontaciones sociales y políticas, incluyendo la competencia por fuentes hídricas escasas y muchas veces en proceso de disminución o el impacto de desastres relacionados con el agua. Tales conflictos han sido motivo de preocupación para el gobierno mexicano desde al menos los años setenta, probablemente como resultado del aparente aumento en la cantidad y gravedad de los incidentes, lo cual puede ser resultado de los procesos acelerados de urbanización y crecimiento demográfico que experimentó el país desde la década de 1950. Recordemos, en este sentido, que el área metropolitana del valle de México (amvm) creció de alrededor de 3.1 millones de habitantes en 1950 a 8.8 millones en 1970 y alcanzó 15.1 millones en 1990 (inegi, 1991). En consecuencia, es comprensible que las principales explicaciones que los expertos en la gestión del agua han dado a estos conflictos hayan tendido a remitirse a cuestiones tales como un rápido crecimiento de la población, una urbanización caótica, una baja capacidad para expandir la infraestructura de servicios de agua, y factores hidrológicos y climáticos poco favorables. Lamentablemente, aunque los documentos oficiales suelen mencionar los aspectos socioeconómicos y políticos, en la práctica estos no son incorporados en toda su dimensión en el análisis y en el diseño de políticas públicas concretas para el sector. Más adelante volveremos a la explicación de los conflictos urbanos por el agua, pero primero exploremos la naturaleza de estos conflictos en el México contemporáneo.
“Hechos” de conflicto urbano por el agua en México
Al referirnos a “conflictos por el agua en el medio urbano” en el México contemporáneo en este capítulo nos basamos en estudios empíricos sobre “hechos relacionados con conflictos por el agua” reportados en el país desde mediados de la década de 1980 (Torregrosa, 1988-1997). Tales hechos abarcan una amplia gama de formas, desde quejas de usuarios a través de los medios de comunicación y otros canales, hasta acciones violentas que incluyen ataques a la infraestructura de servicios de agua y a representantes de los organismos competentes y a otros actores que ejercen posiciones de poder en relación a la gestión del agua. La tabla 1.2 muestra la distribución de esos hechos tal como fueron reportados por la prensa para el área metropolitana del valle de México durante el periodo 1985-1992.
Tabla 1.2. Hechos de conflicto por el agua en el amvm (1985-1992)
En el caso del amvm, un patrón importante en la distribución interanual de esos sucesos es que tienden a concentrarse en la estación seca (de noviembre a marzo), lo que podría sugerir que existe una relación de causa y efecto entre los ritmos del ciclo hidrológico y la aparición de los conflictos. Sin embargo, una serie de factores muestra que no podemos explicar el conflicto por el agua remitiéndonos solamente a desencadenantes hidrológicos y climáticos. Por ejemplo, si observamos la distribución espacial de los sucesos acaecidos en el amvm vemos que dos tercios de los casos ocurrieron en las municipalidades del conurbano que colindan con la Ciudad de México, donde en 1990 residía alrededor del 42% de la población metropolitana. Esta desproporción entre la incidencia de hechos de conflicto y la concentración poblacional se agudiza si observamos la distribución de los hechos entre las distintas municipalidades, donde encontramos una amplia variación. Por ejemplo, en el caso del conurbano hallamos que dos tercios de los hechos reportados se concentran en siete de un total de dieciséis municipios, entre los cuales solo Ecatepec da cuenta del 16.1% de los casos, mientras que en el otro extremo el municipio de Huixquilucan tuvo solo el 1% de los hechos registrados. Claramente estas variaciones no pueden explicarse por meras cuestiones climáticas, hidrológicas o técnicas. En forma similar, tal como lo muestra la tabla 1.3, la distribución espacial de los hechos en la Ciudad de México se concentra claramente en tres delegaciones municipales: Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan, que registraron casi el 47% del total. Esas características de los hechos de conflicto por el agua proporcionan evidencia suficiente para cuestionar las explicaciones reduccionistas basadas únicamente en factores tecno-científicos, y respaldan el argumento a favor de desarrollar una comprensión más compleja e interdisciplinar de dichos conflictos. Volveremos a este punto en una sección posterior, por ahora concentrémonos en el análisis de los sucesos.
Tabla 1.3. Hechos de conflicto por el agua: Ciudad de México 1985-1992 (por delegación)
En el estudio de estos sucesos hemos identificado una cantidad de características clave, sobre todo en relación con los protagonistas, sus objetivos y los tipos de acciones que han llevado a cabo. Como se muestra en la tabla 1.4, los protagonistas pueden ser pobladores que actúan por cuenta propia para resolver un problema particular y que probablemente no tengan conexiones institucionales, tal como lo sugiere el que en el 30.9% de los casos los actores no tienen un vínculo explícito con ninguna organización. Por ejemplo, según un reportaje de 1987,
[…] amas de casa con niños en los brazos, ancianos y pobladores en general [de la municipalidad de Cuautitlán Izcalli] en virulento mitin frente al Palacio Municipal exigieron agua potable para sus casas […] demandando a las autoridades que se les dé el servicio de agua potable, porque tienen más de dos meses de vivir en plena sequía (Reyes Cervantes, 1987).
Tabla 1.4. Nivel y tipo de organización de los actores (cantidad de hechos y porcentajes comparativos): amvm , 1985-1992
Sin embargo, mientras que en la Ciudad de México más del 42% de los sucesos examinados en el estudio fueron protagonizados por actores sin señales de organización, ese tipo de protagonista solo llegó al 24.2% en las municipalidades del conurbano. Alternativamente, si las observamos con más atención, podemos ver que las organizaciones que participaron en los sucesos de conflictos por el agua representan una amplia gama de intereses, incluyendo organizaciones campesinas, comités de vecinos, sindicatos obreros,
